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  • Diario Digital | martes, 26 de enero de 2021
  • Actualizado 09:04

COVID-19: abogado argentino promueve demanda contra China por genocidio virósico

Alejandro Sánchez Kalbermatten, el jurista demandante, expresó que debido a la pandemia los países fueron afectados en su economía. También hay demandas iniciadas en Estados Unidos y otros países.
Personal de salud realiza controles a habitantes de Wuhan. EFE
Personal de salud realiza controles a habitantes de Wuhan. EFE
COVID-19: abogado argentino promueve demanda contra China por genocidio virósico

El abogado argentino Alejandro Sánchez Kalbermatten promueve una demanda internacional en contra del Gobierno de China por genocidio virósico, que en este caso hace referencia a que de que a partir de un virus mueren colectivos poblacionales, por el coronavirus, COVID-19, que afecta a los países de todo el mundo.

Este tipos de proceso no es solamente una iniciativa que se da en Argentina sino en otros países, con el objetivo de enjuiciar al Gobierno chino por los hechos que se dan en todo el mundo en jurisdicciones distintas.

Sánchez informó que inició este proceso a mediados de abril. La demanda fue presentada ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 12 Secretaría 24. Acotó que después interviene el fiscal criminal y Correccional Federal número 9, a cargo de una autoridad que llevó adelanto causas por hechos de corrupción del Gobierno anterior en Argentina.

El abogado boliviano Henry Pinto explicó que se trata de un proceso enmarcado en la jurisdicción universal. Un caso referido al tema de justicia internacional es el del expresidente de Chile Augusto Pinochet, a quien enjuiciaron en España, y fue capturado en Inglaterra.

Sánchez dijo que un proceso de esta naturaleza, como el que inició contra China por el coronavirus, puede ser propiciado por cualquier ciudadano, cuando considera que hay un hecho delictivo por el cual alguien tiene que responsabilizarse. "Me pareció que alguien tenía que denunciarlo, por haber propagado y encubierto este virus con la convivencia de la Organización Mundial de la Salud que es lo que motivó la última ampliación de denuncia en días recientes".

Un país, como tal, también puede hacerlo, pero no es el caso de Argentina, según el abogado porque su país recibe ayuda de China.

El jurista anunció que ratificará esta denuncia y la ampliación esta semana.

La demanda se presentó por genocidio virósico, que puede ser agrupado en la figura de genocidio y agresiones entre estados. "Nosotros dijimos que un gobierno que tiene un laboratorio de bioseguridad, en Wuhan que es una localidad de la República Popular de China, gobernada por el partido comunista, estuvo mutando el virus SARS dentro de un laboratorio; y eso es lo que generó este espantoso COVID-19", expresó asegurando que está prueba se basa en las agencias internacionales de inteligencia de países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda y otros.

Argumentó que eso derivó la pandemia mundial y al mismo tiempo una parálisis de las economías mundiales, incluida la afectación a las empresas. "Esto ha generado altísimos costos y se pudo haber evitado con tan sólo el gobierno chino una vez sucedido el hecho de manera casual, de manera negligente o de lo que fuera, cuando vieron que se les escapaba de las manos tenían que haber tratado de evitar a través de la Organización Mundial de la Salud y a través de la política internacional que esto se propagara a todos lados informando".

El jurista consideró que se hizo lo contrario.

DESDE OTROS PAÍSES Sánchez enfatizó que en Estados Unidos ya se iniciaron procesos contra China en los estados de Misuri, Nueva York y Florida. "Hay otros lugares más dónde están haciendo acciones colectivas en grupos de ciudadanos damnificados sin intervención del país. Pero, también el país lo puede hacer en forma autónoma".

Resaltó que los países tienen pérdidas cuantiosas y que en Argentina las cifras monetarias son de "miles de millones de dólares". "Australia también le mandó la factura de lo que ha gastado hasta ahora el país en cuidarse, en proteger a su gente. O sea que esto es un caos internacional", acotó.

LAS SANCIONES Respecto a las sanciones penales, Sánchez reconoció que son difíciles de materializar, porque el Presidente de China no iría voluntariamente a ser juzgado en Argentina, en La Haya o en algún estado que haya firmado el tratado internacional y ahí sea detenido, en este caso haciendo referencia al Estatuto de Roma, que ha establecido la Corte Penal Internacional.

Acotó que las sanciones también pueden ser económicas y que se pueden aplicar penalidades millonarias. "Yo acá en Argentina, pedí que le congelan los activos a la embajada de China (...), que no le va a alcanzar nunca para pagar el daño que ha generado".

JURISDICCIÓN UNIVERSAL Pinto explicó que la jurisdicción universal es un mecanismo de justicia cuyo objetivo es la lucha contra la impunidad. La aplican tribunales internos de los Estados, se vincula a la persecución de crímenes internacionales, la habilita el derecho penal internacional, la reconoce la legislación nacional y no es necesaria ninguna conexión territorial, del autor, la víctima o el interés nacional con los hechos

CASO PINOCHET El abogado Pinto recordó que entre los casos en que los estados han ejercido la jurisdicción universal, el caso Pinochet es el más conocido.

El expresidente chileno fue detenido en Londres (Inglaterra) en octubre de 1998 a raíz de una orden de detención de un tribunal español que lo acusaba de violaciones de derechos humanos, como asesinatos, torturas y desapariciones, cometidas durante su mandato entre 1973 y 1990.

La mayoría de los delitos fueron cometidos en Chile y contra chilenos. España solicitó su extradición para que fuera procesado en España. Bélgica, Francia y Suiza también cursaron solicitudes de extradición.

En marzo de 1999, la Cámara de los Lores, tribunal de máxima instancia del Reino Unido, resolvió que la inmunidad de Pinochet, dada su condición de exjefe de Estado, únicamente se extendía a los actos llevados a cabo en su calidad oficial de jefe del Estado. Los jueces resolvieron que los actos de tortura, como delitos en virtud del derecho internacional, no se podían considerar en sus deberes oficiales como jefe del Estado y que el proceso de extradición a España debía continuar.

Pinochet fue devuelto a Chile en marzo del 2000 con el argumento de que no estaba en condiciones de salud para soportar un juicio.

"No obstante, la resolución de la Cámara de los Lores sentó un importante precedente sobre la inmunidad y la jurisdicción universal", afirmó Pinto.

En diciembre del 2000 se dictó una orden judicial de arresto domiciliario en Chile. En julio del 2001, la Corte de Apelaciones de Santiago suspendió temporalmente todo procedimiento legal relativo a Augusto Pinochet por motivos de salud.