A fines del año 1999, las voces de protesta por las políticas que el Gobierno quería aplicar en torno al agua en Cochabamba se hicieron eco entre las organizaciones sociales y sectores que sufrían por la carencia de este servicio básico.

Las movilizaciones que se prolongaron durante más de seis meses dejaron para Cochabamba y el país un impacto político y social importante, aunque poco se hizo por satisfacer la necesidad de contar con agua en la zona sur, sector que se levantó contra la privatización del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Ésta es una de las conclusiones de dos actores de las protestas del año 2000, Óscar Olivera, representante de la Coordinadora del Agua, y Omar Fernández, dirigente de la Federación Departamental Cochabambina de Regantes, quienes aseguran que más allá de evitar la consolidación de Aguas del Tunari en Cochabamba, el objetivo era paralizar el proceso de privatización que se venía dando durante el Gobierno de Hugo Banzer Suárez.

“Muchos creen que la Guerra del Agua fue una lucha solo por la recuperación de Semapa y eso no es cierto. El punto principal era cambiar la Ley 2029 que posibilitaba un proceso privatizador”, señala Olivera.

Recuerda que este proceso establecía no solo la posibilidad de concesionar empresas públicas de agua, sino que ante todo el objetivo era crear un mercado de aguas, separar este recurso de la tierra y expropiar todas las fuentes de las comunidades en el área rural y urbana.

Por ello era inconcebible que el agua pueda ser propiedad de alguien y que “de la noche a la mañana una empresa quiera crear ríos”, menciona.

En opinión de Olivera, el mayor logro de la Guerra del Agua fue el hecho de que la gente pudo decidir el futuro del servicio.

“Los cochabambinos fueron protagonistas, y para mí, valió la pena, pues a partir del año 2000 hubo cambios sustanciales. En 2001 tuvimos la lucha por la coca, en 2003 por el gas y en 2005 por la Ley de Hidrocarburos”, sostiene.

En criterio de Omar Fernández, la Guerra del Agua tuvo también sus aciertos en el ámbito político. Él asegura que sin esta lucha Bolivia no hubiera iniciado el proceso de recuperación de sus recursos naturales.

Otro de los avances fue, añade Fernández, el reconocimiento del agua como derecho fundamental para la vida en la nueva Constitución Política del Estado.

“Bolivia es uno de los pocos países, si no es el único de Sudamérica, que tiene esta característica en su Constitución Política”, menciona el regante.

La creación del Ministerio del Agua y varias entidades como el Servicio Nacional de Riego, los Servicios Departamentales de Riego, las instituciones de control social como el Comité Técnico de Registros y Licencias, son resultado de la batalla y de toda la institucionalidad que se ha creado posterior a la Guerra del Agua, señala Fernández.

Destaca además los impactos positivos que se dieron en el ámbito internacional, después de la Guerra del Agua, pues Uruguay reconoció este servicio básico como un derecho humano a través de un referéndum, y la Organización de Naciones Unidas determinó que este recurso debe ser accesible para todos.

CRONOLOGÍA

Todo comenzó el 4 de septiembre de 1999 con la firma del convenio entre el Gobierno de Bolivia y el consorcio extranjero Aguas del Tunari para la concesión de Semapa.

El 22 de octubre, el Gobierno del entonces presidente Hugo Banzer aprobó la Ley 2029 que avalaba el contrato con Aguas del Tunari y permitía los monopolios para la dotación de agua, en el campo y la ciudad.

En el mes de diciembre de ese mismo año se incrementan las tarifas de agua. En algunos casos en más del 100 por ciento.

El 11 de enero de 2000, la Coordinadora del Agua convoca a una movilización en contra de Aguas del Tunari y la Ley 2029.

El 14 de enero, el Gobierno se compromete a revisar el contrato y a elaborar una nueva estructura tarifaria.

El 4 de febrero, la Coordinadora convoca a una toma pacífica de la ciudad, la cual deriva en una represión policial contra la población y se agrava el conflicto.

El 26 de marzo, la Coordinadora realiza una consulta popular, en la que más de 50.000 personas respaldan la rescisión del contrato con Aguas del Tunari.

El 4 de abril, la Coordinadora del Agua convoca a bloqueos de carreteras y un paro indefinido para exigir que Aguas del Tunari se vaya y se modifique la Ley 2029. Al tercer día del paro se reanudan las negociaciones.

Del 7 al 11 de abril, el estado de sitio agrava la situación; se desata la Guerra del Agua, muere Víctor Hugo Daza y hay varios heridos.

El 11 de abril, el Parlamento aprueba la ley con las modificaciones propuestas por la Coordinadora y al día siguiente se levantan los bloqueos.

Apuntes.

Ley 2029

El logro más importante, en opinión de los actores de la Guerra del Agua, fue evitar que la Ley 2029, llamada ”Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario” entre en vigencia.

La población pedía que la normativa respete el uso público del agua.

Tarifas

Con la llegada de la transnacional Aguas del Tunari a Cochabamba, el incremento en el precio de este servicio en la ciudad fue, en algunos casos, hasta del 100 por ciento , lo que generó molestia en la población.

Defensa de recursos

Con la Guerra del Agua se inició en el país un proceso de lucha por la recuperación de los recursos naturales.

Impacto internacional

Según los dirigentes que lideraron la Guerra del Agua, la protesta de Cochabamba tuvo un impacto en el ámbito internacional porque cambió la concepción del acceso a este servicio básico.