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  • Diario Digital | sábado, 07 de diciembre de 2019
  • Actualizado 12:18

Asesinan a un defensor de derechos humanos cada dos semanas en Guatemala

Asesinan a un defensor de derechos humanos cada dos semanas en Guatemala

Cada dos semanas asesinan a un defensor de derechos humanos en Guatemala, donde siguen siendo víctimas de violencia, discriminación o discursos de odio, pese a su papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, según se destaca un informe oficial.


Esta es una de las conclusiones del informe "Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: entre el compromiso y la adversidad", elaborado por la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país centroamericano, divulgado este martes.

Este colectivo, según el análisis realizado entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2019 con varias misiones en el interior del país y un total de 196 entrevistas a defensores, realiza su trabajo en un "contexto adverso y de múltiples riesgos".

La organización Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala (Udefegua) registró 493 ataques y agresiones de distinta índole a personas defensoras (incluyendo 13 asesinatos) en 2017 y 391 ataques y 26 asesinatos en 2018.

Esto supone que "una persona defensora es asesinada cada dos semanas", dijo la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liliana Valiñas, quien agregó que de las 196 personas entrevistadas un 86 por ciento denunció haber sufrido alguna amenaza o ataque.

Entre las múltiples formas de agresión de las que son víctimas está en un 97 por ciento las intimidaciones y amenazas, seguida de las denuncias falsas o uso indebido de derecho penal (45 por ciento ), estigmatización y difamación (28), ataques con la vida e integridad física (16), seguimientos o vigilancias (16) y violencia sexual (3 por ciento ).

Los ataques que reciben los defensores y las organizaciones a las que pertenecen provienen de actores estatales y no estatales, siendo estos "actores políticos, crimen organizado (incluyendo en áreas fronterizas), seguridad privada y empresas del sector privado o incluso personas contratadas o movilizadas para llevar a cabo los ataques".

Pero dentro de esta violencia, el informe describe los riesgos específicos que enfrentan ciertos grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres defensoras, las personas defensoras LGBTIQ, los periodistas, los jueces y abogados independientes y personas defensoras que atienen los derechos de las víctimas del conflicto armado interno (1960-1996).

Mención especial también tiene la criminalización, es decir, el uso indebido del derecho penal en contra de este colectivo, la estigmatización y las percepciones prejuiciosas contra ellos, con discursos que provienen incluso de altas esferas políticas que buscan convertirlos "en objetos legítimos de ataques o persecución".

Esta situación se repite en al anterior periodo electoral, cuando se documentaron incidentes contra candidatos políticos, incluyendo cinco asesinatos (dos vinculados al partido Fuerza y tres al partido Movimiento de Liberación de los Pueblos), además del presidente de una Junta Electoral Municipal esta misma semana.

Como recomendaciones, el documento recuerda que si bien Guatemala ha logrado avances en la materia, todavía hay "diversos desafíos pendientes" para asegurar su consolidación e implementación, así como una respuesta del Estado que esté basada en un enfoque integral de protección que vaya más allá de la seguridad física e incluya acciones para sensibilizar sobre la labor de este colectivo.

Pero hay varias que destacan como prioritarias: como la lucha contra la impunidad, las denuncias (solo el 43 por ciento de los entrevistados presentó querella), una base de datos interinstitucional, independencia judicial, acceso efectivo a las medidas de protección o un mayor compromiso político.

Con estos datos, el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, indicó que los defensores están en "permanente riesgo" y más con los comicios convocados para el próximo 16 de junio y hay una retórica de agresión contra la prensa, que se repite contra su persona pues se siente perseguido por miembros de la Secretaría de Inteligencia Estratégica.

Por su parte, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, compartió esas ideas y agregó que hay algunos candidatos han pretendido establecer restricciones legales contra la prensa en un momento en el que tienen que estar más sometidos a los escrutinios.

"Sin duda creo que está pasando una situación muy compleja los medios de comunicación", proclamó Lanza en referencia a acciones indirectas para socavar la libertad de prensa y expresión, y agregó que muchos candidatos están intentado llegar al poder y al Gobierno con un discurso de "ataque" contra los defensores, algo "raro" en los últimos 30 años en la región.

En este sentido, Lanza destacó la importancia de analizar la desinformación y como las redes de bots y netcenters son contratadas para crear una opinión pública, tal y como denunció el lunes la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en otro informe en el que analizaba la forma de operar de estos sistemas.

"Sin libertad de expresión se socava la democracia", enfatizó, y añadió que esa retórica permanente de desacreditar a la prensa y no responder a sus preguntas es un ataque a la libertad de expresión.