Descontrol, enfrentamientos, barricadas en las esquinas, agresión y saqueos a las viviendas de dirigentes y funcionarios, al calor de las protestas desatadas en varias ciudades del país, a pocas horas de que el expresidente Evo Morales oficializara su renuncia a través de una cadena nacional. El 10 de noviembre de 2019, Bolivia vivió una de las jornadas más complicadas fechadas en la última década, con la confrontación social como elemento central.

Hoy se cumple un año de aquella fecha, caracterizada por la declinación al cargo de Morales, presionado por la convulsión desatada y las denuncias de fraude electoral que marcaron los resultados que lo dieron como vencedor en primera vuelta, con un 47.08 al 100% de los cómputos. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) le había ganado la contienda al entonces candidato por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, con más de 10 puntos de ventaja. Sin embargo, el proceso fue observado y anulado, luego de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aseverara la existencia de aparentes irregularidades.

“Decido renunciar a mi cargo a la presidencia para que Mesa (Carlos) y Camacho (Luis Fernando) no sigan persiguiendo a mis hermanos y dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas de los gobernadores del MAS en Oruro y Chuquisaca y de asambleístas. Que no sigan perjudicando a la gente más humilde. Estoy renunciando para que mis hermanos, dirigentes y autoridades del MAS no sean amenazados”, decía, hace exactamente un año, Morales, poniendo, así, fin a 14 años de mandato ininterrumpido.

Esa misma noche, una de sus casas en Cochabamba, situada en Villa Victoria, era amedrentada por algunos grupos. Un vecino del lugar, que intentaba frenar la arremetida, aclaraba a la Red Bolivisión que no eran afines al partido azul, pero que se oponían a los destrozos para evitar un posible daño al resto de las viviendas. Los muebles, ventanas y paredes de la casa de Morales quedaban dañados.

La vivienda del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana resultaba saqueada por una turba que pintó sus paredes y se llevaba documentación, de acuerdo con un reporte de Red Uno. La periodista Casimira Lema, de la Televisión Universitaria, denunciaba que un grupo intentó quemar su hogar, ubicada en la zona sur paceña de Chasquipampa.

Esa velada, el medio Página Siete decidía interrumpir la impresión de la edición para el día siguiente, con el propósito de “velar por la integridad de su personal”.

También la casa de Esther Morales, hermana del exmandatario, resultaba dañada en Oruro. “Pareciera que ser campesino es delito”, reclamaba la ahora extinta. Lo mismo sucedía con los bienes inmuebles del entonces gobernador orureño Víctor Hugo Vásquez. La Unidad Operativa de Bomberos debió presentarse para apagar las llamas.

El domingo en la noche, el exministro de Gobierno Arturo Murillo utilizaba el Twitter para denunciar lo siguiente: “@evoespueblo envío a asesinar a mi hermana y dos niñas de 2 y 8 años. Se refugiaron en el monte. Ahí amanecieron. Hoy están a buen recaudo. Dejaron en cenizas trabajo de 20 años”. Esto, con relación al atentado que habría sufrido su hotel, situado en el Trópico cochabambino.

El analista político Fernando Salazar recuerda el mes crítico. Concluye que esa noche caldeada reflejó el malestar extremo que comenzó con el “irrespeto” al referendo del 21 de febrero de 2016 y que se definió por completo con el proceso electoral de 2019. Asume el panorama como producto de una acumulación de energías”. “Esa es la base que desata esta acumulación de energías, una violencia no manifiesta aún (en 2016), pero latente y que pone en confrontación a los bolivianos a partir del referendo. Las elecciones del 20 de octubre del año pasado explotan la acumulación de energías con las irregularidades que la OEA, como mediadora, revisa y denuncia. Ese es el punto que marca esta situación. Un gobierno deslegitimado por un organismo internacional”.

Salazar está convencido de que los sucesos violentos fueron ejecutados, en su mayoría, por los adeptos al MAS. “No nos olvidemos de la quema de viviendas de parlamentarios y la de Casimira. La violencia fue amplia y desproporcional por parte de la militancia y seguidores del MAS”.

Una de las tareas del Gobierno de Luis Arce, presidente posesionado formalmente el domingo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), es, a su entender, investigar los hechos. “Los responsables deben ser sancionados”, dice.

El también analista Marcelo Arequipa, por su parte, comprende que hubo una “revuelta” que tuvo como objetivo “barrer por completo” al partido oficialista y que, entonces, asimilar que una persona era masista era equivalente a la “vergüenza”.

“Se lo quiso borrar de la historia. Por eso se dieron esos episodios, como de ajuste de cuentas no solo con Evo, sino con sus ministros y políticos, amedrentándolos en las plazas. Era casi avergonzante decir en la calle que uno era del MAS. No se dieron cuenta de que no era Morales, sino algo más grande que eso: un proyecto político”, resume.

Considera, a diferencia de Salazar, que el frente oficialista estaba en desventaja. “Los sectores duros fueron los que determinaron el curso de los acontecimientos para que la Policía se amotinara y las Fuerzas Armadas sugirieran la renuncia”.

RENUNCIAS

El 10 de noviembre de 2019, no solo Morales dejaba el cargo. Ese mismo día también lo hacían sus ministros y asambleístas, casi en efecto dominó. Luego de que el exmandatario confirmara su decisión de interrumpir su gestión, Álvaro García Linera seguía sus pasos de forma inmediata.

Los exministros César Navarro (Minería). Luis Alberto Sánchez (Hidrocarburos), Mariana Prado (Planificación), Héctor Arce Zaconeta (Justicia), Wilma Alanoca (Culturas), Tito Montaño (Deportes). Manuel Canelas (Comunicación) y el ahora presidente de Bolivia, Luis Arce (entonces, en la cartera de Economía), entre otros.