Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 16 de junio de 2024
  • Actualizado 20:48

La trágica realidad del trabajo sexual: vidas en riesgo y violencia

En un mes, dos mujeres que ejercían el trabajo sexual fueron asesinadas,  una en La Paz y otra en Oruro. Los responsables fueron capturados, y uno de ellos ya fue condenado por feminicidio.
Fotografía referencial de una trabajadora sexual en Cochabamba./ DICO SOLÍS
Fotografía referencial de una trabajadora sexual en Cochabamba./ DICO SOLÍS
La trágica realidad del trabajo sexual: vidas en riesgo y violencia

Diana murió a manos de un cliente, Edgar Ignacio Silvestre Ticona, en una casa de citas en la ciudad de El Alto, en La Paz. Este hombre era un cliente habitual del lugar donde la joven brindaba servicios sexuales, y estaba obsesionado con ella al punto de proponerle matrimonio el 1 de junio. Diana rechazó la propuesta, ya que estaba casada y no tenía obligación de aceptar. Edgar acabó con su vida.

Diana, de 30 años, se encontraba en la casa de citas cuando Edgar, de 46 años, llegó alrededor de las 21:20. Tras ser rechazado, el hombre tomó un cuchillo y le provocó profundas heridas punzocortantes que le causaron la muerte, para luego intentar quitarse la vida autolesionándose. En ese momento, las compañeras y el esposo de Diana se percataron de la situación y llamaron a la Policía.

Los bomberos y una ambulancia llegaron al lugar, pero la joven ya había fallecido, mientras que Edgar fue llevado a un hospital para ser atendido.

Diana fue asesinada poco antes de conmemorarse el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, que se celebra el 2 de junio. Este trágico evento llevó a sus compañeras a levantar la voz con más fuerza, ya que diariamente enfrentan peligros debido a los riesgos asociados con el trabajo sexual, como la transmisión de enfermedades y la violencia en todas sus formas, ya sea física, sexual, psicológica o económica.

Finalmente, Edgar admitió su culpabilidad y se sometió a un juicio abreviado, donde el Juzgado 11 Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer lo condenó a 30 años de prisión por feminicidio, sin posibilidad de indulto, en el penal de Chonchocoro de La Paz. Esta es la pena máxima que se aplica en Bolivia para este tipo de delitos.

Para Aylin Aparicio, representante de la Organización de Trabajadoras Sexuales de El Alto, es necesario establecer una regulación para el trabajo sexual en Bolivia que garantice la seguridad de las trabajadoras en lenocinios, alojamientos y otros espacios, así como para aquellas que trabajan de forma independiente.

Aparicio señaló que no es un secreto que las trabajadoras sexuales son víctimas de violencia física y sexual. “Salimos a las calles a buscar el sustento diario, pero lamentablemente no sabemos con quién nos encontraremos o qué problemas enfrentaremos”.

Según sus cálculos, alrededor de 7.000 trabajadoras sexuales, tanto registradas como no registradas, están en riesgo en El Alto.

Un mes antes del feminicidio de Diana, se informó sobre otro crimen en Oruro donde la víctima también era trabajadora sexual.

Noelia tenía 21 años y era transexual. Fue hallada sin vida el 2 de mayo alrededor de las 11:00 en la habitación de un alojamiento situado en la zona norte de la ciudad de Oruro.

Según el administrador del lugar, Noelia permitió la entrada a un joven a su habitación, identificándolo como su pareja. Horas más tarde, la joven fue encontrada muerta, presentando múltiples lesiones punzocortantes en su cuerpo, lo que llevó a llamar a la Policía. En ese momento, el hombre que había entrado al alojamiento ya había abandonado el lugar.

La investigación del crimen condujo a la captura de un adolescente de 17 años, 20 días después del hecho. Se presume que este menor de edad es el responsable del feminicidio de Noelia, y fue reconocido por testigos en un desfile identificativo.

Según las autoridades, cuentan con pruebas contundentes que incriminan al adolescente, quien actualmente se encuentra bajo detención preventiva. El caso ha sido catalogado como feminicidio, lo que implica una condena de 30 años de prisión sin posibilidad de indulto. Sin embargo, al tratarse de un menor de edad, el autor será procesado de acuerdo con la Ley 548 (Código Niño, Niña y Adolescente), que estipula un máximo de seis años de reclusión.

Esta ley establece que “la responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma”. Además, señala que para delitos punibles con 15 o 30 años de encarcelamiento, la sentencia se cumplirá en un centro especializado en lugar de una prisión. En el caso de delitos con una pena máxima de 15 años, se aplicarán medidas socioeducativas con restricción de libertad y libertad condicional.

