El grito de mujeres que sacude a la adormilada Justicia

Sonia Galindo se ató a las rejas del Palacio de Justicia con la pesada cadena del camión de su hermano. DICO SOLÍS-OPINIÓN

Mujeres víctimas de violencia o sobrevivientes de intentos de feminicidios se cansaron de esperar cinco o más años para que los agresores paguen por el crimen que cometieron. En su desesperación e impotencia formaron colectivos sociales para develar la actuación de policías, fiscales y jueces que descuidaron, desatendieron o abandonaron sus casos. Armadas con carteles, canciones, gritos y petardos protagonizan protestas en juzgados denunciando la ausencia estatal en la Justicia; se convierten en la presión, en el control social y hasta en la fiscalización de los operadores de Justicia.

Una gruesa cadena y un gran candado ataron a Sonia Galindo a las rejas del ingreso al Palacio de Justicia de Cochabamba. La desesperada madre decidió inmolarse al enterarse de que el feminicida de su Lili estaba a punto de salir de la cárcel de El Abra, pese a existir 90 pruebas contra él, de andar años pidiendo que los jueces la escuchen, de asistir una y otra vez a frustradas audiencias, de pagar a abogados que solo cobraban y de sostener a investigadores que pedían hasta que costee los pasajes y la comida cada día.

Era la mañana del 3 de marzo de 2020. Sonia y su familia peregrinaron por oficinas de abogados, por dependencias policiales, por juzgados de Cochabamba, Bolivia, sintiendo que el dinero era suficiente para sostener el juicio por tres años y medio, yendo a reconstrucciones del cruel crimen de su hija quien murió con 34 puñaladas asestadas por su enamorado Rodolfo Delgado Inca.

La llorosa e impotente madre no pudo más. Ese día salió a gritar que el asesino de su hija universitaria, de 18 años, estaba a punto de salir de la cárcel donde estaba recluido preventivamente. Se encadenó alzando la voz por el alma de su niña que no encontraba justicia desde 2016. Optó por denunciar al cabo de Policía que “extravió” importantes pruebas contra Delgado Inca, que la Justicia es solo para los poderosos porque los 35 mil dólares que obtuvo por la venta de un terreno eran insuficientes para seguir pagando a abogados, para costear los pasajes y las comidas de los policías, para movilizarse, para viajar a La Paz pidiendo que alguien la escuche y haga justicia.

Pero el día en que se encadenó Sonia no estuvo sola. Fue respaldada por los colectivos sociales Mujeres de Fuego y Valiente Mujer, organizaciones conformadas por personas que, como Sonia, se cansaron de que los procesos iniciados contra los autores de crímenes y de violencia contra las mujeres no avancen, por víctimas de la violencia machista, sobrevivientes de feminicidios y familiares de víctimas de los crímenes de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Son féminas que denunciaron el sufrimiento de los vacíos, debilidades y corrupción y se organizaron para exigir que los operadores de la justicia hagan su trabajo.

Las mujeres que estaban alrededor para apoyar a Sonia pintaron carteles, cantaron estribillos, bloquearon calles y gritaron exigiendo equilibrio, celeridad, y presencia de la ley.

Sonia encadenada atrajo la atención de los periodistas y aprovechó para denunciar que el asesino tenía tanto dinero que había contratado tres abogados que llegaban desde La Paz y conseguían que las audiencias se suspendieran una y otra vez con chicanas. Incluso en una ocasión los policías explicaron que no pudieron encontrar a Rodolfo Delgado Inca dentro del penal de El Abra para llevarlo a una audiencia.

Allí delante de las cámaras, Sonia, vendedora de comida callejera, explicó que los 35 mil dólares que había obtenido por la venta de un lote para enfrentar el proceso se habían quedado cortos. “Había que dar para pasajes a los policías” “los policías me pedían hasta para su comida” “Cambié tres veces de abogados porque solo pedían dinero; dos mil dólares, cuatro mil, cinco mil”, denunció.

COLECTIVOS SOCIALES SALEN EN DEFENSA DE LAS MUJERES

Los colectivos sociales como Valiente Mujer y Mujeres de Fuego están formados por víctimas de violencia, familiares y activistas que luchan contra todo tipo de violencia contra la mujer. Se organizaron para protestar, para gritar frente a los juzgados, delante de la Policía para denunciar sus casos, para presionar, para ejercer un control social sobre la Justicia, para visibilizarse ante los medios de comunicación o redes sociales.

