Observa Bolivia, una iniciativa ciudadana conformada por 16 organizaciones de la sociedad civil boliviana, con la asistencia técnica de IDEA Internacional y el apoyo de la Unión Europe y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, concluyó su trabajo de observación y emitió un informe sobre las elecciones del 18 de octubre de 2020, acto electoral que, señaló, significó "el retorno a la normalidad institucional en Bolivia, luego de un proceso político complejo, difícil e incierto, cargado de tensiones, que se fueron acentuando en un contexto de polarización y emergencia sanitaria frente a la pandemia".
 

Realizó varias observaciones, entre ellas la necesidad de una revisión de la normativa electoral por considerar que tiene sanciones exageradas o vacíos.
 

La organización ve importante la recomposición del Tribunal Supremo Electoral, TSE, aspecto considerado clave para recuperar la “crebilidad del proceso, pero no suficiente”. Contempló que la polarización y pandemia motivaron diversas situaciones en las que actores políticos, cívicos y sociales presionaron e interfirieron las labores del órgano electoral, afectando su independencia y autonomía.
 

Evaluó que la etapa preelectoral se caracterizó por la alta conflictividad, con enfrentamientos y movilizaciones de protesta que tensionaron a todo el país, agravadas por ciertas acciones radicales y discursos de confrontación y estigmatización de algunos actores.

“Este escenario de polarización política, con la construcción de un imaginario que ponía el énfasis en una narrativa orientada a resaltar la falsa contradicción entre oriente-occidente, urbano-rural, con connotaciones incluso racistas, invisibilizó en el debate electoral las propuestas y programas que pudieran promover los derechos humanos, la reforma de las instituciones, la inclusión social de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, así como la agenda de igualdad y equidad de género”.

ORDENAMIENTO JURÍDICO

La organización señaló que el marco normativo para estas elecciones estuvo regido por el proceso electoral fallido de 2019, con algunas adaptaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ALP, como: resultados definitivos e irrevisables, la estabilidad en el cargo de las autoridades electorales y el principio de preclusión, por el que la actividades cumplidas ya no pueden ser revisadas ni repetidas, pero que excepcionalmente se han tenido que adaptar a los difíciles retos de la realidad política y sanitaria, con el fin de volver a la normalidad constitucional.

También consideró la necesidad de revisar ciertas sanciones consideradas “desproporcionadas” como la “cancelación inmediata de la personalidad jurídica de aquellas organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, lo que afecta la libertad de asociación, o la prohibición que las misiones nacionales de acompañamiento electoral que difundan resultados de estudios de opinión electoral, por cualquier medio, bajo sanción de cancelación de su acreditación (Artículo 136 – III y IV de la Ley N° 026 del Régimen Electoral), que constituye una forma indirecta de restringir las libertades de expresión e información”.

Añadió que en la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, la tipificación como transfugio político el que un representante electo asuma de forma pública una posición política contraria a la declaración de principios, la plataforma programática y/o al programa de gobierno de la organización política que la o lo postuló (Artículo 29-c), lo que inhibe y restringe la libertad de expresión de las autoridades electas en cargos de representación popular, afectando la calidad de su mandato.

En ese sentido, recomiendó encarar un proceso de reforma de la legislación electoral que contribuya a una competencia electoral justa, libre y transparente, respetando los estándares internacionales de derechos humanos.

Otro ordenamiento jurídico electoral observado tiene que ver con la proclama la igualdad entre mujeres y hombres, viendo una necesidad de construir condiciones para el ejercicio pleno y equitativo de los derechos políticos, ‘con medidas contra el acoso y la violencia política y establece medidas para la participación política de las mujeres bajo el principio de paridad. Sin embargo, a pesar de contar con una normativa progresista respecto a los derechos políticos de las mujeres, la misma no tiene un pleno cumplimiento por lo que se hace necesario garantizar su efectivo cumplimiento a través de: i) su difusión en la sociedad, en las organizaciones políticas, los y las candidatas como las autoridades electas; ii) el establecimiento de reglamentos y mecanismos específicos que viabilicen su aplicación; y iii) aplicación de mecanismos agiles y oportunos para el seguimiento y control de aplicación del ordenamiento jurídico electoral con relación a la igualdad política, los derechos de las mujeres y la paridad”.

También concluyó que la designación de Vocales del TSE, que cumple los requisitos constitucionales, así como su apertura al escrutinio público y la vigilancia de la sociedad civil; sin embargo, persisten debilidades en el mecanismo de calificación de méritos, a cargo en exclusividad de los miembros de la ALP, donde los puntajes otorgados en la etapa de entrevistas, en algunos casos, suelen ser bastantes discrecionales; por lo que se recomienda, en aras de incrementar la trasparencia de este proceso, “incorporar en el Reglamento de la ALP algún mecanismo que garantice que una instancia independiente y plural pueda apoyar y acompañar esta labor. Lo mismo para el proceso de calificación y selección de postulantes a nivel departamental, donde el proceso no fue tan abierto al público”.

El informe destacó la inclusión del voto joven, la organización de encuentros entre autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación sociales y líderes de opinión pública, a fin de dar cuenta sobre los avances, retos y pro- blemas que enfrentó el proceso electoral.