El Gobierno colombiano dijo este miércoles que pedirá a la Corte Constitucional que revise un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena al Ejecutivo adoptar medidas para garantizar el derecho a la protesta social y contra la brutalidad policial.

De esta forma el Gobierno fijó su posición con respecto a la acción de tutela (recurso de amparo) publicada ayer por la Corte Suprema en la que calificó de "sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada" la intervención de la Policía en las protestas del año pasado y ordenó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, disculparse "por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019".

"El Gobierno nacional solicitará respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020", dijo Trujillo al leer una declaración en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

En el fallo, la Corte Suprema acató la petición de un grupo de personas que considera que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) agredió a la gente "sistemáticamente" durante las manifestaciones de noviembre de 2019, amenazando con ello el derecho a la protesta.

Al respecto, el ministro aseguró que las actuaciones del Esmad se producen "exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas".

Las manifestaciones sociales en Colombia suelen terminar en actos vandálicos que, según sindicatos y organizaciones convocantes, son causados por infiltrados en las manifestaciones, lo que obliga a la Policía a usar la fuerza para controlar los desmanes.

Trujillo recordó que Colombia es uno de los 105 países del mundo que tiene un escuadrón policial para controlar los disturbios y aseguró que el Esmad actúa bajo estrictos protocolos nacionales e internacionales.

SANCIONES A LOS EXCESOS

Sin embargo, aclaró que las acciones excesivas en las que pueda incurrir la fuerza pública que "en el marco de la protesta violen la ley, son individualizadas y sancionadas por las autoridades competentes y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley".

La Policía colombiana ha sido criticada en los últimos meses por excesos al dispersar protestas como ocurrió en noviembre pasado, cuando el bachiller Dilan Cruz murió por un disparo de un miembro del Esmad durante una manifestación en Bogotá.

Cruz murió por heridas en la cabeza al ser alcanzado por el disparo de una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con "múltiples perdigones de plomo", por lo cual la Corte Suprema también ordenó al Esmad suspender el uso de ese tipo de armas "hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento".

El ministro Trujillo también aseguró que en el Esmad "no incurren en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019 en los que pudo existir exceso de la fuerza pública, corresponden a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes" que no cumplen los protocolos.

"El Gobierno Nacional seguirá enfrentando al vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo, como es su obligación constitucional", agregó el ministro.