Siete presidentes peruanos fueron destituidos, y cinco de ellos procesados y condenados a penas de cárcel por casos de corrupción, en los últimos 22 años.

Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), y el actual mandatario Pedro Castillo (2021-) fueron acusados por la justicia de Perú de haber cometido actos de corrupción, entre otros delitos.

Tres de ellos, Toledo, García y Humala, fueron involucrados con la constructora brasileña Odebrecht, acusados de haber recibidos millonarios sobornos para favorecer a esta constructora con contratos en diferentes regiones de Perú.

Un reportaje difundido por el portal Infobae da cuenta de que desde la instauración del régimen de Alberto Fujimori y su polémico asesor Vladimiro Montesinos, los mandatarios que le sucedieron se han visto inmersos en investigaciones por obtener ilegalmente beneficios económicos durante su periodo presidencial.

FUJIMORI

El gobierno del exmandatario fue el principio de una serie de actos de corrupción, esterilizaciones forzadas, crímenes de lesa humanidad, desapariciones, sobornos y otros delitos que le fueron imputados al líder de Cambio 90 y que hoy purga prisión.

En 2009, la Corte Suprema de Justicia condenó a Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por el caso de La Cantuta y Barrios Altos, considerados como crímenes de lesa humanidad para la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

TOLEDO

Una de las características en común de todos los gobernantes peruanos que fueron elegidos a partir del año 2000 es que la mayoría de ellos están involucrados con el empresario brasileño Odebrecht, quien se dedica al rubro de construcción. Uno de los primeros presidentes involucrados en con esta personalidad fue Alejandro Toledo.

Según indicó a la Fiscalía Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el país, la empresa constructora le pagó un total de 31 millones de dólares a Alejandro Toledo para la construcción de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur que une el sur de Perú con Brasil.

Actualmente Toledo se encuentra en Estados Unidos esperando por su extradición.

GARCÍA

Durante su segundo gobierno como presidente de la República, el abogado aprista fue acusado por el Equipo Especial para el Caso Lava Jato de encabezar una organización criminal que actuaba a favor de la empresa Odebrecht en la adjudicación de las obras Metro de Lima y la Carretera Interoceánica Sur. El equipo de fiscales acusó a García de lavado de activos, cohecho y colusión agravada a favor de la constructora.

La Fiscalía emitió una resolución judicial que ordenó la detención preliminar del expresidente. Sin embargo, cuando el equipo del Ministerio Público acudió al domicilio de García, este se quitó la vida la mañana del 17 de abril de 2019.

HUMALA

Según el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, el ex jefe de Estado Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia recibieron dinero ilícito de parte del gobierno de Venezuela para financiar su campaña presidencial en 2006.

Asimismo, para la campaña presidencial del año 2011, el fiscal Juárez afirmó que Humala se vio beneficiado con el financiamiento de parte de la empresa Odebrecht por un total de tres millones de dólares.

En 2017, el Ministerio Público ordenó la detención preliminar de la pareja durante 18 meses por los aparentes aportes de Odebrecht a su campaña presidencial. No obstante, un fallo judicial dictó su libertad después de nueve meses de permanecer en prisión.

KUCZYNSKI

Es otro de los presidentes investigados que está vinculado con la constructora Odebrecht. La Fiscalía ordenó su detención domiciliaria por presunto lavado de activos. Sin embargo, la Corte Superior Nacional informó que varió la medida por comparecencia con restricciones.

VIZCARRA

A raíz de la renuncia de Kuczynski, la sucesión presidencial ordenó la toma de mando del primer vicepresidente: Martín Vizcarra. El ingeniero moqueguano tomó el mando en 2018, sin embargo, a solo dos años de su mandato fue vacado por el Congreso de la República por presuntas irregularidades en su gestión como gobernador regional.

CASTILLO

La llegada de Castillo a la presidencia fue un proceso lleno de obstáculos, escándalos y demás procesos políticos. 

La Fiscalía General acusó a Castillo de liderar una organización criminal en el Ejecutivo y denunció que hay "presiones intensas" que sufren los investigadores del caso.

La fiscal general presentó la denuncia constitucional contra Castillo como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal.