El informe sobre la pandemia que acusa de crímenes contra la humanidad al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó ayer a la Fiscalía General, que analizará unas imputaciones que el mandatario ya ha calificado de "payasada".

El documento, elaborado por una comisión del Senado y aprobado el martes, fue recibido por el fiscal general, Augusto Aras, que se comprometió a estudiar las acusaciones que salpican a Bolsonaro, cuatro ministros y una decena de legisladores, que por su condición de aforados solo pueden ser investigados por ese organismo.

La comisión dice haber recabado graves indicios sobre la supuesta responsabilidad del Gobierno en el agravamiento de la pandemia de COVID-19, que ya ha matado en el país a más de 606.000 personas.

En el caso del líder de la ultraderecha, son nueve acusaciones: crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.

"El fiscal general debe ser defensor de los derechos del pueblo y no del Gobierno de turno. Estaremos vigilantes", declaró el senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión, tras la entrega del informe.

Aludió así a las dudas que existen en la oposición en relación a Aras, un fiscal alineado muchas veces con el Gobierno y que durante los dos últimos años ha archivado unas 90 denuncias presentadas contra Bolsonaro por diversos asuntos.

Sin embargo, la senadora Simone Tebet, que también participó en la entrega del documento, sostuvo que Aras "mostró mucha firmeza en su compromiso" de llevar adelante la investigación y dijo que ahora los miembros de la comisión esperarán "unos 15 o 30 días" para "observar" cómo se comporta la Fiscalía General.

Aras no hizo declaraciones a los periodistas, pero la Fiscalía publicó en sus redes sociales que "esta comisión ha producido resultados", los cuales se traducen en "denuncias".