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  • Diario Digital | lunes, 27 de septiembre de 2021
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15 NIÑAS RECONOCEN AL MAESTRO COMO SU AGRESOR; ALGUNAS CAMBIARON DE ESCUELA

Lado oscuro: de profesor “íntegro” a acusado de abuso serial

Fotografía ilustrativa de un aprehendido siendo trasladado a celdas policiales.
Fotografía ilustrativa de un aprehendido siendo trasladado a celdas policiales.
Lado oscuro: de profesor “íntegro” a acusado de abuso serial

Su presencia inspiraba respeto. Gonzalo C.S., profesor de primaria de una unidad educativa de San Julián, era visto como un profesional amable e íntegro por la población. Su secreto se puso al descubierto en agosto de este año con una primera denuncia y ese fue el principio y el final del “gran maestro” devenido en abusador serial de niñas.

Al menos 15 niñas y adolescentes reconocen al profesor Gonzalo, que llevaba trabajando unos 14 años en la escuela de una comunidad de San Julián, como su agresor sexual. La denuncia sorprendió a muchos e incluso algunos la tildaron de dudosa, pero “15 niñas no mienten”, aseveró Felicidad Montenegro, responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de San Julián.

El 15 de agosto, el maestro sindicado por abuso sexual con agravante a sus estudiantes fue enviado por cuatro meses al penal de Palmasola de Santa Cruz, mientras se colectan las evidencias que demuestren su autoría. También se realiza el abordaje psicológico a las otras menores de edad que decidieron “romper el silencio” y señalaron al profesor como su agresor. 

Marchan contra la violencia sexual en Cochabamba.

LA CAÍDA DEL MAESTRO Sentía pánico, temía quedarse sola, se mantenía abrazada a su madre, desconfiaba de su entorno y no quiso volver más a la escuela. Así se encontraba la niña, de seis años, que sufría, mientras su agresor seguía dando clases en un establecimiento ubicado a unos 40 kilómetros del Comando Regional de la Policía de San Julián. 

La víctima le contó a su abuelita que su profesor le realizó toques impúdicos y, desde entonces, puso resistencia y no volvió al colegio.

El 13 de agosto, la abuela de la niña y el director del establecimiento educativo se presentaron en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y denunciaron al profesor por presunto abuso sexual cometido en contra de una de sus alumnas del nivel primario.

Según las investigaciones, la víctima asistió por última vez a la escuela el 10 de agosto. Ese día, su profesor le habría realizado toques impúdicos, mientras pasaba clases.

Personal de la Defensoría se trasladó hasta la comunidad donde ocurrieron los hechos, el mismo día que denunciaron al educador, y tomaron contacto con la víctima. La Policía aprehendió al maestro al promediar las 17:00. 

Otras niñas, al ver que su profesor estaba siendo trasladado por policías, perdieron el miedo y sacaron a luz su drama. Esa jornada, al menos siete menores de edad más apuntaron al maestro como su agresor sexual. Luego, otras víctimas más, de entre 6 y 14 años, se contactaron con Montenegro para hacerle conocer que fueron víctimas del profesor durante varios años.

“Hemos detectado que (la denunciante) no era la única niña que estaba siendo abusada. Hay menores de 6, 7, 9, 12, 13 y 14 años, es decir, estamos hablando prácticamente de toda una generación de estudiantes. Por los testimonios, este profesor las abusaba desde la primaria y algunas han estado siendo agredidas sexualmente hasta ahora que se dio la detención del sindicado”, manifestó Montenegro.

La profesional señaló que el maestro se ganó la confianza de la población durante los 14 años que llevaba trabajando en esa comunidad. “Él (Gonzalo) era amable y nadie sospechaba que fuera un abusador sexual de niños. Se aprovechó de su condición de poder para dañar a sus alumnas”.

No se descarta que haya otras víctimas más del profesor Gonzalo. En tanto, la Defensoría está realizando la contención emocional de las niñas y están pendientes de los casos de deserción escolar puesto que estudiantes podrían estar pasando por una situación similar al de la niña que, con su denuncia, permitió descubrir varios presuntos hechos de violencia sexual en su escuela.

Las afectadas dijeron que fueron víctimas de abuso sexual y otras de violación, según la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Algunas adolescentes habrían indicado que dejaron su comunidad para alejarse de su agresor y pidieron a sus padres, ocultando sus razones, su cambio de establecimiento educativo. La Dirección Distrital de Educación ya conoce la denuncia contra el profesor Gonzalo.

El caso está en proceso de investigación, mientras están realizando el abordaje psicológico y valoraciones médicas a las menores de edad.

OTRAS AULAS DEL TERROR En 2019, dos niñas, de nueve años, denunciaron que su profesor José Luis Valerio Olivera, que daba clases en una unidad educativa de Cochabamba, les realizaba toques impúdicos cuando ellas se acercaban a su escritorio para realizarle alguna consulta académica.

Según las investigaciones, esa situación se repitió en varias ocasiones hasta que las menores revelaron el “secreto” y les contaron a sus madres lo que estaba ocurriendo con el maestro de clases. Las mamás reportaron el caso a la dirección del establecimiento educativo para que tome acciones legales y disciplinarias. La denuncia contra el profesor ante el Ministerio Público fue formalizada el 30 de septiembre y la fiscal asignada al caso ordenó su aprehensión.

El sindicado, de 38 años, fue sentenciado a 12 años y seis meses de cárcel por el delito de abuso sexual con agravante cometido en contra de sus dos estudiantes después de casi un año de iniciarse la demanda, en diciembre de 2020. El Juzgado de Sentencia No. 8, en esa audiencia de juicio, determinó que cumpla la condena en el penal de San Antonio.

El Ministerio Público sustentó la acusación con suficientes pruebas. Presentaron los informes psicológicos de las niñas, entrevistas y otros elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que dictó la pena.

La violencia sexual no tiene distinción de clase social, de ingreso económico, ni de nivel de instrucción. Por faltas muy graves y si existen las pruebas fehacientes del médico forense, el maestro sindicado puede ser destituido definitivamente del magisterio. 

En otro caso, los padres de una niña, de ocho años, notaron cambios en su actitud y conversaron con ella. Les contó que fue víctima de violación por varios años e identificó como su agresor al profesor Jaime Leonardo Arana Sainz, quien trabajaba en una unidad educativa de Uncía, Potosí. El hecho se descubrió en julio de 2019, pero la menor estaba siendo agredida desde 2014.

Los padres de la víctima, tras escuchar el testimonio de su hija, formalizaron la denuncia y comenzó la investigación. En septiembre de 2020, el procesado, de 58 años, fue sentenciado a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, a cumplirse en el penal de San Miguel de Uncía.

La menor no fue la única víctima del profesor Arana. Cinco niñas más, de entre ocho y nueve años que cursaban el cuarto de primaria cuando ocurrieron los hechos, señalaron al mismo maestro por violación. 

Desde la Alianza Libres Sin Violencia, quienes apoyaron en el caso, denunciaron que las víctimas vivieron un “viacrucis” buscando justicia. “Desgraciadamente el sistema se encarga de revictimizarlas y las obligan, en muchos casos, a dejar el proceso penal y por eso hay impunidad”.

El juicio comenzó en enero de 2020, pero las primeras audiencias se desarrollaron en junio por la pandemia. Para la Alianza Libres Sin Violencia el Tribunal fue “condescendiente” con el agresor que pidió la reconstrucción del caso. No solo eso, también ofreció pericias psicológicas para las víctimas sin que los psicólogos propuestos sean “idóneos” y pese a la negativa de la parte afectada lograron su cometido en uno de los casos. 

También solicitó un peritaje psiquiátrico forense, aunque ninguna de las niñas reflejó una enfermedad mental. Al contrario, las seis víctimas establecieron el modus operandi del profesor. El Tribunal aceptó ese pedido, pero no se realizó por falta de esa especialidad en Potosí. 

Además, los cuatro abogados del agresor faltaban a las audiencias, mientras que las madres de las víctimas debían llegar desde sus comunidades hasta Uncía. Finalmente, lograron una sanción pecuniaria por el abandono malicioso del proceso.

En este caso, cuestionaron la participación de la Dirección Departamental de Educación de Potosí. Se desarrollaron más de 20 audiencias y esa instancia participó de las tres últimas cuando debían intervenir con un abogado especializado en casos de violencia sexual a niños durante todo el proceso.

15 AÑOS EN EL SISTEMA PENAL Odón Mendoza Soto, quien era regente de una escuela pública de la zona central de La Paz y alegó inocencia hasta el final, fue condenado el 19 de agosto de 2014 a 30 años de presidio por el asesinato y violación de la niña Patricia Flores ocurrido en 1999. El Auto Supremo No. 628/2015 – RRC, del 26 de noviembre de 2015 del Tribunal Supremo de Justicia, ratificó la pena máxima para el acusado. La directora del establecimiento también recibió sentencia de cinco años por incumplimiento de deberes.

El caso de Patricia fue el que más tardó en el sistema penal, 15 años. La mañana del 27 de agosto de 1999, la madre de la niña, de 10 años, la dejó en su escuela. Cuando su padre fue a recogerla al colegio, ni los profesores ni los estudiantes pudieron brindar información sobre su paradero.

Ese mismo día, la familia de la víctima denunció la desaparición ante la Brigada de Protección a la Familia, la Policía y los medios de comunicación. Durante los tres días siguientes, los maestros y personal administrativo dijeron que desconocían la ubicación de la niña y habrían dado distintas versiones de lo sucedido a los familiares.

