Gente no se jubila por temor a la proletarización y asuntos monetarios
22 de julio de 2018 (16:57 h.)
Las normativas principales que rigen la edad de jubilación son la Ley de Pensiones, Ley de Ejercicio del Derecho a las Prestaciones de Vejez y de Vejez Solidaria para Asegurados Dependientes y sus respectivos Reglamentos.
El debate de un plan de jubilación forzado a fines del 2017 tuvo como fin jubilar a personas de 65 años de edad que ejercían cargos públicos y privados (alrededor de 152.1200); lo cual sin duda generaría un ahorro fiscal y significaría una potencial generación de empleo para al menos medio millón de jóvenes.
Sin embargo, esta propuesta mostró los límites y vacíos normativos. Algunos de ellos serán detallados a continuación:
Las diferencias entre los beneficiarios jubilados del sector público y privado. Tal el caso de los militares, que tienen un período de jubilación de facto denominado “servicio pasivo”, por el cual dejan de acudir a sus fuentes de trabajo y gozan el 100 por ciento de su haber.
De esta manera muestran que hay ciudadanos de primera y de última categoría, los último son los que trabajan por cuenta propia, sin recibir un sueldo ni beneficios sociales.
Por otro lado, hay desigualdad en los años y monto de aporte en la población económicamente activa. La norma establece al menos 30 años de aportes hasta los 65 años de edad. Sin embargo, por la precariedad de la estabilidad laboral, pocas personas pueden cumplir con estos requisitos. Resalta, además, la fuerte diferenciación de aporte según la escala salarial. Así, algunos aportan más que otros y hay quienes no aportan nada durante toda su vida.
A ello se suma la falta de transparencia en la asignación del monto de pensiones mensual que determinan las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
De acuerdo a denuncias de organizaciones de jubilados, la renta asignada supera la esperanza de vida en más de 100 años en Bolivia, razón por la cual, de acuerdo a la Central Obrera Boliviana (COB), el 60 por ciento de los jubilados tiene un monto que no pasa los 3.000 bolivianos mensuales.
Los factores arriba citados son algunos los elementos de resistencia a la jubilación por parte de sectores sindicales y también de personas individuales. En ellos encontramos pros y contras que detallamos a continuación:
Es cierto que todos tienen derecho al trabajo sin límite de edad. Sin embargo, también todos tienen derecho a un descanso como jubilados, ya que la vida también es para disfrutar y gozar de dignamente de la tercera edad.
La resistencia a la jubilación reside en el temor a la proletarización durante la vejez, y esto sí es un hecho, ya que los que ganan más de 10 o 20 mil bolivianos de la noche a la mañana verán sus rentas disminuidas a menos de 5 mil bolivianos, con ello su posibilidad de gasto disminuye y también su calidad de vida. El impacto es mayor en los que tienen ingresos menores a 7 mil bolivianos.
Por otra parte, las personas de la tercera edad que cuentan con empleo asumen la responsabilidad de los requerimientos de la familia extendida, en la que se dan casos de hijos e hijas sin una fuente de trabajo estable, y nietas y nietos que necesitan apoyo.
A estos elementos se pueden añadir otros más. Pero, en el fondo, mantener a una persona de la tercera edad trabajando es de verdad “inhumano”.
CONCLUSIÓN
Para concluir, es urgente hacer un cambio estructural en el régimen de pensiones y jubilaciones que permita a todos beneficiarse de una renta humana y digna. Algunas acciones que se pueden ejecutar son:
Velar por un régimen de aporte universal en las personas económicamente activas y que no sean solo los asalariados y contribuyentes quienes asuman la mayor carga de impuestos. Cada sector debe ver por un aporte de ahorro individual forzado. Por ejemplo, incluir un monto mínimo en la papeleta de la luz.
Se debe eliminar las diferenciación de tipos de jubilación entre ciudadanos de primera y última categoría, salvo casos en los que se comprueba que el trabajo afecta en la esperanza de vida (mineros interior mina).
Se debe eliminar los bonos políticos, como Bono Dignidad y destinar el total de estos recursos a las personas que no gozan de renta de jubilación, así incrementará el monto mensual solidario, sin afectar totalmente a los que aportan en ahorros individuales de jubilación.
Las AFO deben reestructurar la escala de años de esperanza de vida que manejan y adecuarla a la situación real, con el fin de incrementar el monto de renta de los aportantes, según su aporte real y en términos individuales.
Se deben suprimir los préstamos forzados de los fondos de pensiones a los gobiernos de turnos sin que cuenten con planes de pago mensuales reales, ya que lo otro implica la confiscación de recursos.
SUGERENCIAS
Los montos de jubilación que recaudan las AFP también deberían de ser destinados a la creación de hospitales geriátricos universales para personas de la tercera edad.