Voces Libres, la primera que formó un colectivo de mujeres

En Cochabamba existen varios colectivos, casi todos bajo el amparo de Voces Libres, una organización cuyo principal propósito es luchar contra la violencia contra las mujeres y los niños.

La primera organización relacionada con la defensa de las mujeres fue Mujeres de Fuego. Luego se crearon Valiente Mujer, Adelante Mujer, Ni Una Menos y otras.

El Colectivo Ñañas también se formó con el mismo propósito. Es un espacio independiente y autosustentado al que se sumaron mujeres autoconvocadas buscando luchar en contra de la violencia machista.

Natalia Aparicio, politóloga y activista feminista del colectivo feminista Ñañas dijo que nacieron el 8 de marzo de 2020. Justificó su existencia debido a la ausencia estatal en las demandas judiciales, en especial en el tema de violencia a las mujeres. “Por la falta de justicia y atención pertinente de las unidades policiales nace la idea de colaborarlas ya sea con asesoramiento psicológico o legal”.

En tanto, la representante legal de la Fundación Voces Libres y creadora del Observatorio de Justicia, Mercedes Cortéz, explicó que la institución gestó a muchos colectivos sociales femeninos urgidos de hacerse escuchar de una u otra manera. “No solamente en el Observatorio de Justicia se da atención legal, sino se hace seguimiento a actos de corrupción o retardación de la justicia, a cuando hay, lamentablemente, ‘equivocaciones’ de los funcionarios públicos y cuando no se atiende con la debida diligencia. Se ha convertido en control social para representar a la voz de estas víctimas a las que se guía dónde puede exigir el cumplimiento de la ley de manera genérica, son apoyadas con la experiencia de abogados, se identifican las fallas y se diseña estrategias para responder”.

Por casos como el de Sonia, el 9 de marzo de 2013, Bolivia aprobó la Ley 348, Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, e incorporó la figura del feminicidio.

En teoría, la ley protege a las mujeres de toda forma de violencia y castiga los feminicidios con 30 años de prisión, la máxima pena en la legislación boliviana.

Los colectivos feministas han reclamado varias veces que la norma no se cumple plenamente por cuestiones como la falta de presupuesto y personal adecuado para llevar estos casos.

El Gobierno se apresta a modificar esta norma, para lo cual el Ministerio de Justicia recibió más de mil sugerencias de distintos sectores de la sociedad que se estructurarán en un proyecto de ley que pasará a consideración del Parlamento. El Observatorio de Justicia y otras organizaciones de Cochabamba  identificaron las siguientes 24 anotaciones descritas en la infografía interactiva.

El país registró 113 feminicidios en 2020, un número que no dista mucho de los 117 del año anterior.

La Ley 348 es una norma que no se aplica en su integridad, en tanto, las víctimas siguen esperando justicia.

APUNTE

La Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley 348, en el artículo 6, parágrafo 1 define violencia: “Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”.

Sonia: Me encadené para que me escuchen

En noviembre de 2020, Rodolfo Delgado Inca fue sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato de Lilian Dayana Galindo (18 años), crimen cometido el 21 de septiembre de 2016.

Sonia y los hermanos de Lilian vivieron cuatro años y dos meses de infierno desde el asesinato hasta que se ejecutorie la sentencia.

Sonia tiene en su mente cada detalle del inicio de su suplicio. Su hija salió de su casa, cerca del cementerio Parque de las Memorias de Cochabamba, el 21 de septiembre de 2016. Dos días después, su mamá y hermanos la encontraron muerta en el departamento de Delgado Inca, en la cama, sin vida y con 34 puñaladas en su cuerpo.

El feminicida la mató el mismo día que la llevó a su departamento, a las 4 de la tarde. Intentó borrar las huellas.

La mamá y hermanos de Lilian empezaron a buscarla el 22 de septiembre, cuando se dieron cuenta de que no había dormido en casa. Jazmín, la hermana de la universitaria, sabía que Rodolfo la acosaba y decidió ir al departamento de este ubicado en la avenida Oquendo y Aroma, de la zona sur. Al llegar, el hombre bajaba las gradas, la empujó y escapó encapuchado.