Alessandra, una joven trans, es despedida por sus amigas en febrero de 2021./ NOÉ PORTUGAL
Alessandra, una joven trans, es despedida por sus amigas en febrero de 2021./ NOÉ PORTUGAL

Para el delegado defensorial adjunto para la Protección de Derechos Humanos Generacionales, Género y Diversidades, Ronald Céspedes, los feminicidios de mujeres que ofrecen el servicio sexual ponen de manifiesto “la permanente vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales, especialmente de las cisgénero y transgénero”.

Durante un evento realizado el 03 de junio, en el cual participaron diversas agrupaciones y representantes de las personas trabajadoras sexuales de La Paz, El Alto y otros municipios, Céspedes expresó su preocupación y señaló: “No queremos más muertes”.

En este espacio, también se avanzó en la presentación del Plan de Acción Defensorial para Personas Trabajadoras Sexuales 2024-2028, que incluye a mujeres y hombres dedicados a dicho trabajo.

En relación al caso de Diana, Céspedes mencionó que a pesar de que se logró un proceso abreviado con una condena de 30 años sin derecho a indulto para el responsable de su muerte, es importante no dejar en la impunidad sociocultural este tipo de actos. Señaló que existen discursos y acciones reiteradas de vulneración de derechos hacia las mujeres trabajadoras sexuales cisgénero y trans.

La Defensoría del Pueblo realizó un seguimiento al proceso por el feminicidio de Diana y también brindó apoyo al traslado del cuerpo de la víctima a su lugar de origen, donde fue enterrada, colaborando con la organización de trabajadoras sexuales en este proceso.

Las trabajadoras sexuales en Bolivia, al igual que en otros países latinoamericanos, constituyen una población vulnerable. En esa línea, Gian Carla Torres, representante de las Trabajadoras Sexuales en Cochabamba, señaló que a diario lidian con el estigma y la discriminación, y muchas jóvenes que comienzan en la actividad son captadas por proxenetas y reciben pagos considerados “miserables”. Otras optan por ofrecer sus servicios a través de redes sociales, pero consideran que los riesgos involucrados son aún mayores.

Según Torres, después de la pandemia, se ha observado una “hiperpoblación” de trabajadoras sexuales en Cochabamba, con muchas jóvenes llegando al departamento desde otras ciudades.

Alessandra fue una de ellas, una joven transexual de 19 años que llegó a Cochabamba en 2021 desde Santa Cruz. Fue asesinada en la habitación 101 de un hostal céntrico el 5 de febrero.

Alessandra residía en el hostal junto con unas amigas. El día de su fallecimiento, sus compañeras la invitaron a comer alrededor de las 14:00, pero ella les informó que debía atender a un cliente y que se reuniría con ellas más tarde. Al regresar al hostal por la noche, notaron que la habitación de Alessandra tenía luz y música. Una de sus amigas más cercanas volvió a pasar por su habitación alrededor de las 22:00 o 23:00, pero al ver que la situación era la misma, decidió no molestarla.

Al día siguiente, al percatarse de que Alessandra no estaba respondiendo a los mensajes, sus amigas solicitaron la intervención del administrador del hostal para abrir la puerta de su habitación.

Al ingresar, descubrieron a Alessandra en su cama, cubierta con sábanas y sin signos vitales. Al despejar las sábanas, encontraron que había sido estrangulada con el cable de una plancha de cabello. 

Daniel Glenn H.S., el presunto asesino de Alessandra, fue capturado unos meses después del crimen. La Policía revisó detenidamente las cámaras de vigilancia del hostal para identificar al responsable. La última persona vista ingresando a la habitación de la joven trans era un hombre de estatura media, aproximadamente entre 1.60 y 1.65 metros, que llevaba un gorro de lana café, una chompa azul marino, un buzo blanco y tenis azules combinados con blanco.

El asesino permaneció en la habitación de Alessandra durante una hora y 20 minutos, desde las 17:53. No mostró ningún tipo de documento de identificación en el hostal, simplemente escribió algunos datos falsos en un papel.

La Policía logró identificar al sospechoso tras analizar cuidadosamente las redes sociales e internet, revisando todos los perfiles vinculados al teléfono de la víctima. El número de teléfono de Daniel Glenn H.S. estaba registrado como “cliente Cochabamba”. Una testigo pudo reconocerlo por sus cejas, ojos, voz y su forma de caminar. El hombre fue detenido y recluido en un centro penitenciario.

Las mujeres que se dedican al trabajo sexual, especialmente las mujeres trans, enfrentan prejuicios y discriminación a diario. Son víctimas de violencia en todas sus formas, tanto por parte de clientes como por la intolerancia que aún persiste en ciertos sectores de la sociedad.