Chile pospone discusión de reglamento de nueva Constitución por caso de covid
"Esta mañana se informó de la existencia de dos casos de COVID-19, un constituyente y un asesor (...) La mesa decidió finalmente suspender la sesión de hoy y continuar la próxima semana", informó el vicepresidente del órgano, Jaime Bassa.
24 de septiembre de 2021 (17:55 h.)
La convención que redacta la nueva Constitución chilena anunció este viernes que uno de sus miembros y un asesor tienen COVID-19, lo que obligó a posponer a la semana que viene la votación del reglamento, el primer gran paso del proceso constituyente, que se podría extender durante varios días.
"Esta mañana se informó de la existencia de dos casos de COVID-19, un constituyente y un asesor (...) La mesa decidió finalmente suspender la sesión de hoy y continuar la próxima semana", informó el vicepresidente del órgano, Jaime Bassa.
La confirmación de los contagios se produce en plena votación del reglamento que sentará las bases para la discusión de la nueva Carta Magna, lo que muchos expertos consideran la primera prueba de fuego del órgano.
Según indicaron fuentes oficiales, la sesión se retomará el próximo lunes o martes, aunque se prevé que el reglamento tarde varios días en ser despachado, ya que hasta ahora solo se han revisado alrededor de 40 de las más de 1.000 disposiciones que deben ratificarse de forma individual y por mayoría simple.
La norma más importante aprobada hasta ahora es la que indica que la mesa directiva del órgano sea rotativa y, por tanto, se cambie en enero a la presidenta, la académica indígena Elisa Loncón, y al resto de vicepresidentes.
El proceso constituyente chileno nació como la vía política para amainar la mayor crisis social en 31 años de democracia en el país, que comenzó en 2019 tras la subida del precio de tiquete de metro y se extendió durante más de un año con masivas protestas por un modelo socioeconómico más justo.
La convención constituyente, la primera paritaria del mundo y con 17 representantes de pueblos indígenas, tendrá entre nueve meses y un año para la redacción del texto.
De ratificarse en un plebiscito de salida, previsiblemente en 2022, la nueva Carta Magna podría sustituir a la actual, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y repudiada por gran parte del país por su marcado corte neoliberal.
La convención está formada por 155 miembros, gran parte de ellos ciudadanos independientes de tendencia progresista, mientras que la derecha oficialista tiene menos de un tercio de los escaños.
"Esta mañana se informó de la existencia de dos casos de COVID-19, un constituyente y un asesor (...) La mesa decidió finalmente suspender la sesión de hoy y continuar la próxima semana", informó el vicepresidente del órgano, Jaime Bassa.
La confirmación de los contagios se produce en plena votación del reglamento que sentará las bases para la discusión de la nueva Carta Magna, lo que muchos expertos consideran la primera prueba de fuego del órgano.
Según indicaron fuentes oficiales, la sesión se retomará el próximo lunes o martes, aunque se prevé que el reglamento tarde varios días en ser despachado, ya que hasta ahora solo se han revisado alrededor de 40 de las más de 1.000 disposiciones que deben ratificarse de forma individual y por mayoría simple.
La norma más importante aprobada hasta ahora es la que indica que la mesa directiva del órgano sea rotativa y, por tanto, se cambie en enero a la presidenta, la académica indígena Elisa Loncón, y al resto de vicepresidentes.
El proceso constituyente chileno nació como la vía política para amainar la mayor crisis social en 31 años de democracia en el país, que comenzó en 2019 tras la subida del precio de tiquete de metro y se extendió durante más de un año con masivas protestas por un modelo socioeconómico más justo.
La convención constituyente, la primera paritaria del mundo y con 17 representantes de pueblos indígenas, tendrá entre nueve meses y un año para la redacción del texto.
De ratificarse en un plebiscito de salida, previsiblemente en 2022, la nueva Carta Magna podría sustituir a la actual, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y repudiada por gran parte del país por su marcado corte neoliberal.
La convención está formada por 155 miembros, gran parte de ellos ciudadanos independientes de tendencia progresista, mientras que la derecha oficialista tiene menos de un tercio de los escaños.
