El pasado viernes, la Cámara de Senadores, sin la presencia de la oposición, aprobó en su estación en grande y en detalles, el proyecto de Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, más como “Ley de Garantías”. La propuesta generó polémica por el rechazo que tuvo en políticos y sectores sociales.

La norma tiene por objeto prohibir aprehensiones y detenciones preventivas o cualquier medida a aplicada a bolivianos y extranjeros, por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019.

El documento establece que el Ejecutivo otorgue una reparación o resarcimiento de daños en favor de las familias de los fallecidos en las movilizaciones sociales después del 21 de octubre.

Asimismo, se dispone a otorgar atención médica, psicológica, intervención quirúrgica y rehabilitación a las personas lesionadas.

Respecto a los detenidos, establece la cesación de la detención preventiva de quienes participaron en las movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre.

Insta al Ministerio Público a investigar de manera exhaustiva los hechos derivados en el arresto, aprehensión, lesiones y muerte de los movilizados.

También establece que el Estado deberá garantizar los derechos, libertades y garantías constitucionales para todos los involucrados movilizados en todo el territorio nacional.

Las personas que consideren que su integridad física y sus bienes están en peligro deberán denunciar, de forma verbal o escrita, para la activación inmediata de las acciones de protección.

Por otro lado, garantiza la libertad de prensa a todos los medios de comunicación, incluso los internacionales. Éstos no serán controlados por ningún órgano del Estado.

A continuación, el documento del proyecto de ley.  

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