Horas después, el 23 de septiembre, y con la ayuda del portero ingresaron al departamento. Ahí estaba Lili, en la cama, cubierta con una toalla, sin vida.

 El celular estaba cerca del pie de su hija, Sonia quiso levantarlo, pero el dueño del edificio le pidió que no tocara nada hasta que llegue la Policía. Después se hicieron presentes los investigadores para el procedimiento legales y recolección de pruebas, sin embargo aquel teléfono móvil que la madre y las fotos registraron junto a su hija nunca apareció.

Atraparon al feminicida y empezó el juicio. Sonia advirtió que necesitaría dinero para sostener el proceso. Vendió su terreno en 35 mil dólares, pero no le alcanzó. Cambió tres veces de abogados. “Me pedían plata nomás. Al principio 1.000 dólares, 2.000, 4.000 mil”.

En tanto, el feminicida contrató tres defensores que llegaban desde La Paz y conseguían que las audiencias se suspendan. “Audiencia que había, audiencia que se suspendía”. En una ocasión hasta no pudieron encontrar al acusado dentro del mismo penal de El Abra.

Los policías le pedían dinero para investigar y movilizarse, para el almuerzo, para la cena.

Sin dinero ni apoyo, Sonia estaba a punto de abandonar el caso. Pero en otra audiencia a la que asistió invitada por otra vecina conoció a Mercedes Cortés, de Voces Libres, quien al saber de su peregrinación prometió apoyarla.

Ahí cambió su historia, recuerda ella. Voces Libres le asignó un abogado para orientarla y hacerle conocer sus derechos y las leyes que la protegen; otro grupo de mujeres la acompañó a las audiencias. “Hacíamos alboroto, recién nos vieron, recién nos escucharon”.

Finalmente, en octubre de 2019 sentenciaron con 30 años de prisión sin derecho a indulto a Rodolfo Delgado Inca, pero este apeló y el caso fue derivado a Sucre, Chuquisaca, sede del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ.

Luego se enteró de que los abogados del feminicida tramitaron su libertad, lo que motivó a Sonia a tomar una extrema medida el 3 de marzo de 2020, cuando se encadenó en puertas del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

“Vine a mi casa, me presté la cadena del camión de mi hermano y conseguí un gigantesco candado. Con cadena y candado llegué al Palacio de Justicia y me encadené por horas, por lo menos dos días. Los periodistas venían y preguntaban por mi caso. Las mujeres del colectivo Valiente Mujer me ayudaron, la doctora Mercedes Cortéz también”.

Los colectivos sociales y ella se alertaron porque el Gobierno estaba aprobando la Ley 1173 de abreviación procesal para permitir que las personas con más de seis meses en las cárceles y sin acusación sean liberadas fin de dejar de deshabitar los penales. Decidieron organizarse para protestar y se trasladaron a La Paz -en enero de 2020- a fin de pedir a la entonces presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez y la presidenta del Senado, Eva Copa, que no permita que los feminicidas obtengan su libertad. Copa las recibió en audiencia y Áñez hasta hizo conocer su intención de modificar la ley, pero nada cambió de esa ley hasta ahora.

En noviembre de 2020, finalmente la sentencia contra el feminicida fue ejecutoriada.

Ahora, Sonia llora al ver la foto de su hija, se lamenta al mirar los lugares por donde transitaba en la casa, al ver su habitación, las mascotas que llevó a la casa, la comida que le gustaba.

Sentada, en el patio de su casa, no deja de pelar las papas para el almuerzo de sus otros hijos que pronto llegarán de sus trabajos. Su mirada se pierde, como si los momentos de terror que vivió estuvieran ahí. Tras un largo suspiro dice: “Hice justicia Lili”.

Cochabamba es el segundo con más casos de violencia

Voces Libres registró 113 feminicidios en el país en 2020. La Paz fue el departamento donde hubo 43 casos. Cochabamba ocupó nuevamente en segundo lugar con 19 casos, le sigue Santa Cruz con 18, Oruro con 13, Beni con 6, Potosí y Chuquisaca con 5 Pando y Tarija con 2, según datos de la Fiscalía General del Estado.

El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Lanchipa, en la Rendición Pública de Cuentas de 2020 explicó que la criminalidad de mayor frecuencia se centra en los delitos de la Ley N° 348, seguido por los Delitos Patrimoniales y Delitos Contra la Integridad Personal.

