Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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HAY MUERTES POR DECENAS Y AGRESIONES QUE AFECTAN AL ENTORNO

Ante feminicidios y violencia, se requiere más de lo que los candidatos ofrecen en época electoral

Los presidenciables exponen en sus programas de Gobierno las promesas de lucha contra el maltrato y las agresiones en contra de las mujeres.

Ante feminicidios y violencia, se requiere más de lo que los candidatos ofrecen en época electoral

Selena C.R. (23), Guisela A.L. (22), Dayana Q.R. (21), Martha R.G. (30), Cinthya M.R. (30), Inés H.G. (61), Albina V.G. (70), Cirila M. (42), Soledad Ll (36), Dayneth Ch. (22), Betsabé A. (24) y Florinda S. (27) son los nombres de solo las víctimas de feminicidio en Cochabamba, entre enero y septiembre de este año.

La violencia contra la mujer es uno de los problemas más delicados. En la actual época electoral, también es una de las aristas en los programas de Gobiernos de las organizaciones políticas que buscan gobernar Bolivia.

Sin embargo, para las organizaciones que luchan contra este mal, las propuestas no son las suficientes o no responden a las demandas expuestas por estos sectores.

En Bolivia, de acuerdo con los datos ofrecidos por Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres y la Fiscalía General del Estado, entre el 1 de enero y septiembre, hubo 86 feminicidios; la mayoría en La Paz (30), Santa Cruz (15) y Cochabamba (12).

A esas mujeres las mataron con golpes contundentes en la cabeza, estrangulamiento, asfixia o apuñalamiento y hasta fueron quemadas.

En 2019, los feminicidios en el país sumaron 117.

De los 86 que van en 2020, solamente 12 (14%) llegaron a una condena para el responsable. Ocho casos fueron extinguidos por el suicidio de los feminicidas, 41 fueron imputados y tienen detención preventiva, y 25 continúan en investigación preliminar.

LAS DEMANDAS

La representante del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, cuestiona que no se reciban propuestas reales de parte de ninguno de los frentes políticos.

“Lamentablemente, se sigue manejando que solo las mujeres tienen que atender los hechos de violencia, como si fuera un tema solo de mujeres, cuando la violencia intrafamiliar afecta a todo el grupo, hombres, mujeres, niños. Es un problema de salud pública”.

Sostiene la necesidad de una reingeniería de la justicia.

Desde el punto de vista de esta organización, son parte de las respuestas esperadas que se otorgue un mínimo un 5% del Tesoro General de la Nación (TGN) para la administración de justicia, con un 2% destinado a la lucha contra la violencia hacia la mujer en específico. Se estima que esos recursos puedan utilizarse para crear juzgados especializados únicamente para casos de violencia, “porque ahora los pocos que existen son contra la violencia y son también anticorrupción; a la vez ven casos de violencia a la mujer y el caso barbijos, mochilas y demás”.

Cortez enfatiza que, desde la vigencia, en 2013, de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, no se cuenta con médicos forenses especializados en estos temas. Tampoco existe especialización formal en la Policía Boliviana, incluyendo salarios adecuados para este personal, que incluso paga de su bolsillo las fotocopias que las víctimas no pueden pagar. Similar situación se da con los profesionales abogados, quienes puedan ser especializados en temas de violencia y ya conozcan la perspectiva de género.

Por otro lado, expone, se deben mejorar las instancias de apelación. Existen casos en los que los culpables de femincidio son sentenciados a 30 años de cárcel; pero “con la apelación, los casos duermen dos o tres años y (los autores de los hechos) aprovechan para obtener su libertad antes de que se ejecutoríe su sentencia”.

Recalcan la necesidad de que la justicia sea pronta, eficaz y transparente, y que los casos no duren, como en la actualidad, “cinco años”.

“No hemos visto propuesta relacionada al problema de fondo del sistema de justicia en general y de la lucha contra la violencia (…)“´.

Los centros de acogida no tienen el funcionamiento que se necesita, iniciando porque es la víctima quien debe dejar su casa en lugar de que eso ocurra con el agresor; y, luego, por la dependencia económica y emocional vuelven con quien les hizo daño. Resta plantear políticas de trabajo, centros de cuidados de sus hijos, formación y otros aspectos.

Hay organizaciones que luchan contra la violencia hacia las mujeres que fueron invitadas por las organizaciones políticas a exponer la problemática, pero no ven sus demandas reflejas en la oferta electoral.

“Una política integral, de ningún partido hemos recibido”, recalcó Cortez.

