La comunidad Vasca y Cataluña decicieron desmarcarse de las determinaciones del gobierno español de Mariano Rajoy y anunciaron que van a continuar prestando todos los servicios de salud para los inmigrantes indocumentados o ilegales que viven en su territorio.

El conseller de Salud, Boi Ruiz, ha propuesto también la creación de una tarjeta sanitaria especial para los inmigrantes sin papeles que les garantice el acceso a la sanidad, pero "que no permita obtener la tarjeta europea".

El conseller ha explicado que "desde las directivas de la UE, a los inmigrantes no nacionalizados no se les puede dar una tarjeta sanitaria europea", pero ha matizado que "esto no significa que tengan que quedarse sin asistencia".

Por ello, Ruiz se ha mostrado partidario de "otras vías para darles asistencia", como sería una tarjeta sanitaria "de carácter español" que no permitiese obtener la europea.

Esta tarjeta ofrecería a los inmigrantes en situación irregular atención primaria "como a cualquier otro ciudadano de nuestro país", así como vacunaciones, acceso a medicinas preventivas y al servicio de urgencias, es decir, "todo lo que garantiza el decreto de extranjería".

SANIDAD VASCA La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha asegurado que sí "se les seguirá atendiendo".

Mendia ha afirmado que el Ejecutivo vasco "no mira a los de fuera y los de dentro como algo diferente" y considera que "todos somos necesarios". "No acepto que no se les pueda atender". La portavoz considera "intolerable" la "falta de formas" del Gobierno del PP al decidir los recortes, ya que "parece que ha olvidado", ha censurado, las competencias que tienen las Comunidades Autónomas.

PROTESTAS "En España si no tienes papeles eres ciudadano de segunda. Yo trabajo doce horas diarias pero como mi jefe no me quiere hacer contrato, ahora no podré ni ir al médico", se queja a BBC Mundo un dominicano de 35 años que no quiere dar su nombre y que se lamenta de los recientes recortes sanitarios anunciados por el gobierno. La nueva ley, un Real Decreto, señala que la sanidad se limitará a los extranjeros que dispongan de empleo legal en España, país que ronda los cinco millones de parados y en el que una gran parte de la población migrante no cuenta con permiso de residencia y trabaja en la economía sumergida.

MUCHOS RIESGOS El médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Luis Andrés Gimeno manifiesta que "los inmigrantes usan mucho menos el sistema sanitario que los autóctonos y, además, la mayoría de inmigrantes irregulares son jóvenes y sanos".

Herve Bertevas, de Médicos del Mundo, apunta a que la modificación de la universalidad del acceso a la sanidad no solo afecta a la población migrante sino al conjunto de la española.

"Los migrantes no viven en otro mundo, viven entre otros, si no se atiende a esta parte de la población en riesgo de exclusión social o se les atiende tarde, cuando sus enfermedades sean más graves, hay más riesgo de que se amplíe el contagio y acabe costando más dinero que si se hubiera tratado al primer síntoma".

Los recortes en la sanidad le permitirá al gobierno ahorrar 500 millones de euros anuales.

La medida que fue aprobada el 21 de abril, entrará en vigencia en séptiembre del presente año. Desde esa fecha los indocumentados quedan fuera de los servicios de salud en España.

Sanidad garantiza atención a los “sin papeles” con VIH

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualad, Ana Mato, ha aclarado que aquellos inmigrantes en situación irregular infectados por el VIH o enfermos de cáncer, tendrán la asistencia sanitaria "cubierta" a través de convenios entre las comunidades autónomas y organizaciones de apoyo a esta población.

"Está previsto en el marco del desarrollo reglamentario. Todas las CCAA tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en Atención Primaria", por tanto, según ha apuntado en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, "no va a quedar nadie desatendido en España".

A partir del 1 de septiembre, Sanidad tiene previsto que los ´sin papeles´ dejen de tener tarjeta sanitaria, lo que implicará que solo podrán recibir atención en urgencias.

Según Mato, esta decisión forma parte de una medida encaminada a acabar con los "abusos" y nos equipara con otros países europeos, donde la sanidad "funciona de esa manera y no pasa nada".