“Lo alarmante es que el 2020 registramos más de 30.824 casos de delitos de Violencia Familiar o doméstica, con un promedio de 84 denuncias por día, que demuestra una alarmante incidencia de episodios de violencia en el seno de las familias bolivianas, por lo que exhorto a las instituciones y niveles encargados de promover la prevención de este mal social a que extremen sus esfuerzos para hacer de los hogares, espacios seguros y libres de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”, dijo en el informe.

Frente al incremento paulatino de casos, las organizaciones se organizaron en defensa de la mujer y contra la violencia.

Las historias se repiten: Mujeres de Fuego, el inicio de la defensa

Un ataúd, gestionado por el colectivo Mujeres de Fuego ante el Servicio Legal Integral Municipal, SLIM, llegó la mañana del 23 de diciembre de 2020 en una camioneta al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba, para recoger el cuerpo de Nora (30), quien fue víctima de feminicidio en manos de quien fuera su pareja.

Nora, sin familiares que reclamen por su cuerpo inerte, fue enterrada por vecinos de K’ara K'ara, sur de la ciudad, en el cementerio de la zona, donde antes vivía, y conocían “de vista” a quien luego le quitó la vida.

En las estadísticas del país, se convirtió en el feminicidio número 113 de 2020; en Cochabamba, el 19.

Sus vecinos y el colectivo Mujeres de Fuego abogaron por ella, se convirtieron en el grito para pedir justicia por el crimen.

La representante de este grupo de mujeres, Ángela Nogales, lamentó que las cifras de muerte de mujeres se estén repitiendo como en 2019.

“Esto nos hace dar cuenta que tenemos que trabajar mucho en prevención, con las autoridades también, con la sociedad civil, que no tiene que ser indiferente ante los casos de violencia contra la mujer. Si escuchan algún grito, pueden salvar la vida de alguien”.

Mujeres de Fuego tiene cuatro años desde que inició un trabajo de lucha ante la injusticia que perciben por estos hechos trágicos.

Nogales recuerda que el primer caso que siguieron fue el de María Lisbeth Carvajal. Una mujer que vivía en Pacata y que murió acuchillada por su enamorado. Entre otros nombres, que a veces se olvidan, están Lilian Dayana Galindo; Betsabé Mara y otros.

“Nosotras (Mujeres de Fuego) no hubiéramos nacido si no hubiera retardación de justicia, si no hubiera impunidad. Lamentablemente, las víctimas y los familiares se cansan. Para salir una sentencia ejecutoriada, tienen que esperar por lo menos seis, cinco años, y es todo un peregrinaje. Suspenden los juicios, hay abogados y consorcios chicaneros, que hacen dilatar los procesos”.

Ante estos problemas, Nogales dice que instituciones como la suya son como el control social para los administradores de justicia. Sin embargo, reconoce que su intervención no garantiza que “mañana” la mujer no sea víctima de violencia o muerte.

“Hay vacíos legales en la Ley 348, Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Por ejemplo, en las medidas de protección, te dan un documento que dice que el agresor no se te puede acercar, que no puede ir a tu fuente laboral. Pero, eso no te garantiza realmente”, cuestiona y asegura que ahora hay acercamientos con el Gobierno para hacer cambios en la normativa.

Por ahora, esta institución asegura el seguimiento a los casos denunciados. “Vamos a ponerles el hombro, vamos a estar con ellas, no las vamos a abandonar. Más allá no podemos garantizar que la justicia tenga que actuar oportunamente”.

“ANTES DE QUE ME MATEN”

“Antes de que el último golpe las mate”, el proyecto Adelante Mujer tiene como objetivo prevenir la violencia, antes de que se sumen las cifras de feminicidio.

Romper el silencio, no volver con el agresor, empoderarse, capacitarse (con chefs), autosustentarse (con venta de comida vegana y otros), y hasta seguir procesos en contra de sus asesores, son parte de las acciones en las que reciben respaldo.

Las historias, pese a la ayuda que reciben las mujeres, develan situaciones que hablan de los vacíos en el sistema de atención judicial para este tipo de casos.

Ellas describen que son “sobrevivientes de violencia”. Y no son solo de Cochabamba.

Adelante Mujer, les da a las víctimas una casa para acogerlas, trabajo, apoyo psicológico y también apoyo legal, con un equipo de profesionales para tomar los casos de las mujeres, en el ámbito familiar y penal.

En dos años ayudaron capacitando a una centena de mujeres que fueron víctimas de violencia.

Huérfanos del feminicidio

El Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres de Cochabamba registró que los feminicidios dejaron a 18 niñas y niños sin padres, unos pocos quedaron al cuidado de tíos, abuelos y otros fueron derivados a centros de acogida u hogares. El Estado no prevé un presupuesto para garantizar los estudios, manutención y sanidad emocional de estos niños y adolescentes.

SOBREVIVIENTE Una de ellas es Carmen (nombre cambiado). “Soy una sobreviviente de la violencia”, enfatizó. Ahora, luego de ocho años de violencia y dos de haber decidido salir de ese círculo, está a poco de concluir la carrera de enfermería; ya tiene trabajo y se siente segura.

“No ha sido fácil (...). Te matan emocionalmente, te bajonean, te hacen creer que sin ese hombre, que es machista, no eres nada. Pero, llegué a pensar que el último golpe me iba a matar. ¿Qué iba a ser de mis hijos?”.

Encontró apoyo. Pero, reconoce que no todas las mujeres hallan estos espacios de respaldo.

Considera que muchas mujeres dejan de lado cualquier proceso, entre otros aspectos, porque “el Gobierno no hace seguimiento” y, por otro lado, cuestiona que tampoco se hace cargo de los niños que incluso quedaron huérfanos a causa de los feminicidios.

Por otro lado, Margarita Claros, quien es parte de Adelante Mujer, considera que la vulnerabilidad de las mujeres, en algunos casos, las lleva a volver con su agresor, incluso por aspectos económicos, por la dependencia. “Tratamos de hacer seguimiento, no las juzgamos, no les dejamos. Cada persona, aquí, sabe cómo cuesta poner un alto, romper el silencio, no les dejamos solas”.

Claros agrega que otro factor que va en contra del avance de los procesos contra los agresores es el trato inadecuado en las instancias de la Policía, cuando se da la revictimización, cuando “les hacen repetir lo que les ha pasado una y otra vez”, luego de que plantean las denuncias.

Desde esta institución, lograron el contacto con la Policía, incluso para cursos de defensa personal con instructores.

Otra de las trabas, expresa, es que los casos no avanzan en las fiscalías y los juzgados. “Eso debía priorizarse, para que las mujeres se animen a denunciar. Queremos cambiar las vidas de estas personas”.

Carmen denunció a quien fue su esposo. El proceso terminó con un arresto domiciliario, y con una orden de alejamiento. Pero la orden de alejamiento no siempre se cumple.

PARA SER FELIZ Lisa (nombre cambiado) vio que sus hijas eran felices, meses después de que decidió salir de la casa en la que sufría violencia de su pareja. “Entonces, decidí no volver con mi agresor”.

Llegó a Adelante Mujer, en marzo, en plena pandemia, junto a sus hijas. Antes, ya se había separado de su esposo, pero volvió con él, y para ella eso “fue un error”; creyó en un cambio de actitud. Pero, todo volvió a ser igual; la agredía, consumía alcohol y drogas. La interceptó en la calle y la agredió en vía pública. Luego de no saber dónde acudir, encontró apoyo en Adelante Mujer. Pero, pese a todo, estuvo a punto de volver por tercera vez.

“Un día mi hija me pidió una pizza. Como ya tengo (mi propio) dinero, fuimos a comprarla. Cuando vi a mi hija en la calle con los brazos abiertos diciéndome que era feliz, decidí no volver con mi agresor. Y aquí sigo”.

Aprendió a hacer salteñas veganas, de las que antes no tenía “ni idea”, y su sueño es tener una salteñería; por ahora ya hace ventas.

Lisa reconoce que ya no tiene valor para continuar con el juicio que inició contra su expareja. Dice estar cansada. “Mis pensiones ya están homologadas, ya está la liquidación. Solo falta una orden de arresto, porque ya me debe pensiones de dos años”, expresa.

Está convencida de que a pesar de no recibir las pensiones para sus hijos, ella puede y podrá salir de esa crisis emocional sola.

Proceso “al cuerno”

A Alicia le impulsaron sus hijos para buscar ayuda; le pidieron que se contacte con Adelante Mujer.

Desde hace dos años, ella vende agarrapelos y, en la actualidad tiene trabajo ayudando a una chef, y le pagan por día; también trabaja en limpieza. Con lo que gana, puede pagar el alquiler de donde vive y los gastos de sus hijos.

Alicia, quien también fue víctima de la violencia de su esposo, hizo la denuncia contra él; pero, abandonó el proceso.

“Nunca me han hecho caso; al último mandé todo al cuerno y lo dejé así hasta el momento. Él no me pasa pensiones, aunque por su voluntad viene y me deja (dinero) para los gastos de los chicos”, explica.

Algunas veces todavía la amenaza, pero, ella sostiene que ya no tiene miedo. “Tenemos apoyo incluso de abogados para cualquier cosa. Pero, no quiero levantar denuncia, además, no hay tiempo”.

Ella está decidida a seguir su emprendimiento con la ayuda de Adelante Mujer.

APUNTE A casi 8 años de vigencia de la Ley 348, a casi 800 mujeres asesinadas, a casi 800 hogares destrozados y más de 2.000 huérfanos ignorados por el Estado, se evidencia que poco ha cambiado.

"En Bolivia, la impunidad sigue siendo la regla y los derechos de los agresores prevalecen por encima de los de las víctimas”, evaluó  Mercedez Cortéz, en representación del Observatorio de Justicia.

TODAVÍA ES DIFÍCIL

Lisbeth es una de las mujeres que más recientemente conoció Adelante Mujer, hace cinco meses. Llegó ahí a través de Voces Libres. Antes de eso, atravesó situaciones desesperantes, porque durante la pandemia por la COVID-19 le fue más difícil encontrar un trabajo y mantener a sus cinco hijos. “Estaba en la calle, no tenía nada ni un catre”.

Durante el tiempo que fue víctima de violencia, sintió que tenía a la muerte cerca.

“El papá de mis hijos quiso matarme. Donde me encontraba, me golpeaba, me hacía muchas cosas (…). Siempre me ha amenazado de muerte; una vez ha intentado matarme delante de mis hijos con cuchillo, porque él anda armado. Me daba miedo. Mis hijos me salvaron”.

Ahora se expresa más tranquila y dice que ve a sus hijos hasta “más sanos”. Todavía pasa momentos complicados, pero siente confianza en la institución.

Por ahora, hace trabajos esporádicos, de mecánica, en construcción, lavando ropa, en lo que puede. Sigue terapias psicológicas y tiene asesoramiento.

Con ayuda de las abogadas del proyecto, hizo la denuncia contra su expareja. “Ya no me molesta. En septiembre fue la última vez que lo hizo”.

El proceso penal continúa. En lo que se refiere a la asistencia familiar, concluyó. “Pero, tampoco me deposita nada”, comenta.

La fundadora y presidenta del proyecto Adelante Mujer, Sarah Abdoo, describe al grupo de mujeres que viven en la casa y a las que van a trabajar o de visita como una familia. “Estamos todas juntas en esta búsqueda de solidaridad. No es una ayuda social, somos un equipo”.

La actividad principal para el sustento de la casa es la venta de comida vegana.

¿CUÁNDO ES FEMINICIDIO? 


El artículo 252 bis del Código Penal de Bolivia señala en relación al feminicidio que “se sancionará con la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto a quien mate a una mujer en estas 9 circunstancias:

1.- El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligado a ésta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia.

2.- Por haberse negado la víctima a establecer con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad, o intimidad.

3.- Por estar la víctima en situación de embarazo.

4.- La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una relación de amistad, laboral o de compañerismo.

5.- La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

6.- Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica cometida por el mismo agresor.

7.- Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual.

8.- Cuando la muerte sea conexa al delito de trata y tráfico de personas.

9.- Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.

Los resultados: “Hay mucho por andar”

El Observatorio de Justicia dice que el 99% de los casos de violencia no llegaba a ninguna sanción, pero que ahora con la intervención de los colectivos sociales, el 60% de casos de feminicidio en Cochabamba está en procesos, hay grandes sentencias, pero todavía muchos están para juicio y hay mucho por andar.

