En pleno debate por un cambio hacia un modelo de salud universal, Chile discute el futuro de las polémicas Instituciones de Salud Previsional (Isapres), aseguradoras privadas creadas por la dictadura e inmersas hoy en una crisis financiera sin precedentes que podría llevarlas a su extinción.

Después de la pandemia y tras un proceso judicial de 10 años, las Isapres buscan la forma de sobrevivir y sortear la bola de deudas contraídas con sus clientes, luego de declararse “al borde de la quiebra”.

“Su modelo de negocio se basaba en la discriminación por edad y sexo (tablas de factores), y en poder subir los precios de los servicios unilateralmente a través de sus planes de salud, pero hace unos años esto se empezó a judicializar”, explica a EFE el economista y experto en Salud Pública David Debrott.

El académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae Sebastián Pavlovic recuerda a EFE que en 2010 el Tribunal Constitucional (TC) determinó que la discriminación por sexo y edad “es arbitraria por la forma como quedó regulada en la ley”, pero las Isapres no reaccionaron y como no había una norma alternativa, siguieron trabajando bajo la misma lógica.

En 2019, la Superintendencia de Salud fijó una tabla única para todos los contratos y en noviembre de 2022 la Corte Suprema la validó y ordenó aplicarla incluso a los contratos establecidos antes de 2019.

Aunque la crisis se originó también por otros factores, según Debrott, “el fallo de noviembre le pone una lápida al sistema privado porque genera una deuda pendiente de las Isapres con sus afiliados desde 2019, se proyectan menores ingresos futuros y se agravan las pérdidas que ya tuvieron en 2021 y 2022”.

La Superintendencia tiene hasta junio para determinar cómo se aplicará el fallo del máximo tribunal; sin embargo, este martes dio un respiro a las Isapres al liberarlas de provisionar la deuda con los afiliados en sus estados financieros de 2022.

Además de pedir celeridad en la toma de decisiones para evitar un colapso antes de junio, las Isapres quieren aumentar las cotizaciones mensuales, una posibilidad que se abrió este martes tras la presentación por parte de parlamentarios de centro derecha de un proyecto para “rescatarlas” a través de una reforma constitucional que permitiría aumentar el precio de los planes, limpiar la deuda y cargar el costo del rescate a sus afiliados.

UN SISTEMA "CONTRADICTORIO"

El mercado de las Isapres, muy concentrado en seis compañías, fue creado en 1981 como parte de las reformas neoliberales instauradas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Su creación empujó el desarrollo de clínicas privadas, que empezaron a integrarse verticalmente en holdings con las Isapres.

Según los expertos, hasta el 18 % de la población es parte de una Isapre, donde cotizan con un promedio del 11 % de su sueldo (el 7% es obligatorio y el resto adicional).

“Quienes tienen mayores ingresos pueden irse del sistema público al privado extrayendo su 7 % obligatorio, lo que en la práctica constituye un subsidio a las isapres porque la persona subsidia la prima que le están cobrando con el 7 % que se lleva del sistema público y que luego complementa con una cotización voluntaria extra”, comenta Debrott.

“La contradicción entre la discriminación (por sexo y edad) y la cotización tipo seguridad social hizo que en 2010 el TC considerara que se estaban violando las normas constitucionales”, sostiene a EFE el decano de Salud de la Universidad Santo Tomás, Ricardo Fábrega.

Debrott apunta que la mayoría de los afiliados permanecen un año o menos porque son “jóvenes, particularmente hombres, solteros y sin hijos, que empiezan a trabajar con una renta importante, pero cuando llegan los hijos la cobertura se les encarece mucho.

“Las mismas empresas que hoy son Isapres y que administran este sistema podrían reconvertirse en seguros complementarios, pero eso requiere una regulación específica”, indica Debrott, aunque hoy en Chile no hay ningún proyecto de ley que apunte en esta dirección.