Rafael Correa, expresidente de Ecuador, fue condenado ayer a ocho años de prisión, además de la retirada de sus derechos políticos por el delito de cohecho, al considerar que dirigió una estructura de corrupción con la que financió ilegalmente su partido a cambio de contratos con el Estado. 

De acuerdo al tribunal de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito, ha quedado probada la financiación ilegal del partido izquierdista Alianza País por parte de empresarios a cambio de adjudicaciones de obras públicas, entre 2012 y 2016, y que se reportaba a un “nivel jerárquico superior”, en que figuraban tanto Correa, como el expresidente y estrecho colaborador Jorge Glas, en prisión por otro caso. 

Los sobornos habrían ascendido a 7.5 millones de dólares en efectivo, cantidad a la que se llegó mediante el cruce de facturas y, una parte, en metálico.

Tanto Correa como Glas han sido condenados como autores mediatos de cohecho en la misma causa, iniciada este año después que una investigación periodística en 2019 apuntara irregularidades en la adjudicación de contratos bajo el Gobierno de Correa (2007-2017) a un entramado de empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht. La mayor parte de la veintena de imputados en la misma causa fueron declarados autores directos o coautores del mismo, y en este último apartado están la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte y el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, todos con similar condena.

Para la exasesora presidencial Pamela Martínez, quien luego fuera designada vicepresidenta de la Corte Constitucional, y su secretaria Laura Terán, la única considera cómplice del delito, se dictaminó una reducción de la pena en un 90% o más, tras haber actuado como testigos de cargo y cooperado con la justicia en el esclarecimiento de los hechos.

El dictamen mencionó que de las actividades realizadas por la estructura se derivan otros delitos como lavado de activos y peculado, y que el Estado es la principal víctima de los hechos ilícitos. También se analizarán los peritajes para determinar el monto de la reparación.

El exmandatario enfrenta asimismo el pago de una multa por daños y perjuicios, además de una reparación integral que incluye la colocación de una placa en el Edificio de la Presidencia de la República pidiendo disculpas a la ciudadanía.

La fiscal general, Diana Salazar, en las audiencias previas a inicios de marzo, acusó al exmandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: "Todo estaba organizado desde arriba", dijo. Consideró necesario el pago de una compensación económica de 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se colocaron dentro de esta trama de corrupción.

Con todo, la sentencia aún pude "ratificarse o no en segunda instancia", de acuerdo a expertos legales, que precisaron que aún no es firme y puede ser apelada por los condenados.

De ser declarado culpable en firme, el expresidente perdería la opción de presentarse a los comicios de 2021, en los que podría concurrir como candidato a vicepresidente o asambleísta, lo que contemplaría el derecho a la inmunidad.

EL ACUSADO Correa, prófugo de la justica por esta y otra causa en la que es acusado del secuestro de un opositor en Colombia en 2012, denunció a EFE la supuesta “judicialización de la política” en su país.

“Están desesperados para cumplir con los tiempos e inhabilitarme para las próximas elecciones porque saben que si yo puedo regresar les ganamos las elecciones, y ampliamente”, manifestó Correa.