Decenas de activistas dominicanas cumplieron este viernes 24 horas acampadas frente al Palacio Nacional para reivindicar que se permita interrumpir el embarazo en tres supuestos, que ahora se penalizan con la cárcel.

Este viernes, estos grupos en favor de los derechos de la mujer han obtenido el respaldo explícito de varios miembros del Gobierno y legisladores oficialistas a su movilización.

La acampada, en la que participan decenas de personas, se instaló la tarde del jueves a unos metros de la sede del Ejecutivo para reivindicar que se permita interrumpir el embarazo cuando la vida o la salud de la mujer se encuentra en peligro, cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo es producto de una violación.

APOYO DE MIEMBROS DEL GOBIERNO

Después de que el ministro administrativo de la Presidencia, Juan Ignacio Paliza, recibiera la pasada noche a un grupo de activistas, varias funcionarias acudieron hoy al lugar de la movilización para brindar su apoyo a la causa mediante la lectura de un manifiesto.

Entre ellas, figuran la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, portavoz oficialista en el Senado, y la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.

Y lo han hecho "porque el reclamo de estas mujeres es justo. Es y debe ser atendido y respaldado por la institución del Estado dominicano, que es responsable de promover los derechos de las mujeres. Este tema de las causales es un tema de derechos", dijo la ministra en declaraciones a Efe.

Asimismo, reconoció que la imagen de República Dominicana como uno de los seis países de la región que mantiene la penalización del aborto en toda circunstancia "no es positiva" porque "no aprobar las causales es también una forma de violencia" contra la mujer.

UNA DEUDA Y UN COMPROMISO ELECTORAL

Establecer eximentes en este tema "es una deuda de muchos años" del Estado dominicano con la mujer y fue uno de los puntos del programa político del presidente Luis Abinader en la campaña electoral previa a las elecciones del pasado año, que ganó en primera vuelta.

A ese compromiso se refirió, en declaraciones a Efe, la activista Ivana Molina, del Movimiento Apoyo 3 Causales y una de las promotoras de la acampada, recordando que el ahora mandatario se posicionó a favor de las tres causales "en un momento sumamente delicado, en campaña" y, aún así, ganó en primera vuelta.

Por eso, a los defensores de las tres causales se les hace tan difícil entender la resistencia de los legisladores a incluir en el Código Penal la despenalización de aborto en determinados supuestos, una cuestión que lleva 20 años debatiéndose.

Actualmente, los senadores y diputados contrarios a las tres causales plantean mantener la prohibición del aborto en el Código Penal, aunque dicen estar dispuestos a crear una ley especial sobre el particular.

Si el presidente de la República, ministros, viceministros y diputados se han posicionado a favor, "no sabemos a que están esperando".

"Queremos que ya este tema se asuma, se decida y se legisle urgentemente en favor de la vida, la salud y la dignidad de las niñas y las mujeres dominicanas", señaló Molina.

EL CAMPAMENTO SE QUEDA

El respaldo recabado en estas primeras 24 horas de acampada, para las activistas, "es un logro, un motivo de celebración".

"Desde las cinco de la tarde de ayer vamos creciendo, las personas se están sumando", incluso dejando donaciones y, para esta noche, "vamos a crecer aún más", afirmó la portavoz del grupo.

Su intención es permanecer frente al Palacio Nacional hasta que obtengan el compromiso de que "si se aprueba un Código Penal sin las tres causales va a ser vetado por la Presidencia de la República y devuelto al Congreso. Hasta que eso no sea garantizado no vamos a levantar campamento", dijo Molina.

Ya existe un precedente. En 2014, el entonces presidente, Danilo Medina, vetó en dos ocasiones el Código Penal aprobado por el Congreso Nacional por no incluir la despenalización del aborto.

Establecer excepciones a la penalización del aborto en el país en es una reivindicación manifestada desde hace años por organizaciones nacionales e internacionales, que argumentan que su prohibición absoluta constituye una injusticia social, un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos.