"Si, la Chiquitanía le pertenece a Bolivia, está dentro de su territorio, pero la biodiversidad, la naturaleza que hay ahí es un bien público y hay que entenderlo así, no es fácil entenderlo, no es fácil aceptarlo y por eso es importante que las políticas públicas, que las acciones que afectan negativamente esos ecosistemas deban pensarse desde esa visión", señaló.

En entrevista con ANF, el saliente coordinador del Sistema de Naciones Unidas dijo que la ONU considera al agua y al oxígeno entre otros elementos, bienes públicos universales y que en ese marco no tienen fronteras. Instó al Estado boliviano a asumir sus compromisos asumidos con la comunidad internacional para enfrentar el cambio climático. 

"Debemos pensar que la decisión a nivel de los Estados, que las decisiones en cuanto a políticas públicas, del sector privado y lo que hacen las personas están de una manera afectando o beneficiándose de un bien público universal, y hay que pensarlo así, para asumir ese compromiso", subrayó.

El colombiano Mauricio Ramírez señaló que Bolivia tiene la gran oportunidad de demostrar -dado el incidente en la Chiquitanía- que ha sensibilizado al mundo entero sobre la situación de los bosques, que este será un tema a discutirse y debatirse en la Asamblea General en la Cumbre de Acción Climática y en la Conferencia de las Partes COP-25 en Chile el mes de diciembre.

Entre julio y agosto más 1.7 millones de hectáreas de bosques, pastizales y sabanas fueron arrasados por los incendios forestales en la Chiquitanía. Desde diferentes instituciones ecologistas y académicas se señaló como un detonante del desastre ambiental al decreto supremo 3973 promulgado el 9 de julio por presidente Evo Morales, por el cual se autorizó quemas y desmontes en propiedades privadas y comunitarias.

"Desde Naciones Unidas el Secretario General lo ha dicho muy enfáticamente; esperaríamos que los Estados en lugar de llegar con discursos, lleguen con planes de acción concretos para poder avanzar con resultados concretos para proteger el medioambiente y combatir la problemática del cambio climático y eso tiene que ver con muchas acciones", sostuvo Ramìrez. 

Insistió que a nivel global que exige una actitud y una visión de desarrollo muy diferente a lo que se ha venido haciendo en los últimos años, y que en ese marco la ONU plasmó la agenda 2030, basada en la reflexión de los Estados miembros. "Este plan se extenderla hasta el 2045 porque si vamos así no es sostenible el planeta"; dijo. 

Desde las Naciones Unidas se promovió compromisos a nivel internacional que se traducen en acuerdos, tratados, e iniciativas de carácter internacional, algunos de ellos jurídicamente vinculantes para los Estados y otros más de carácter voluntario.

"Pero que en definitiva comprometen la voluntad política de los Estados y es importante que los Estados mantengan una coherencia en sus compromisos a nivel internacional, sobre los aspectos de desarrollo que pueden poner en riesgo la sostenibilidad de nuestro planeta", mencionó.

El especialista en materia de derechos humanos, dijo que, si bien las responsabilidades sobre el calentamiento global y la contaminación planetaria no son las mismas de los países industrializados de aquellos en desarrollo, en materia ambiental los compromisos son compartidos.

"Desde la Cumbre de la Tierra de 1992, la Conferencia de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo de Rio de Janeiro de donde surgen la Convención de ONU para el Cambio Climático, la Convención de Naciones Unidas para la Conservación de Biodiversidad, de donde surge el acuerdo para la gestión de manejo de bosques, la agenda 21, todos han marcado una ruta", citó.

Las Conferencias de Naciones Unidas de Río, Río +5, +10, +15, +20 las COPs de Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Protocolo de Montreal, el Acuerdo de París, "todas estas decisiones se toman en el seno de las Naciones Unidas para asegurar el compromiso que han asumido los países miembros en implementar políticas públicas que respondan a esos compromisos internacionales", sostuvo. 

En el caso boliviano se ha observado que durante el Gobierno de Evo Morales se han flexibilizado las normas para dar paso a las quemas y desmontes con el argumento de ampliar la frontera agrícola para la alimentación, pero también para la producción de etano y biocombustibles asociados a la agroindustria.