Plataformas y comités cívicos de siete regiones están en puertas de radicalizar sus protestas, con banderas distintas que van desde el desconocimiento de los resultados de las Elecciones Generales 2020 que dieron por vencedor al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, hasta la petición de renuncia del titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero. El factor en común entre los protestantes es la realización de una auditoría al proceso electoral.

Santa Cruz se presenta como el lugar con mayor movimiento por causa del descontento en las plataformas, aunque también la división entre el Comité Cívico Pro Santa Cruz y los autoconvocados, liderados por la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), ha quedado expuesta el martes, cuando los miembros de ese comité, comandados por Rómulo Calvo, fueron rodeados y se declararon como “rehenes”.

Con la brecha evidenciada, esa ciudad se alineó detrás de la determinación asumida por el Comité, que definió un “paro gradual” que comenzará hoy con la paralización de actividades en el bloque chiquitano y continuará mañana, con un paro cívico en el departamento durante 24 horas. El transporte y los industriales se sumarán. La Alcaldía y la Gobernación cruceñas también se adhirieron. “Vamos a respaldar la institucionalidad no solo con apoyo moral, sino con acompañamiento de las medidas que se tomen dentro del marco de la democracia”, expresó el funcionario Vladimir Peña, en contacto con El Deber.

Tarija estableció un cabildo para mañana, con el fin de denunciar lo que considera como un “fraude monumental”. Pide una auditoría para “transparentar” los comicios del 18 de octubre, que reflejaron la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS), con el 55.1%; y también la reposición de la figura de los dos tercios. En la llamada Asamblea de la Tarijeñidad incluso hubo quienes sugirieron que una junta militar asuma el mando.

Tras el cabildo que se llevó a cabo el martes, sectores de La Paz definieron ingresar hoy a un paro cívico, con el objetivo de exigir que las elecciones sean anuladas debido a que entienden que hubo “fraude”. También quieren que el presidente del TSE deje su cargo.

Por su parte, el Comité Cívico de Oruro le envió una misiva a la UJC señalando su adhesión a las medidas de dicha agrupación, pues piensa que hubo un “fraude evidente”.

Juan Carlos Manuel, titular del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), refirió: “Hay denuncias. Al sacar los dos tercios, nos dijeron que harán lo que quieran”. En ese entendido, dicha entidad llamó a movilizaciones a partir de hoy, desde las 14:00. La exigencia es la realización de una auditoría y la anulación de la medida de los dos tercios en el legislativo.

De acuerdo con un video difundido en redes, el Comité Cívico de Pando ha sugerido que los asambleístas de Creemos y de Comunidad Ciudadana (CC) que asumieron sus cargos reviertan esa acción y devuelvan sus credenciales.

El Comité Cívico de Beni, si bien acompaña la petición de una auditoría, no entrará en paro, pues considera que el departamento ha sido el más golpeado en la pandemia y una paralización de actividades perjudicaría aún más a la sociedad. Gueiser Chávez, líder de esa agrupación, matizó: “No pretendemos desconocer a un posible gobierno electo. Jamás hemos indicado que la ciudadanía salga a hacer un paro cívico”.

El ente cívico cochabambino solicita que la Organización de Estados Americanos (OEA) realice una auditoría. Le envió un memorial al Tribunal Electoral Departamental (TED) en el que dejó sentada su intención de que se efectúe la fiscalización. Mientras tanto, El Comité Cívico de Chuquisaca se despegó de toda movilización. Delfín Romero, titular de esa organización, manifestó: “Llamar a la violencia entre bolivianos no está bien”.