“Lamentablemente son pocos los números de casos con sentencia ejecutoriada porque el proceso dura de 5 a 6 años, la gente se cansa y abandona; sin embargo estamos recogiendo los primeros frutos. Ya se tiene alrededor de 5 casos con sentencia ejecutoriada, aunque se lograron utilizando todas las instancias que les permite el proceso penal, hay 15 sentencias en apelación y 24 procesos en avance”.

Existen 53 casos de feminicidio, tentativas de feminicidio y un caso de infanticidio que son atendidos por el Observatorio.

LOS PORQUÉS

Mientras existen colectivos e instituciones que buscan que las cifras de feminicidios no aumenten y se elimine la violencia contra la mujer, todavía hay instancias en las que se naturalizan o justifican algunas acciones de los hombres violentos.

Parte del círculo de autoridades que debe responder ante las denuncias de las mujeres víctimas de la violencia es la Policía.

El comandante departamental, coronel Maximiliano Dávila, informa que su institución “trata de prevenir con charlas”, que se dan bajo la responsabilidad de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en distintas zonas.

“Estamos haciendo de que se haga un análisis de inteligencia para que podamos especificar dónde se llevan a cabo más este tipo de hechos. Lamentablemente, muchas veces no se puede prevenir, muchas veces hemos visto (que las agresiones han sido) por estado de embriaguez o por alguna otra situación por estados emocionales, psicológicos. Entonces, estamos tratando de buscar algún tipo de prevención para que podamos bajar en porcentajes de tipo de hechos”, asevera.

Recomienda que las mujeres no toleren ningún tipo de violencia y asegura garantías de la Policía. “Inmediatamente la Policía va a estar en el lugar para hacer prevalecer los derechos de la mujer”.

El sociólogo Fernando Salazar recuerda que la violencia, que puede llegar hasta el feminicidio, se da en todos lados y en los distintos estratos sociales.

Cuestiona al Estado. “El accionar de las instituciones estatales no pudo responder a la altura para evitar esto. Jamás pudo responder a la violencia intrafamiliar, menos a los feminicidios que se están dando”, dice y acota que las instituciones del aparato judicial, fiscalías, jueces, no logran una reacción inmediata.

Expresa que si bien puede haber respuestas de instancias como la FELCV o los Servicios Legales e Integrales Municipales (SLIM), su intervención es más de reacción que de prevención, cuando los hechos ya están consumados y “ya es tarde”.

Frente a este vacío, surgen los grupos o colectivos de ayuda, que logran financiamiento de cooperación internacional.

“Pero, obviamente, son apoyos muy específicos, reactivos, individuales. Institucionalmente, es imposible que puedan tener una cobertura y un reconocimiento, porque las autoridades de turno sobretodo judiciales o policiales, les hacen o no les hacen caso, dependiendo a veces de sus movilizaciones. A veces, la típica defensa que tienen que es hacer una denuncia pública movilizada y con actos de reproche o repudio a todos los casos que se van dando”.

Salazar sostiene que de manera institucional no existe una garantía por parte de estos colectivos, “porque lo institucional recae en la justicia”.

“Nadie puede reemplazar al Estado. Pero, frente a los hechos, obviamente, (los colectivos) son una voz más que está presente, y que crea un espacio de presión”.

Fiscal advierte que la presión social puede llevar al error judicial

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, acepta que existe una debilidad –en términos generales e institucionales– en la primera fase de la investigación que compete no solo al Ministerio Público, a la Policía en su componente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, o de la unidad especializada correspondiente así como de los medios técnicos científicos como el Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF u otros que generan ese apoyo para investigación.

Reconoce que la conformación de grupos sociales de protesta responden a la necesidad de amplificación o llevar la voz de las víctimas hacia las autoridades del sistema de justicia respecto a su derecho de acceso a la justicia, pero también advierte riesgos que pueden generar error judicial debido a la presión social que se ejerce, a los casos se mediatizan y se hacen juicios paralelos en los medios de comunicación.

Advierte que hay factores que debilitan la primera parte de la investigación, como la falta de personal y presupuesto, la finalización de contratos de técnicos, los casos que desbordan para la capacidad de atención del personal entre otros.

Señala que los fiscales que cometen errores reciben sanciones. En tanto, el sentimiento de las mujeres es de indefensión, es de injusticia.

Este trabajo fue realizado en el marco del Fondo Concursable de Periodismo de Investigación impulsado por la Fundación Construir con el apoyo financiero de la Embajada de la República Federal de Alemania.