El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, anunció ayer que se ha suspendido el contrato para la compra de la vacuna india Covaxin contra la COVID-19, tras las denuncias de presuntas irregularidades en el proceso de adquisición.

El gobierno del presidente de Jair Bolsonaro tenía en marcha un contrato con Need Medicines, representante en el país del laboratorio indio Bharat Biotech, para la compra de 20 millones de dosis del inmunizador, según el diario chileno La Tercera.

“Bajo la dirección de la Contraloría General Federal, por conveniencia y oportunidad, decidimos suspender el contrato para que se puedan realizar análisis más profundos”, dijo al respecto Queiroga, frente a los medios de comunicación, junto al ministro de la Contraloría, Wagner Rosario.

Rosario ha precisado que la suspensión se mantendrá mientras se realiza una auditoría al proceso, con el objetivo de identificar las presuntas irregularidades. “Esperamos en no más de diez días tener respuesta a este análisis”, ha indicado, para añadir que está “seguro” de que no se hallará nada.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que ahonda en la gestión de la pandemia por parte del gobierno ha señalado a posible corrupción en el proceso, después de una denuncia del diputado federal Luis Miranda y su hermano, Luis Ricardo Miranda, sobre las negociaciones para la compra de Covaxin, un proceso que habría conllevado “presiones atípicas”.

En el marco de estas denuncias, tres senadores de la oposición han solicitado formalmente al Tribunal Supremo Federal de Brasil la apertura de una investigación por prevaricación contra el presidente, Jair Bolsonaro, quien presuntamente ignoró las alertas sobre las supuestas irregularidades en la compra.

Según los hermanos, advirtieron a Bolsonaro de las sospechas de corrupción en la compra, un encuentro que el presidente confirmó pero en el que ha negado que se le transmitiesen dichas denuncias.

Además, varios documentos del Ministerio de Exteriores de Brasil señalan que estas dosis se habrían comprado por un precio once veces superior al estipulado por el fabricante, si bien el Ministerio de Salud ha negado estas informaciones y el gobierno ha ofrecido ya distintas versiones sobre lo sucedido.