El Gobierno de Chile anunció este miércoles medidas para prevenir fallas en la fabricación y venta de pastillas anticonceptivas, luego de que más de 200 mujeres quedaran embarazadas en los últimos tiempos tras consumir píldoras defectuosas entregadas por el sistema público de salud.

"Vamos a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir (...) La seguridad de los medicamentos es muy relevante, sobre todo aquellos cuyo consumo está anclado en las mujeres", dijo la ministra de Salud, María Begoña Yarza.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, detalló por su parte una serie de medidas que apuntan a una mayor fiscalización a los fabricantes y control de calidad de los productos que actualmente se venden en el mercado.

También agregó que se dejará en desventaja en las compras públicas a los laboratorios que ya han sido sancionados por haber cometido errores en la venta de anticonceptivos.

Desde la Corporación Miles, organización de derechos humanos que denunció en 2020 la falla de anticonceptivos que se vendían en centros públicos, señalaron que "es un gran avance" en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero lamentaron la falta de medidas de reparación para las víctimas.

"Consideramos que las medidas son insuficientes en torno a las reparaciones que estas mujeres llevan esperando más de dos años. No se anunció ningún tipo de beneficio social o acompañamiento psicosocial", lamentó Javiera Canales, directora ejecutiva de la corporación.

Más de 200 mujeres denunciaron desde 2020 haber quedado embarazadas, pese a estar con tratamientos anticonceptivos en centros de salud públicos, según la Corporación Miles y la plataforma feminista Women's Link Worlwide.

Muchas de las afectadas eran mujeres de escasos recursos a las que se les negó la posibilidad de abortar por no cumplir ninguna de las tres causales por las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo en Chile: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.

El ISP reconoció que, entre marzo y septiembre de 2020, ocho lotes de seis tipos de píldoras anticonceptivas distintas que se habían administrado o se estaban administrando en centros de salud públicos estaban defectuosos, y ordenó su retirada del mercado.

El año pasado, el Estado multó a los laboratorios Silesia S.A. y Andrómaco S.A. por "sus responsabilidades en la distribución y fabricación de píldoras que presentaron problemas de calidad" y que, según diversas organizaciones, provocaron el embarazado no deseado a más de un centenar de mujeres.