La ministra, que ha reiterado su intención de mantener una sanidad universal, afirma que Real Decreto Ley de reformas para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), ha sido un avance "importante" para garantizar la viabilidad de la sanidad y que, en contra de lo que se afirma desde diversos sectores, "no hay un cambio de modelo" con las nuevas medidas, sino un sistema sanitario más "eficiente".

El 90 por ciento de enfermeros en desacuerdo con los recortes

Una encuesta elaborada por el Consejo General de Enfermería ha puesto de manifiesto el "cabreo" de estos profesionales con los recortes que el Gobierno y las comunidades están llevando a cabo en sanidad, ya que en torno al 90 por ciento considera que son poco o nada acertadas, justas y eficaces. Así se desprende de una encuesta con más de 3.000 enfermeros presentada este jueves por el presidente de esta entidad, Máximo González Jurado, que ha calificado de "ignorantes u optimistas" a quienes piensen que con las medidas que se están tomando se van a resolver los problemas de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que, a su juicio, "se está cayendo a pedazos".

"Se puede ahorrar mucho y se deben hacer reformas, pero el problema es que cuando se hacen con la tijera, nos llevamos tejido bueno y tejido malo. Y aquí hay que hacerlas con bisturí", ha asegurado.

En concreto, la encuesta revela un malestar mayoritario de la profesión enfermera con las medidas que se están adoptando, ya que no las consideran ni acertadas (89,6 por ciento ), ni suficientes (72,5 por ciento ), ni justas (92,4 por ciento ) ni eficaces (90,6 por ciento ).

Además, y aunque algunas de las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias todavía no han entrado en vigor, como las que incluye el último Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno hace unas semanas, hasta el 86 por ciento de estos profesionales cree que la situación económica actual ya está afectando a su trabajo. De este modo, el 70,8 por ciento admite que los recortes ya están afectando a su relación con los pacientes, y hasta un 84 por ciento cree que repercuten en la calidad de la asistencia que prestan.

Parte de este deterioro, se debe a que en el último año se ha despedido a más de 9.000 enfermeros, lo que hace que aumenten los tiempos de espera de los pacientes y que los servicios estén sobresaturados. "Los pacientes son los mismos, pero los profesionales no, ya que no se sustituye a nadie ni hay renovaciones, salvo en casos superextraordinarios", ha alertado.

ONG españolas denunciaron ante la ONU al Gobierno

Varias ONG españolas han presentado dos informes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC), en los que alertan sobre la posible vulneración de compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.

En una iniciativa sin precedentes, Amnistía Internacional y 19 organizaciones de diversa índole, representadas por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) y el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales denunciaron ante el comité la "grave amenaza" que, a su juicio, suponen los recortes presupuestarios del Gobierno.

Las ONG se muestran consternadas por las medidas regresivas y discriminatorias que afectan a derechos sociales.

Insisten en que es precisamente en la actual situación de crisis económica, cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis.

Las organizaciones consideran que, además, deben rendir cuentas sobre las medidas que están empleando, para garantizar estos derechos.

Según Marta Mendiola, de Amnistía Internacional España, "vivimos un momento preocupante. No deberíamos permitir que la crisis económica se traduzca en una crisis de derechos humanos, pero es lo que está sucediendo".

Ignacio Sáiz, director ejecutivo del Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, en siglas inglesas), afirma que "mientras la pobreza y la desigualdad están en aumento se recorta el gasto social, afectando así derechos básicos como el derecho a la educación, a la salud y a una vivienda adecuada".

Asimismo, Vanesa Valiño, directora del Observatorio DESC, recuerda que los retrocesos en materia de derechos sociales, impulsados por el Gobierno, suponen "una vulneración del principio de no regresividad".

Además señala "la deficiente rendición de cuentas por parte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participación real y efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones en materia económica y social".

PREOCUPACIONES En cuanto al derecho a la salud, tanto física como mental, los representantes de la sociedad civil piden que se evalúe el impacto de cualquier recorte o medida anticrisis. Consideran necesario que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no crean barreras de acceso.

En este sentido, las ONG muestran una gran preocupación ante la reciente reforma sanitaria, con la que solo se prestará atención sanitaria a las personas migrantes mayores de edad en situación irregular, en casos de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto.

Los informes señalan que esta decisión supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida.

Además, lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las reformas laborales y alertan sobre la problemática del desempleo masivo. Las ONG muestran su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes.