Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 25 de octubre de 2021
  • Actualizado 03:30

La “cifra negra” en niños violentados

El adiós al niño Oliver, asesinado en febrero, en Cochabamba.  APG
El adiós al niño Oliver, asesinado en febrero, en Cochabamba. APG
La “cifra negra” en niños violentados

El primer semestre de 2021 enciende las alarmas de unos números que nadie quiere leer ni oír: 14 menores de edad fueron asesinados en Bolivia, la mayoría, dentro de sus senos familiares. Esos son los dígitos que ha confirmado el Ministerio Público con respecto a las víctimas de infanticidio. Sin embargo, varias entidades, entre ellas la Defensoría del Pueblo, están convencidas de que existe una “cifra negra”, es decir, que hay más casos invisibilizados de delitos hacia infantes y adolescentes que no han trascendido ni han sido abordados por las entidades pertinentes.

Esa es una de las problemáticas que más inquieta a la Defensoría. Así lo explica el jurista Édgar Flores, titular de esa entidad regional en Cochabamba, quien comienza asegurando que, de 2020 a esta parte, “la violencia en el territorio nacional ha ido en aumento”. Atribuye la dificultad de actuar en consecuencia a la pandemia y los componentes que la crisis sanitaria trajo consigo. 

“En este período, de 2020 a 2021, la pandemia no permite que organizaciones llamadas a intervenir inmediatamente, una vez ocurridos los hechos, puedan hacerlo. Estamos seguros de que esto impide que situaciones que ocurren en poblaciones alejadas fuera del eje troncal estén bajo conocimiento de las autoridades. Es un dato preocupante”.

Pese a la normativa para velar por los derechos de los menores (el Código Niña, Niño y Adolescente, por ejemplo), estas poblaciones vulnerables no encuentran protección ni prevención  “materializadas en su real dimensión”, en consonancia con el abogado, pues comprende que las falencias se replican en las instancias municipales, departamentales y también nacionales, en términos de prevención. 

El hecho de que los delitos, principalmente los infanticidios, tengan como autores a familiares directos como padres, madres o tutores, y a allegados como tíos o abuelos supone otro factor agravante. Sin ir más lejos, ello se ha reflejado en el caso registrado más recientemente, cuando un papá de 33 años, bajo los efectos del alcohol, estrelló a su beba de 1 año y 9 meses contra la pared de su vivienda, en Copacabana, La Paz. La pequeña murió instantáneamente.

El Defensor lamenta que los delitos extremos acontezcan en estos ámbitos, “que deben ser de mayor seguridad para niñas, niños y adolescentes”. “Esencialmente, el infanticidio está relacionado con el padre y la madre, los referentes que todo menor debería tener como factor de extrema seguridad y protección. Se tiene que establecer en todos los niveles estas políticas sostenibles, principalmente de prevención, ateniendo a la familia”.

DE RAÍZ

Para Flores, no alcanza con aplicar las sanciones cuando de delitos hacia menores se trata, sino de atacar la base del problema y prevenir mediante programas de educación implementados desde el orden municipal. “El momento en que se produce el impacto hay expresiones de rechazo, reproche y ahí queda. Para lo normativo, el infanticidio es uno de los delitos sancionados con la pena máxima de 30 años, pero los hechos demuestran que únicamente pueden centrarse las instituciones de nuestro país en la sanción o persecución, pese a que hay normativa bastante extensa desde la Constitución (Política del Estado), el Código Niña, Niño y Adolescente, y la Ley de Educación, mismas que llaman a actuar”.

La crítica va, también, dirigida hacia el Ministerio de Justicia, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y los comités en los que intervienen juzgados públicos en materia de niñez, pues “no están atendiendo el gran desafío de dar mejor protección”.

SALUD MENTAL

Los programas en salud mental son pobres dentro de las políticas nacionales. Ello, sostenido en el tiempo, puede desencadenar en una suerte de “bomba de tiempo”. Esa es la descripción que realiza Jorge Reque, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos, quien relata que la pandemia se ha encargado de desnudar las falencias que rodean la temática.

Reque explica, en una entrevista con el canal SNTV HD, que la salud mental en el país “recibe menos del 0.6% del presupuesto nacional”, lo que se traduce en un peligro latente cuando va de la mano con la pandemia y el confinamiento. “Mucha violencia está saliendo a la luz porque están encerrados (los menores) con los agresores”.

Consultado por el motivo que lleva a los sujetos a agredir en el hogar, el especialista indica que, “generalmente, esto sucede porque ha crecido en un ambiente también adverso y porque lleva la violencia en el código cerebral”.

En abril, trascendió el caso de un menor de 11 años que fue brutalmente golpeado por su padrastro en Santa Cruz. Se trataba de un conocido médico que huyó de la Policía y contó, entonces, con el apoyo de la madre del niño, quien negó el hecho.

Sobre ello, el psiquiatra detalla que, según la descripción de los vecinos, puede deducir que el agresor es un “personaje con características psicopáticas, carente de empatía y de habilidades sociales, lo que lo convierte en un individuo peligroso para la familia y la sociedad” que no se encuentra apto para la reinserción social.

Repetir el ciclo de violencia es la alerta que pone sobre aviso el especialista. La carencia de programas de prevención y educación, desde temprana edad, no ayuda al panorama.

Y cuando son los progenitores quienes infligen la agresión, no cuentan con aptitudes, de acuerdo con Reque. “Son padres que no tienen aptitud para criar a sus hijos y vienen con historias de alta violencia pasada que se va repitiendo, lo que pone en riesgo que los niños que crecen en este ambiente puedan repetir el ciclo en otras generaciones. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hay tanto infanticidio y feminicidio? Es porque en nuestro país no existen programas de primera infancia y de intervención oportuna para rescatar a estos niños y ofrecerles planes de buen desarrollo integral”.

SIN SEGUIMIENTO

Los casos de violencia infantil, en todos sus grados, se evalúan legalmente, pero no cuentan con seguimiento para las víctimas que han sobrevivido. Esto es esencial para Reque, pues el tratamiento psiquiátrico y la asistencia multidisciplinaria son dos herramientas importantes luego de un evento adverso.