Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 06 de octubre de 2022
  • Actualizado 14:07

Constitucionalistas analizan si Presidenta debería o no destituir a Fernando López

El ministro de Defensa, Luis Fernando López. Foto: ABI.
El ministro de Defensa, Luis Fernando López. Foto: ABI.
Constitucionalistas analizan si Presidenta debería o no destituir a Fernando López

Dos constitucionalistas analizaron la censura al ministro de Defensa, Luis Fernando López, con posiciones contrarias. Mientras uno de los especialistas dice que se debe cumplir con la CPE y destituir a la autoridad, otro señala que se debe recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El abogado constitucionalista Luis Vásquez Villamor afirmó que la Asamblea obró  correctamente al votar por la censura de López y advirtió que la presidenta Jeanine Áñez cometería un "gravísimo error" si decide ratificarlo en el cargo.

Dijo que algunos asambleístas se escudan en la Constitución pasada para observar la legalidad de la censura y de la destitución, pero la Carta Magna actual dispone que tras la censura la destitución es inmediata.

Vásquez agregó que si López es ratificado se estaría incurriendo en la figura del delito de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y esto podía dar paso a un juicio de responsabilidades. 

El abogado Williams Bascopé, en tanto, dijo que el Tribunal Constitucional debe aplicar la normativa ante las "arbitrariedades" del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea, para evitar vulneraciones a la Constitución, con determinaciones atentatorias a las normas vigentes como habría sigo la censura a López. 

"Los asambleístas del MAS pueden ser susceptibles a procesos por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias por sus arbitrariedades", indicó.

Bascopé agregó que para llegar a la censura, que es un proceso administrativo de carácter legislativo, se debe respetar los principios básicos de la Carta Magna, que involucra el  derecho a defenderse de quien será interpelado, el derecho a poder defenderse en un debido proceso, mostrar su inocencia y ser escuchado.

Estos principios, afirmó, fueron infringidos por asambleístas del MAS.