Perú entró en una semana decisiva para conocer a su nuevo presidente electo, en medio de la batalla política y legal que protagonizan el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori, quien decidió solicitar una auditoría al órgano electoral y presentar una demanda de amparo.

Aunque el cómputo de votos se encuentra a un 0.049% de concluir, la mira del país entero está centrada ahora en los recursos legales presentados por el partido de Fujimori y los esfuerzos de las autoridades por controlar los ataques contra sus opositores en las redes sociales.

Con el 99.951% del cómputo nacional, Castillo ha alcanzado el 50.13% de la votación, con una diferencia de 48.220 votos frente a Fujimori, que congregó el 49.86%.

Sin embargo, la última herramienta elegida por el fujimorismo antes de reconocer su virtual derrota ha sido una auditoría informática de la digitalización de las actas electorales solicitada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que puede extender aún más el cierre del conteo de votos en Perú

La personera legal de Fuerza Popular, Milagros Takayama, argumentó en la solicitud que se "ha detectado por redes sociales" una serie de cuestionamientos entre las actas validadas y el sistema de la ONPE.

La auditoría fue solicitada después de que la mayoría de los más de 800 recursos para anular 200.000 votos por presuntas irregularidades hayan sido rechazados por los jurados electorales por llegar fuera de plazo y por no presentar pruebas consistentes de que hubo un fraude en las mesas de votación.

En tal sentido, piden al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aclarar si cuentan con un manual de calidad para la digitalización de actas, cuál es la política de calidad para este proceso, y si el control de documentos cuenta con un procedimiento documentado.

Asimismo, exigen conocer si la identificación, protección, almacenamiento, recuperación y disposición de los registros están protegidos por una metodología adecuada, y si los registros de actas de la primera y segunda vuelta presidencial cuentan con copias de seguridad.

Además, ante el Poder Judicial se presentó una demanda de amparo para solicitar una medida cautelar contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral de Perú. La demanda fue presentada por Carlos Antonio Franco Pacheco ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima después de que el JNE rechazara ampliar el plazo para que Fuerza Popular pudiera presentar todas las solicitudes de nulidad de mesas de sufragio.