Presionado por la Justicia, en rumbo de colisión con el Parlamento y los grandes capitales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya curado de la COVID-19, retomó su actividad y ahora apuesta en la moderación para lograr mayor gobernabilidad.

"Acabaron con el empleo en Brasil y tendremos que resolver eso", dijo el mandatario este lunes al salir de su residencia oficial para dirigirse hacia el palacio presidencial por primera vez en 20 días, tiempo que pasó recluido tras dar positivo de coronavirus.

Como ha ocurrido durante las últimas semanas, Bolsonaro se mostró conciliador, sosegado y distante de la política de embate permanente que había adoptado desde que llegó al poder, en enero de 2019.

Incluso, a diferencia de lo que hizo desde que la pandemia se comenzó a expandir por el país, que ya es el segundo más afectado y pasa de 87.000 muertos y 2,4 millones de casos, se negó a acercarse a unas personas que le saludaban.

"Ya estoy curado, pero evitemos el contacto", dijo.

Esta nueva fase de Bolsonaro siguió a un duro enfrentamiento con el Parlamento y la Corte Suprema, que avalaron las cuarentenas que fueron decretadas por gobernadores y alcaldes frente a la pandemia y que el presidente censuró por el impacto económico que tendrían.

Bolsonaro hasta aupó a pequeños grupos de la ultraderecha que, en plenas restricciones de circulación, promovieron manifestaciones por la reapertura económica y exigieron una "intervención militar" para "cerrar" tanto el Parlamento como el Supremo.

Esas demandas se multiplicaron en las redes sociales, en las que el "bolsonarismo" es febrilmente activo, pero se toparon con firmes condenas de todos los partidos políticos, incluido el mayoritario centro y la derecha moderada, que se distanciaron del Gobierno.

Para más males, la Justicia también decidió investigar el talante "antidemocrático" y "golpista" de esas protestas y ordenó eliminar páginas y perfiles de internet vinculados a esa derecha más radical.

El Gobierno también entró en rumbo de colisión con los grandes capitales y unos 40 fondos de inversión globales amenazaron revisar sus posiciones en Brasil si no se adoptan medidas efectivas para la protección de la Amazonía, cuya degradación ha aumentado a niveles récord desde que Bolsonaro está en el poder.