Al nuevo caso de espionaje del Ejército colombiano contra al menos 130 ciudadanos le siguen saliendo aristas, esta vez por cuenta de la citación a interrogatorio de la Fiscalía al general en retiro Nicacio Martínez, comandante de la institución durante los meses de la operación informática.

Según una investigación publicada por la revista Semana, unidades de inteligencia del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno.

Los detalles de la denuncia suscitaron múltiples voces de rechazo y peticiones hacia el Gobierno para que explique quién dio la orden de los seguimientos y castigue a los responsables, que según la opinión pública están en lo más alto de la cúpula militar.

“Es una operación de espionaje ilegal, pero además ordenada y adelantada desde la cúpula de la inteligencia del Ejército”, dijo a EFE el senador del partido de oposición Alianza Verde Antonio Sanguino, uno de los nombres que aparece en los seguimientos informáticos.

INTERROGATORIO Por la denuncia de Semana, la Fiscalía General anunció el lunes que citará a interrogatorio al general Martínez, comandante del Ejército entre 2018 y 2019. “Será citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez, quien era comandante del Ejército Nacional al momento de los hechos materia de indagación”, manifestó el fiscal general, Francisco Barbosa, en un comunicado leído a la prensa.

El llamado a interrogatorio a Martínez, quien pasó a retiro alegando “motivos familiares” después de 12 meses de una gestión marcada por constantes denuncias de presunta falta de compromiso con los derechos humanos, no es la primera decisión de las autoridades frente al caso de espionaje.

El pasado viernes, horas antes de que Semana hiciera pública la investigación, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció el retiro del Ejército de 11 oficiales y la baja voluntaria de un general, lo que lejos de zanjar la polémica la avivó porque dio la sensación de que solo se tomaron medidas por la presión de la denuncia.

MARTÍNEZ SE DEFIENDE En un comunicado publicado por su abogado, Jaime Granados, Martínez señaló que nunca ha dado una orden de “seguimiento, interceptaciones, elaboración de listas u operaciones de inteligencia contra periodistas, políticos, magistrados, miembros del alto Gobierno o cualquier otra persona que represente una institución del Estado”.

Aseguró también que desconoce si los hechos denunciados hayan sucedido a otro nivel de manera oculta y que si él lo hubiera conocido habría sido el primero en denunciar. “De lo único que estoy seguro es que si se cometió algún acto en ese sentido no fue llevado a cabo por el Ejército como institución ni mucho menos avalado por su comandante”, sostuvo.

Martínez manifestó además que, si las autoridades han iniciado investigaciones por la denuncia de Semana, “esto corresponde al deber ser de un Estado democrático”, aunque dijo que “dichas investigaciones se abrieron con fundamento en las publicaciones de la revista y no en pruebas que acrediten” que lo dicho sea cierto.

EXIGEN EXPLICACIONES La nueva trama de espionaje fue tachada de “inadmisible” por el presidente colombiano, Iván Duque, quien, en medio de las voces inconformes con la actuación de la justicia en este nuevo caso, prometió castigo para los implicados. 

Las voces que reclaman castigo y que el estamento militar deje de usar la inteligencia y contrainteligencia para espiar a los periodistas y ciudadanos comunes y más bien utilice esos recursos contra criminales y grupos al margen de la ley. “Es una práctica de vieja data y ahí hay un problema que es serio: en todos los países hay servicios de inteligencia, pero en todos hay controles a sus sistemas y el hecho de que esto sea reiterativo en Colombia es una muestra de que esos controles o no funcionan bien o no son suficientes, dijo a EFE Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).