Las demandas para luchar contra este mal

Dentro una agenda política desde las mujeres, como parte de la campaña Protagonistas para el período 2020 - 2025, se exigen las garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a vivir libres y violencia.

Entre las demandas están:

  • Política pública para construir una cultura democrática, despatriarcalizadora y sin violencia desde un enfoque intercultural

  • Estrategia nacional de comunicación para eliminar la violencia

  • Sistemas integrales de prevención de violencia en el ámbito educativo

  • Compatibilizar las normativas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos con la Ley contra el Acoso y Violencia Política y la Ley 348

  • Sistema de justicia con recursos humanos especializados y suficientes

  • Inversión en infraestructura y equipamiento

  • Interlegalidad entre justicia indígena y justicia ordinaria

  • Institucionalización, fortalecimiento y ampliación de los SLIM y otros servicios

  • Protocolos especializados y estandarizados y registro único en los diversos niveles territoriales y funcionamiento sostenido del SIPPASE

  • Creación de juzgados y fiscalías especializadas en atención a mujeres víctimas de violencia

  • Fortalecer y ampliar los servicios de atención a las víctimas de violencia en provincias y áreas desconcentradas

  • Capacitación en temas de género y desnaturalización de la violencia para administradores de justicia y como condición para ser funcionario público

Cinco de seis frentes se refieren al tema en sus programas de Gobierno

De los seis frentes políticos que se mantienen en carrera rumbo a las elecciones del 18 de octubre, cinco tienen propuestas para las mujeres en torno a la violencia y el tema de los feminicidios.

El Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) no incluye propuestas al respecto.

CC Comunidad Ciudadana (CC) plantea trabajo en cuatro ámbitos: empoderamiento político real, autonomía económica, sanciones más drásticas contra las formas de violencia y la creación de institucionalidad eficiente para garantizar el cumplimiento de las leyes.

“Nuestro enfoque abarcará la protección de los derechos de las mujeres desde su nacimiento (…), diferenciando la violencia a las niñas y adolescentes de la violencia a las mujeres adultas”.

También ofrece la atención inmediata y prioritaria a denuncias de violencia, y denunciando la agresión ante las instancias correspondientes, mediante unidades de trabajo social hospitalarias.

CREEMOS La alianza Creemos ofrece acciones para superar la Violencia de Género. “Es necesario volcar todos los medios de que dispone el Estado para su superación”, expone su documento.

Este frente propone un impulso en términos políticos y presupuestarios, “para fortalecer la Lucha contra la Violencia de Género, en el marco de las disposiciones de la Ley 348, que permita reducir el número de feminicidios y de violaciones el año 2025 a menos de la mitad de las producidas el año 2019”.

LIBRE 21 Libertad y Democracia (Libre 21) propone endurecer y ampliar las penas cuando haya violencia contra la mujer; y crear una Defensoría de la Mujer y el Niño, para atender exclusivamente este tipo de casos; incluso sanciones de hasta cadena perpetua a los feminicidas.

Incluye en su plan combatir la violencia hacia la mujer y erradicar los feminicidios, capacitación laboral y de emprendimiento, protección a madres solteras, fortalecer el empoderamiento de sus derechos y centros de atención inmediata e integral para la mujer víctima de violencia (techo, comida, apoyo económico).

MAS-IPSP El Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) promete mayor inversión en seguridad ciudadana, específicamente para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes; más programas y proyectos dirigidos a la prevención y registro de crímenes de violencia contra la mujer, entre otros; crear mecanismos de seguimiento para garantizar que las alcaldías y las gobernaciones ejecuten efectivamente el 10% del IDH para seguridad ciudadana e incentivos para que este monto se dirija a la lucha contra la violencia hacia las mujeres; además de mejorar la eficacia en la resolución de controversias incrementando el número de procesos judiciales , haciendo énfasis en los casos de feminicidios y violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.

FPV El Frente Para la Victoria (FPV) dice que habrá “tolerancia cero a la violencia contra niños, niñas, mujeres y ancianos”. Con un plan de lucha, prevé iniciar una campaña nacional que involucre a ministerios, alcaldías y la sociedad civil. Propone que los gobiernos municipales desarrollen programas preventivos contra todas las formas de violencia; colocar este tema en la agenda nacional, generando acciones para evitar “estas graves heridas que generan círculos de violencia”; y una campaña sostenida en medios de comunicación sobre los derechos de los niños, mujeres y ancianos.

Agrega la implementación de casas de acogida, protección y producción para niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad.