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  • Diario Digital | martes, 19 de enero de 2021
  • Actualizado 02:40

Expresidente Merino rechaza informe de ONU por estar liderado por Bachelet

Manuel Merino, expresidente de Perú. El Comercio
Manuel Merino, expresidente de Perú. El Comercio
Expresidente Merino rechaza informe de ONU por estar liderado por Bachelet
El expresidente peruano Manuel Merino rechazó el informe de Naciones Unidas que constató un "uso innecesario y excesivo de la fuerza" de la policía que reprimió las protestas que derribaron a su efímero Gobierno por ser "sesgado" y estar encabezado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

"No le podemos dar validez a un tema sesgado que hace la ONU a través de la señora Bachelet", espetó Merino en declaraciones a ATV Noticias, en referencia a las conclusiones del informe de la oficina de Naciones Unidas que dirige la expresidenta socialista de Chile, alta comisionada para los derechos humanos.

"Sabemos de donde viene, qué corriente política tiene, sabemos que es chilena" y "en consecuencia sabemos perfectamente que fue investigada", añadió, recordando las acusaciones contra Bachelet sobre supuestos actos de corrupción en el marco del caso Lava Jato en Brasil.

El exmandatario, que duró apenas seis días al frente del Gobierno peruano, criticó a través de su cuenta oficial de Twitter que "agentes extranjeros" busquen "deslegitimizar" a la policía del país suramericano.

"Ninguna organización puede estar por encima de nuestra soberanía", añadió Merino, quien exigió al Ministerio Público y la Fiscal de la Nación investigar a los "promotores de las marchas" que en noviembre lo sacaron del poder porque ellos "son los verdaderos responsables".

NIEGA RESPONSABILIDADES

Merino asumió el poder después de que, en su condición entonces de presidente del Congreso, promoviera la polémica destitución en el parlamento del expresidente Martín Vizcarra, lo que fue calificado por este como un "golpe de Estado".

La instauración del Gobierno del opositor Merino fue percibida por una amplia mayoría de peruanos como una amenaza a la democracia, lo que suscitó una ola de masivas protestas ciudadanas.

Las marchas fueron reprimidas por una brutal actuación policial, que cobró la vida de dos jóvenes manifestantes y dejó unos 200 heridos, lo que hizo dimitir en cadena al Gobierno de Merino, que sin apenas apoyos se vio forzado a cesar también.

A raíz de la violencia policial, la Fiscal de la Nación (fiscal general), Zoraida Ávalos, informó ya en noviembre el inicio de una investigación preliminar contra el exmandatario y otros miembros de su Gobierno transitorio por los cargos de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad.

En este sentido, Merino escribió este miércoles en sus redes sociales que el Poder Judicial ya "ha declarado infundado e improcedente dos denuncias" en su contra.

"Esto no hace más que resaltar que los sucesos lamentables no fueron mi responsabilidad. No nos dejemos engañar. Necesitamos saber la verdad", aseveró el expresidente.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA POLICIAL

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que la Policía peruana "hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza" e incumplió los estándares de derechos humanos durante los incidentes ocurridos en las protestas.

En concreto, la misión destacó que los agentes dispararon perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, "de manera indiscriminada y a corta distancia".

Asimismo, policías no identificados y vestidos de civil practicaron detenciones mediante las cuales se retuvo por hasta 72 horas a, por lo menos, una persona.

El ministro del Interior, José Elice, dijo la víspera en declaraciones a la emisora RPP que "quizás hay un poquito de exageración en algunas partes" del informe de la ONU, aunque reconoció que "sin duda, ha habido violaciones a las reglas internas y delitos, al menos un caso".

El titular de la cartera de Interior opinó que las conclusiones de informe serán útiles para las investigaciones de la Fiscalía y su Ministerio, así como para los cambios que formula la propia Policía.