La policía española descubrió una red de supuestos reclutadores deportivos, que en realidad era parte de una red de prostitución con la que, bajo la promesa de probarse en clubes de fútbol españoles, trasladaba hasta el municipio de Cadiz a varios jóvenes sudamericanos para prostituirlos.

El "reclutador deportivo" era en realidad un explotador sexual que había convencido a siete jóvenes sudamericanos para que viajen a España con el fin de tener oportunidades en el mundo del fútbol europeo.

La Guardia Civil irrumpió en el lugar donde mantenía a los jóvenes para poner en marcha la operación Promises. Detuvieron a tres personas y liberaron a los deportistas sudamericanos, entre los que había un menor procedente de Argentina. El resto de los jóvenes, según las primeras informaciones, son colombianos.

Las versiones iniciales indican que los deportistas arribaron al país europeo asesorados por un supuesto entrenador (mencionado como J. en los informes) y un teórico ojeador (bajo la inicial de D.). Ellos ofrecían alojamiento y los medios para probarse en clubes de la zona. Sin embargo, según aseguró la Guardia Civil, el desenlace de esta terrorífica película era completamente distinto, pues eran incitados a prostituirse.

La macabra historia se llevó a cabo en el municipio de Prado del Rey, que cuenta con poco más de 5.000 habitantes y que está ubicado a más de una hora de la ciudad de Cádiz, la cabecera de esa provincia situada al noroeste del país. Los siete muchachos liberados se alojaban en el segundo piso de una vivienda ubicada junto a la estación de autobuses, cercana a un campo de fútbol, y habían aprovechado la azotea de ese lugar para entrenarse durante el período de confinamiento por la pandemia, según la reconstrucción de algunos vecinos.

A raíz de las sospechas de ciudadanos y de las propias autoridades, la Guardia Civil había iniciado una investigación un mes y medio atrás. Según consiguieron armar el rompecabezas hasta el momento, el proceso era perverso: las familias se endeudaban con prestamistas que cobraban grandes intereses para facilitar el viaje y una vez en Cádiz, miembros de la organización se encargaban de trasladarlos desde el aeropuerto hasta la casa en Prado del Rey.

Una vez allí, les retenían la documentación y les sacaban el poco dinero que tenían para tenerlos controlados. Bajo la excusa de no encontrar equipos de fútbol, los incitaban a ser protagonistas de chats sexuales como una alternativa para poder cubrir sus gastos, siempre regulados por el líder de esta organización. También existían viajes a otras localidades de Cadiz y Sevilla, que investigan que podrían ser también parte de la red de explotación sexual que traspasaba lo meramente virtual.

El flagelo no finalizaba allí según los informes de los medios españoles. Apenas había un pago por estos hechos, los líderes del clan delictivo se aseguraban de quedarse con el dinero y amenazaban a los siete muchachos con contarle a sus familias en Sudamérica con el fin de darle paso a un sometimiento psicológico sobre los muchachos que habían viajado pensando que tendrían oportunidad de convertirse en estrellas del fútbol mundial.

“Los jóvenes entrenaban en la azotea. Pasaban y se les veía la tristeza en la cara”, relató un vecino de la casa donde los tenían reclutados al medio La Voz Digital. “Llevaban las botas de fútbol y eran amables y educados”, definió otro de las personas que vivía en la cercanía. Ninguno quiso acompañar su testimonio con su nombre por el medio a lo acontecido, aunque aseguran que uno de los jóvenes llegó incluso a trabajar temporalmente en un bar de la zona.

“Se encontraban en una circunstancia totalmente vulnerable. Han venido totalmente engañados y estafados por estos presuntos delincuentes. Una situación dramática que ha caído en nuestro pueblo como un jarro de agua fría”, declaró la alcaldesa Vanesa Beltrán Morales en diálogo con el canal televisivo TN, quien confirmó que el único menor del grupo es argentino.

“Estos chiquillos venían como un proyecto futbolístico, los metían en una vivienda y debían pagar una suma fija al mes. Como no podían satisfacer ese dinero porque no tenían empleo y cómo reportarle económicamente, supuestamente obligaban a estos jóvenes a prostituirse”, agregó Beltrán Morales.

La investigación también se extenderá hacia Argentina y el fiscal Marcelo Colombo –a cargo de Protex, el ala de Procuración delicada a delitos de trata– ya pidió informes a la red de fiscales antitrata de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos para comenzar un proceso de las implicancias argentinas en el caso.