La Brigada de Protección de la Familia realizó un operativo en Villa Pabón el 28 de agosto de 1999, sin ningún resultado. Los padres de la niña pensaron que se trataba de un secuestro y pusieron en venta su casa y auto para pagar el rescate cuando se contactaran con ellos. Sin embargo, una de las porteras de la escuela descubrió el cuerpo sin vida de Patricia con signos de violencia sexual y asfixia por estrangulamiento en el depósito de deportes del colegio, el 31 de agosto del mismo año.

Para la familia de la víctima, la Brigada de Protección a la Familia y la Policía realizaron una deficiente búsqueda ya que no revisaron minuciosamente el establecimiento donde apareció el cuerpo de la niña. Además, los efectivos no habrían actuado de inmediato porque la denuncia la puso una tía y no los padres de la entonces desaparecida. Recién el 31 de agosto, se asignó un investigador al caso y los resultados forenses refieren que la víctima se encontraba con vida hasta el 30 de agosto. Por ello, consideran que si habrían hecho el rastrillaje adecuado posiblemente se hubiese evitado la muerte.

MONSTRUO DEL FÚTBOL Ricardo C.G., entrenador de una escuela de fútbol, fue enviado hace unas dos semanas preventivamente al penal de Palmasola por presunta violación de un menor, de 12 años, en Santa Cruz.

El acusado estuvo recluido en 2020, denunciado de agredir sexualmente de otros menores de edad, pero consiguió su libertad y fue reconocido por el niño, que ahora lo denunció, cuando se dirigía a entrenar. Se habla de al menos cuatro menores de edad abusados, pero no se descarta que haya otros más.

La madre de la víctima relató, en una entrevista con Asuntos Centrales, que su hijo llegó afligido a su casa. Le contó a su hermana mayor que vio a su anterior entrenador de fútbol, quien lo agredió sexualmente en 2019. Su familia desconocía que el niño había sido víctima de violencia sexual. 

La mamá del menor lo abrazó y le brindó todo su apoyo, y denunciaron el delito ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quienes hicieron conocer el caso a la Fiscalía y salió la orden de aprehensión. El sindicado fue capturado por los efectivos en un campo deportivo. 

La denunciante manifestó que escuchó en las noticias que el entrenador estaba siendo procesado por presunta violación de menores el año pasado, pero nunca imaginó que su hijo había sido una de sus víctimas. Su niño, al ver que Ricardo fue enviado a prisión, siguió entrenando y luchando por sus sueños. 

“Mi hijo vivió un calvario. Vio que su entrenador estaba preso y siguió entrenando en otro equipo para olvidar todo lo que le había pasado. Nunca dejó su talento porque Dios tiene algo grande en su vida, es un guerrero (…). Como padres les damos confianza a los profesores de fútbol, de colegio, pero hay pedófilos sueltos en las calles”, dijo.

Añadió que el demandado sería parte de una red de pornografía puesto que, según las denuncias anteriores, enviaba grabaciones y otros materiales con contenido sexual a España. Pidió que Ricardo reciba la pena máxima tras que cumpla la detención preventiva de seis meses.

La Policía señaló que es posible que el detenido tenga que ver con agresiones sexuales a otros menores de edad de la escuela de fútbol que dirigía en Santa Cruz. Pidió a los padres de familia que estén pendientes de sus hijos y si detectaran o sospecharan que han sido abusados se constituyan a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). 

Los menores de edad no son solo víctimas de profesores, personal administrativo o de apoyo en colegios, también se han registrado casos en instituciones deportivas, escuelas de danza, iglesias y otros espacios. Asimismo, la Policía reporta constantemente hechos de abuso sexual o violación a niñas, niños o adolescentes ocurridos al interior de la familia.

CADA DÍA SEIS NIÑOS SON VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN El Ministerio Público atendió a nivel nacional 28.624 denuncias por delitos relacionados a la 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, entre el 1 de enero y el 22 de agosto de este 2021.

El 81% de los casos ingresados es por violencia familiar y doméstica. Del total de denuncias, el 4.2% es por violación de infante, niño, niña o adolescente. 

La mayor incidencia de estos hechos de violencia sexual está en Santa Cruz, con el 32.4% del total de denuncias atendidas en todo el país. Le sigue, La Paz con el 17.1% y Cochabamba con el 14.4%.

Cada día entre cinco o seis menores de edad son víctimas de violación en Bolivia.

¿QUÉ DICE LA LEY? Sobre el delito de abuso sexual, en el artículo 312 del Código Penal, dice “cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los artículos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de seis a 10 años de privación de libertad”.

El mismo artículo considera la aplicación de las agravantes previstas en los artículos 310 y si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de 10 a 15 años.

En cuanto al delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, en el artículo 308 bis del Código Penal, refiere que: “Si el delito de violación fuera cometido contra persona de uno u otro sexo menor de 14 años, será sancionado con privación de libertad de 20 a 25 años, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento”.

Si se evidencia las agravantes dispuestas en el artículo 310 la pena alcanzará 30 años sin derecho a indulto.