La crisis política no da tregua en Perú y ayer abrió un nuevo capítulo que allana el camino para la posible destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo, con la decisión del Congreso de admitir a debate una moción presentada por un sector de la oposición parlamentaria.

Con 76 votos a favor, 41 en contra y uno en abstención, el hemiciclo peruano, que domina la oposición, dio luz verde a que Castillo sea sometido a un juicio político y deba presentarse ante el pleno para brindar sus descargos sobre los 20 puntos en los que se sustenta esta iniciativa legislativa multipartidaria. 

La fecha para el debate y la votación de la moción se fijó para el próximo lunes 28 de marzo, justo el día en que el mandatario cumplirá ocho meses de gestión y deberá acudir a la cámara o enviar a su abogado para ejercer su derecho a defensa. 

El pedido de destitución fue presentado la semana pasada por el vocero del partido ultraderechista Renovación Popular, el legislador Jorge Montoya, y contó con el apoyo en bloque de su agrupación, así como del partido fujimorista Fuerza Popular y los conservadores Acción Popular, Avanza País y Podemos Perú, y la gran mayoría de Alianza para el Progreso y Somos Perú. 

Para dar continuidad al proceso, se requería el voto favorable de 50 de los 120 congresistas presentes en la sesión plenaria, una meta que se superó de largo, a diferencia de un primer intento de destitución que impulsó la oposición en noviembre pasado, cuando no se alcanzaron los votos para admitirlo a trámite. 

La incógnita reside ahora en saber si el hemiciclo alcanzará los 87 votos que se necesitan para que la moción sea aprobada y proceda así la destitución del gobernante, cuya gestión ha sido turbulenta desde que comenzó, el pasado 28 de julio.

A decir de sus impulsores, la moción de vacancia se fundamenta en una serie de "hechos objetivos" que ameritan la destitución de Castillo por "permanente incapacidad moral". 

Entre ellos figuran las presuntas "contradicciones y mentiras del presidente en investigaciones fiscales" e irregularidades en ascensos militares y policiales, aunque el documento también menciona las "cuestionables" designaciones de por lo menos 10 ministros y la supuesta existencia de un "gabinete en la sombra" en el Ejecutivo.