Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 02 de julio de 2022
  • Actualizado 22:41

‘No protegieron a mi hermano y tuvimos que salir del país’, dice familiar de otra víctima de violación

Investigadores colectan evidencias en la casa de los procesados por violación a un niño en Yapacaní, Santa Cruz. INFO-YAPACANÍ
Investigadores colectan evidencias en la casa de los procesados por violación a un niño en Yapacaní, Santa Cruz. INFO-YAPACANÍ
‘No protegieron a mi hermano y tuvimos que salir del país’, dice familiar de otra víctima de violación
“Mi familia vivió una pesadilla. Ni siquiera tuvieron la capacidad de proteger a mi hermano, víctima de violación, y tuvimos que salir del país y no pretendemos volver. En una ocasión, hicieron pasar al agresor Santiago S.T. delante de mi hermano causándole más daño, se vulneraron todos sus derechos. No hemos encontrado justicia en Bolivia”, dijo una familiar de otro niño ultrajado por los hermanos S.T. de Yapacaní, Santa Cruz.

La joven manifestó que la salud de su hermano comenzó a decaer a principios de septiembre de 2020. El niño, de 10 años, dijo que se había caído de un árbol y que los golpes lo dejaron herido. Su familia decidió llevarlo a una clínica y confirmaron que su malestar no era por la supuesta caída, sino que había sido víctima de violación y que necesitaba tres cirugías reconstructivas. Después de algunos estudios, también les hicieron conocer que tenía una enfermedad de trasmisión sexual.

La noticia los afectó a todos porque no sospechaban quién pudo haberle hecho tanto daño. La familia presentó la denuncia y la víctima identificó a Santiago S.T. como su agresor sexual. La demanda fue contra el identificado y otros que, con el paso del tiempo, el niño fue reconociendo, pero las actuaciones investigativas no avanzaron y los otros responsables nunca fueron aprehendidos por ese proceso.

Según el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, el Ministerio Público cumplió con las actuaciones en este primer caso denunciado el 11 de septiembre de 2020. Santiago S.T. fue aprehendido a horas de interponerse la demanda y luego enviado preventivamente al penal de Palmasola. “Se acreditó la autoría y peligros de fuga y obstaculización y a objeto de que se precautele la presencia del imputado se le dio detención preventiva por seis meses”.

El 11 de marzo de 2021, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Santiago S.T., quien fue plenamente reconocido por la víctima, pese a que el imputado buscó en reiteradas oportunidades defenderse en libertad. A finales de octubre de ese año, el sindicado fue trasladado a un hospital público debido a que presentaba complicaciones por su enfermedad y, en ese establecimiento, perdió la vida por VIH/Sida. Al haber fallecido el autor, ya no se fue a audiencia de juicio oral.

Al respecto, la familiar de la víctima dijo que pidió a los investigadores que los otros hermanos sean procesados porque habrían estado implicados en los vejámenes a su hermanito y a otros niños, pero se sintió “ignorada y desamparada”. Su familia estaba siendo amedrentada y amenazada de muerte y por su seguridad tomaron la decisión de dejar su hogar, salir del país y establecer en el extranjero.

“Aún es difícil para nosotros como familia y más para mi hermano. Él está con tratamiento por la enfermedad que le contagiaron y también recibe apoyo psicológico. Está mejorando, pero quisiéramos que se haga justicia porque las autoridades en su momento no hicieron nada (…). Les dije que había más víctimas y les pedí que investiguen, pero no lo hicieron (…). No nos ayudaban e incluso les pedía que sea una psicóloga mujer la que le realice el abordaje a mi hermano porque él tenía miedo a todos los hombres, pero nos enviaron a un profesional varón. Se vulneraron todos sus derechos”, manifestó.

Dijo que los agresores iban a la cancha deportiva donde su hermanito practicaba fútbol. Según las investigaciones, el menor de edad fue agredido sexualmente tres veces, desde 2019.

La familiar de la primera víctima considera que las autoridades podían evitar que otros niños sean ultrajados por los cuatro hermanos.

SEGUNDO CASO

El caso del niño, víctima de violación, fallecido enlutó al país y desató críticas contra las instancias que se encargan de proteger a las víctimas y de investigar y de sancionar a los agresores. La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, identificó faltas en los funcionarios públicos. Explicó que el 19 de octubre de 2021, la Fiscalía solicitó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Santa Cruz que amplíe su informe médico forense para constatar la violación del menor de edad, pero ese requerimiento fue respondido el 4 de junio de 2022.

También dijo que el 21 de octubre de ese año, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní se apersonó a la denuncia, pero no encontraron ninguna actuación por parte de esa dependencia para agilizar el proceso penal u otorgar asistencia psicosocial a la víctima.

Toda esa situación provocó que el Ministerio Público decida el 12 de abril de este año rechazar el caso porque no encontraron pruebas y no se habían identificado a los autores del delito de violación. Luego, el niño “rompió el silencio” y dos agresores cayeron presos.

Por el caso, una mujer es investigada por presuntamente pretender obstruir las investigaciones. La detuvieron el jueves cuando sacaba del domicilio de uno de los implicados un celular y una cámara fotográfica. Secuestraron los equipos para que personal especializado realice el trabajo técnico.

PRESIDENTE SE PRONUNCIA

El presidente Luis Arce expresó sus condolencias a la familia del menor de edad, víctima de violación, fallecido este sábado en el Hospital de Niños de Santa Cruz.

“Expresamos nuestro más profundo dolor por la partida del pequeño en Yapacaní. Este trágico desenlace no puede quedar en la impunidad, es inconcedible aceptar tanta maldad en contra de un inocente niño. A su familia, todo el apoyo y nuestras más sentidas condolencias”, escribió el Presidente.

Arce señaló que impulsarán soluciones estructurales para que estos casos no vuelvan a repetirse. “Todo el peso de la ley debe caer contra los responsables y cómplices del hecho”.

La familia de la víctima denunció que la Defensoría de la Niñez, Fiscalía y forense no atendieron de manera oportuna el caso. Exigen que los autores reciban la pena máxima.