Familias de agresores de mujeres enfrentan adversidades y conflictos
"Estoy de acuerdo con que se haga justicia con mi padre, por seguridad y tranquilidad de mi madre Ana", dice Nadir con aplomo, superando el enorme conflicto sentimental y humano que le ha tocado vivir el último año.
La joven de 20 años aún está traumada por lo que pasó en julio de 2018 y que le cambió totalmente la vida. Aquel lunes aún dormía cuando dos de sus hermanos salieron a trabajar y otros dos fueron al colegio. Noche antes, Nadir había estudiado hasta tarde porque quería aprobar el examen de ingreso a la universidad.
Erick, su padre, tenía una orden de aprehensión y de alejamiento porque meses antes atacó a Ana con un clavo y casi la deja ciega. Pero, esa mañana llegó a la casa de Ana sin ninguna restricción, con la excusa de que quería dejar dinero para sus hijos.
Nadir solo recuerda que su madre dijo su nombre y, en cuanto abrió los ojos, vio a su padre asestando puñaladas a la espalda de su madre. La adolescente se lanzó a detener la agresión tomando el cuchillo de mesa por la hoja y también resultó herida. Su padre salió corriendo y ella intentó seguirle, pero, como estaba descalza, apenas pudo atravesar el patio. Luego vio a su madre ensangrentada, quien le decía "perdóname" y trataba de despedirse. Su pequeño sobrino de dos años gritaba aterrado en la cama.
Nadir pidió auxilio a su tía y luego fue a casa de sus abuelos paternos para abogar porque la Policía no se lleve a su abuelo de 70 años, "en cuenta de su padre", en medio de la conmoción de su abuela.
La joven acompañó a su madre en el hospital durante un mes y medio. Contrajeron cuantiosas deudas para la atención de Ana, que estuvo punto de perder la vida. Tres de las puñaladas que recibió eran superficiales, pero la cuarta tocó el pulmón. En el hospital estaba con oxígeno todo el tiempo. El aliento de sus seis hijos y sus pedidos de que no se muera le dieron fuerzas para seguir luchando, pese al profundo trauma sufrido. Ana estaba aterrada de que su exesposo vuelva a acaabar el ataque que dejó inconcluso. Había amenazado con matarla y le advirtió que, si no lo lograba, lo haría con la menor de sus hijas.
La familia de Ana aún intenta superar la situación, pero del tema no se habla. Una de las hermanas de Nadir le recriminó por qué sentó la denuncia contra su padre.¿Tú no habrías hecho lo mismo por la Mamá? fue la respuesta.
"No sé por qué no me habla mi Papá. Yo quisiera hablar con él para comprender qué le pasó", dice Nadir pensativa. Asegura que nunca su padre se portó mal con ella ni con sus hermanos.
Ana pide que se capture a Erick para que se haga justicia. “Que mi agresor sea procesado y pague por sus delitos. Me siento amenazada porque no se cumplen las leyes. Él disfruta de su libertad como si no habría hecho nada. ¿Que hubiese pasado con mis hijos si yo moría?”, pregunta.
Hoy Ana es activista de Mujeres de Fuego. “Dios me dio una segunda vida. Ahora estoy más fuerte para salir adelante por mis hijas. Que vean en mi un ejemplo. La primera vez que Erick me amenazó con un cuchillo lo denuncié al Servicio Legal Integral y no me ayudaron. Hoy veo otra realidad, tengo otras metas y digo que se puede evitar la violencia con terapia para los hombres”. Ana no esconde su dolor. Admite que le costó mucho superar los episodios de violencia. “Hablar con otras víctimas me ha hecho más fuerte. Yo antes lloraba, no podía contar lo que pasé. He tomado fuerza y veo una superación en mi persona”, dice.
En Tarija, la organización Ni Una Menos y tres familias luchan porque las autoridades capturen a tres sospechosos de feminicidio y sean procesados.
DANIELA TAPIA
La familia de Daniela Tapia Iturry vive un calvario desde fines de 2017. La joven profesional se casó con Mauricio Morales Navarro en 2014, tuvo un hijo, y el 5 de diciembre de 2017 murió en circunstancias que exigen investigación. Ella fue incomunicada y no recibió atención médica adecuada. Fue llevada a una clínica muy tarde, donde falleció. Mauricio Morales Navarro está prófugo desde mayo pasado, tiene tres ordenes de aprehensión y ninguna se cumple.
El calvario es para las víctimas que tienen que demostrar con pruebas y con estudios, dice el padre de Daniela, Edwin Tapia.
“Es difícil seguir los actos investigativos porque hay mucha presión anímica, psicológica y económica”, agrega, pues para cada actuación tiene que ir desde Tarija hasta La Paz y, dos minutos antes, la audiencia se suspende.
"Mientras no se dé una sanción ejemplar, seguirán los feminicidios", pronostica el padre de Daniela. Por ello es que menos del 5 por ciento de feminicidios tienen sentencia ejecutoriada y “las víctimas nos cansamos de buscar justicia”, confiesa.
Un niño, que estaba de visita en la casa de Daniela contó la agonía, el suplicio y la muerte de la joven. El pequeño dio su testimonio a la Fiscalía, luego ante una cámara Gessel. Se le exigió una valoración psicológica y ahora, la fiscal Patricia Miranda, que duda del testimonio del niño, exige un certificado de credibilidad, para que vuelva a repetir lo vivido, sin considerar que el pequeño está con terapia psicológica para superar el trauma.
Morales Navarro, prófugo de la justicia, declarado rebelde y contumaz, presenta memoriales al Juzgado 2 de la Niñez y Adolescencia para intentar tener la custodia de su hijo y amenaza a la familia de Daniela, por lo que la Fiscalía instruyó protección durante 24 horas.
“Hasta ahora no hay manera de lograr justicia. Durante 18 meses seguimos en la etapa preliminar. No sabemos cuándo se llegará a juicio", agrega Tapia. En los últimos seis meses se cambió fiscal cinco veces.
MIRIAM CAUCOTA
El 6 de enero pasado, Miriam Caucota Galeán, de 41 años, fue víctima de feminicidio en Caraparí, población ubicada a 246 kilómetros de la ciudad de Tarija y parte de la Provincia Gran Chaco. El principal sospechoso es Juan Carlos Donaire, de 39 años de edad aproximadamente. En Caraparí no hay fiscal y cuando la familia de Miriam va a la Policía, el encargado da a entender “ya está muerta, ¿para qué vamos a seguir buscando?“
La familia consiguió un mapa de rastreo del celular del sospechoso y se vio que estaba en Argentina. El mapa fue entregado a la Policía y a la fiscal de Yacuiba, pero no aceptaron como base de la investigación. “Quizás cuando él se canse de escapar y vuelva, la Policía lo atrape” dice la hermana de Miriam.
TERESA RODRÍGUEZ Teresa Rodríguez, de 43 años murió el 22 de mayo pasado. Santos Méndez Ríos es el principal sospechoso, de 40 años aproximadamente. Las autoridades no hacen mucho por hallar al acusado, solo la familia busca algunas pistas. Ante las denuncias de maltrato a ella y a sus hijos no se tomaron las debidas medidas precautorias. La FELCC, la Fiscalía y el Tribunal de Justicia rechazaron intervenir cuando Méndez Ríos amenazó con descuartizarla. Teresa buscaba una certificación para que su pareja no la demande por abandono de hogar y, finalmente, el Servicio Legal Integral dio una citación a Méndez Ríos. Él disimuló su furia y convenció a Teresa para que retire la denuncia. Ella volvió con su pareja, con la esperanza de que cambie, y al día siguiente apareció muerta. Méndez Ríos se escapó, dejando abandonados a sus dos hijos adolescentes.
NOELIA MURIEL
El 9 de marzo de 2016, el expolicía Franklin Tola Mamani fue sentenciado a 30 años de prisión en la cárcel de El Abra de Cochabamba por el feminicidio de Noelia Muriel Escóbar. Como gozaba de medidas sustitutivas a la detención preventiva huyó. La directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, tiene la certeza de que pasea tranquilo por La Paz, pues acreditó ser socio de Transportes Tola Internacional que lleva carga a Perú y “no hay autoridad que lo pueda aprehender”.
Noelia vivió en 2013 unos meses con Tola Mamani, pero decidió alejarse, porque era muy celoso y agresivo. El 19 de junio de 2014, la joven participó del convite de la festividad de la Virgen de Urcupiña en Quillacollo y, al retornar, según Tola, sufrió un accidente de tránsito al caer del vehículo. En el juicio se demostró que Noelia recibió un golpe contundente en la cabeza. Estuvo en coma durante seis meses y falleció en enero de 2015. Hasta el feminicidio, Tola Mamani, fue guardia de la hija del presidente Evo Morales, y pagó una cuenta hospitalaria de 80.000 dólares.