Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 06 de octubre de 2022
  • Actualizado 13:33

Pericia prueba que falsificaron firma para comercializar y poner auto a nombre de otro

El vehículo desaparecido y conclusión del dictamen pericial. CORTESÍA
El vehículo desaparecido y conclusión del dictamen pericial. CORTESÍA
Pericia prueba que falsificaron firma para comercializar y poner auto a nombre de otro

Firmar en nombre de otra persona es un delito que puede conllevar graves consecuencias, entre ellas una pena de cárcel. Vladimir Unzueta lleva dos años buscando justicia, en Cochabamba. El chofer al que le dio en arrendamiento su vehículo desapareció y luego descubrió que su motorizado fue vendido con “documentos falsos” en los que alguien firmó por él. El dictamen pericial grafotécnico prueba que la firma y rúbrica en los documentos no corresponde al denunciante. 

En febrero de este año, la Fiscalía acusó formalmente a tres personas, entre ellas un notario, por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Solicitó que los antecedentes del caso sean remitidos al Juzgado de Sentencia de Turno para el juicio oral público y contradictorio donde piden se dicte sentencia condenatoria para los acusados con imposición de una pena privativa de libertad aplicando el período máximo legal. Las partes procesales aguardan que la autoridad judicial fije el inicio de la audiencia.

Unzueta manifestó que entregó su vehículo a Ronald R.D. tras firmar contrato de arrendamiento el 3 de septiembre de 2019. El chofer, quien actualmente tiene orden de aprehensión porque fue declarado ‘rebelde’ ante su incomparecencia, se comprometió a cancelar cada día 90 bolivianos y en caso de incumplimiento el propietario tenía la facultad de rescindir en forma unilateral, sin notificación previa al conductor, quien debía realizar la entrega del auto. 

Ronald R.D. cumplió con sus obligaciones unos tres meses y luego dejó de hacerlo, y se negaba a devolver la movilidad argumentando viaje, enfermedad o que el taxi estaba en un taller mecánico. Unzueta después de varias consultas descubrió que su vehículo ya estaba a nombre de otra persona siendo que él nunca había entregado los papeles, ni firmado documentos para esa venta.

Según las investigaciones, el 15 de octubre de 2020 se realizó un poder en una Notaria de Cliza. Una persona que se hizo pasar por Vladimir Unzueta habría solicitado que se le otorgue a Khaterine Jhoanna A.A. un poder para la venta de su vehículo, pero el denunciante no conocía a la mujer ni se presentó ante esa oficina notarial. Desconocía de esos trámites.

La mujer vendió la movilidad a José Antonio G.M., quien resultó ser su suegro. 

“No conocía a Katherine Jhoanna A.A., ni le he otorgado poder para vender mi vehículo, obtener duplicado de RUAT, resolución de registro de vehículo, comprobantes de pago de impuestos anuales, menos le he entregado el auto señalado porque hice la entrega en arrendamiento a Ronald R.D. Tampoco conocía al notario de Cliza y mucho menos he estado en dicha notaria para otorgar ese poder. No he firmado ningún instructivo de poder, no he firmado protocolo de poder ni he colocado mi impresión digital en ningún documento o libro de registro de otorgantes de poder en la referida notaria, tampoco he firmado la fotocopia de la cédula de identidad. Estas personas una vez que falsificaron mis firmas, rúbricas y el poder, han hecho uso del poder falsificado y han vendido mediante Escritura Pública mi vehículo a José Antonio G.M., a quien no conozco, y en consecuencia existen autores intelectuales y materiales”, dijo el denunciante.

Sin embargo, el notario en su declaración informativa de noviembre de 2021 manifestó que el solicitante del poder firmó y se hizo la impresión digital en el protocolo y en la autorización del SEGIP. Dijo que también firmó en las fotocopias de su carnet de identidad.

PERICIAS

Ante esa situación, con requerimiento fiscal del 7 de mayo de 2021 se solicitó pericias para determinar si las firmas y rúbricas estampadas en el libro de protocolos de poderes y si las huellas estampadas correspondían a Vladimir Unzueta. Se entregaron las muestras dubitadas e indubitadas.

El dictamen pericial concluyó que: “Del estudio pericial grafotécnico realizado entre las firmas y/o rúbricas dubitada e indubitadas objeto del presente dictamen, se obtiene que, la firma y rúbrica signada (en el protocolo No. 312/2020, de fecha 15 de octubre de 2020) no corresponde a la autoría del señor Vladimir Unzueta”.

En cuanto a la pericia dactiloscópica realizada en a la huella dactilar dubitada en la muestra (del mismo protocolo) no fue posible realizar el estudio ya que la “huella dactilar (del documento) se encuentra superpuesta y empastada”. 

AUTO NO APARECE

El vehículo, con placa 1000-PRS, sigue desaparecido y no ha registrado carguío de combustible. El 7 de abril de 2021, Katherine Jhoanna A.A. dijo que el taxi estaba en la casa de su suegro José Antonio G., donde también ella vive con su esposo. Sin embargo, José Antonio declaró en julio que el motorizado lo vendió en febrero, es decir, entraron en contradicciones.

El último lugar en el que fue posicionado el vehículo es Arani, según el GPS. “Se advierte que en fecha 21 de agosto del 2020 fue desactivado (fuera de línea) el GPS del vehículo con placa 1000-PRS, registrando como última ubicación a partir de fecha 22 de agosto de 2020 un domicilio en la zona norte de la provincia de Arani (…). El registro de la aplicación con la cual se monitoreaba las ubicaciones del auto continúa señalando el dispositivo GPS como desactivado o fuera de línea hasta el 25 de enero del 2022, fecha en la cual se realizó este informe. Eso quiere decir que el dispositivo dejó de funcionar posiblemente porque se desconectó la batería del GPS, se retiró el simcard del GPS o se destruyó ese dispositivo”, dice parte del trabajo técnico.

La víctima dice que ha identificado a otros posibles involucrados en las irregularidades. Dijo que un abogado sacó el duplicado del RUAT de su auto e hizo el cambio de radicatoria a Quillacollo sin documentación de respaldo.

PENAS

Según el Código Penal, el que cometa el delito de falsedad ideológica será sancionado con privación de libertad de uno a seis años de cárcel. Si el autor es funcionario público y los comete en el ejercicio de sus funciones, la pena privativa será de dos a ocho años.

Asimismo, el que haga uso de un documento falso o adulterado será sancionado como si fuera autor de la falsedad.

Por este caso, Ronald R.D. y el notario son acusados de falsedad ideológica, mientras que Katherine Jhoanna A.A. de incurrir en uso de instrumento falsificado. El primero tiene antecedentes penales anteriores por distintos delitos, entre ellos homicidio y lesiones graves y agravación y atenuación, según informe de la Oficina Gestora de Procesos. 

El Ministerio Público va a llevar al juicio oral pruebas testificales, documentales y periciales que demuestren la participación activa y consiguiente autoría en los hechos ilícitos denunciados. Al menos 15 personas están en la lista de testigos y hay 38 documentos que serán presentados.