Asimismo, se deberían de emplear los recursos en la creación de programas de recreación y formación para las personas de la tercera edad.
El debate de un plan de jubilación forzado a fines del 2017 tuvo como fin jubilar a personas de 65 años de edad que ejercían cargos públicos y privados (alrededor de 152.1200); lo cual sin duda generaría un ahorro fiscal y significaría una potencial generación de empleo para al menos medio millón de jóvenes.
Sin embargo, esta propuesta mostró los límites y vacíos normativos. Algunos de ellos serán detallados a continuación:
Las diferencias entre los beneficiarios jubilados del sector público y privado. Tal el caso de los militares, que tienen un período de jubilación de facto denominado “servicio pasivo”, por el cual dejan de acudir a sus fuentes de trabajo y gozan el 100 por ciento de su haber.
De esta manera muestran que hay ciudadanos de primera y de última categoría, los último son los que trabajan por cuenta propia, sin recibir un sueldo ni beneficios sociales.
Por otro lado, hay desigualdad en los años y monto de aporte en la población económicamente activa. La norma establece al menos 30 años de aportes hasta los 65 años de edad. Sin embargo, por la precariedad de la estabilidad laboral, pocas personas pueden cumplir con estos requisitos. Resalta, además, la fuerte diferenciación de aporte según la escala salarial. Así, algunos aportan más que otros y hay quienes no aportan nada durante toda su vida.
A ello se suma la falta de transparencia en la asignación del monto de pensiones mensual que determinan las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
De acuerdo a denuncias de organizaciones de jubilados, la renta asignada supera la esperanza de vida en más de 100 años en Bolivia, razón por la cual, de acuerdo a la Central Obrera Boliviana (COB), el 60 por ciento de los jubilados tiene un monto que no pasa los 3.000 bolivianos mensuales.
Los factores arriba citados son algunos los elementos de resistencia a la jubilación por parte de sectores sindicales y también de personas individuales. En ellos encontramos pros y contras que detallamos a continuación:
Es cierto que todos tienen derecho al trabajo sin límite de edad. Sin embargo, también todos tienen derecho a un descanso como jubilados, ya que la vida también es para disfrutar y gozar de dignamente de la tercera edad.
La resistencia a la jubilación reside en el temor a la proletarización durante la vejez, y esto sí es un hecho, ya que los que ganan más de 10 o 20 mil bolivianos de la noche a la mañana verán sus rentas disminuidas a menos de 5 mil bolivianos, con ello su posibilidad de gasto disminuye y también su calidad de vida. El impacto es mayor en los que tienen ingresos menores a 7 mil bolivianos.
Por otra parte, las personas de la tercera edad que cuentan con empleo asumen la responsabilidad de los requerimientos de la familia extendida, en la que se dan casos de hijos e hijas sin una fuente de trabajo estable, y nietas y nietos que necesitan apoyo.
A estos elementos se pueden añadir otros más. Pero, en el fondo, mantener a una persona de la tercera edad trabajando es de verdad “inhumano”.
CONCLUSIÓN
Para concluir, es urgente hacer un cambio estructural en el régimen de pensiones y jubilaciones que permita a todos beneficiarse de una renta humana y digna. Algunas acciones que se pueden ejecutar son:
Velar por un régimen de aporte universal en las personas económicamente activas y que no sean solo los asalariados y contribuyentes quienes asuman la mayor carga de impuestos. Cada sector debe ver por un aporte de ahorro individual forzado. Por ejemplo, incluir un monto mínimo en la papeleta de la luz.
Se debe eliminar las diferenciación de tipos de jubilación entre ciudadanos de primera y última categoría, salvo casos en los que se comprueba que el trabajo afecta en la esperanza de vida (mineros interior mina).
Se debe eliminar los bonos políticos, como Bono Dignidad y destinar el total de estos recursos a las personas que no gozan de renta de jubilación, así incrementará el monto mensual solidario, sin afectar totalmente a los que aportan en ahorros individuales de jubilación.
Las AFO deben reestructurar la escala de años de esperanza de vida que manejan y adecuarla a la situación real, con el fin de incrementar el monto de renta de los aportantes, según su aporte real y en términos individuales.
Se deben suprimir los préstamos forzados de los fondos de pensiones a los gobiernos de turnos sin que cuenten con planes de pago mensuales reales, ya que lo otro implica la confiscación de recursos.
SUGERENCIAS
Los montos de jubilación que recaudan las AFP también deberían de ser destinados a la creación de hospitales geriátricos universales para personas de la tercera edad.
Asimismo, se deberían de emplear los recursos en la creación de programas de recreación y formación para las personas de la tercera edad.