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  • Diario Digital | lunes, 26 de septiembre de 2022
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Impunidad en casos de abusos a soldados

Un joven alista su maleta en medio de la fila para el reclutamiento. DICO SOLÍS
Un joven alista su maleta en medio de la fila para el reclutamiento. DICO SOLÍS
Impunidad en casos de abusos a soldados

“¿Con qué confianza vamos a mandar a nuestros hijos a los cuarteles si ahí pueden quitarles la vida?”, cuestionó Maritza Peñaranda, de la Organización de Mujeres Amazónicas de Pando, a tiempo de exigir justicia por la muerte del conscripto Mauricio Apaza, el joven alteño que falleció el pasado 30 de junio, mientras cumplía su servicio militar en la Capitanía Menor en Santa Rosa del Abuná.

La extrema violencia aún persiste en los cuarteles. Para algunos esos hechos son parte de la instrucción y para otros es una vulneración de los derechos humanos que pueden derivar en torturas e incluso la muerte.

En 18 meses, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Información al Pueblo (SIP), intervino de oficio o a solicitud de las víctimas en 45 casos de conscriptos que denuncian la vulneración de sus derechos, mientras cumplían su servicio militar. Ninguno de los procesos, atendidos entre enero de 2020 y junio de este 2021, llegaron a una sentencia.

Para la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Pando (APDHP), Lenny Roca, la Justicia es “lenta” y puede cansar a las familias. También luchan contra ese “silencio” que adoptan los testigos por temor a represalias de superiores. Otros prefieren abandonar los procesos judiciales porque los consideran “tediosos” y hay quienes no denuncian la vulneración de sus derechos y solo aguardan la entrega de su libreta de servicio militar para olvidar el asunto.

Ante esta situación, Roca prometió a la familia de Apaza realizar el seguimiento hasta que el alférez Pedro P.V., quien está detenido preventivamente, sea sentenciado. Señaló que el procesado por presunto homicidio, delito que se sanciona con hasta 20 años de cárcel, dijo que el marinero falleció después de ser sometido a una serie de ejercicios como castigo por intentar desertar de la guarnición militar, pero los resultados de la autopsia dan cuenta de que fue golpeado y murió por shock hipovolémico hemorrágico, laceración de bazo y trauma abdominal cerrado.

“PARA VIVIR BIEN EN LOS CUARTELES”

Desde el Ministerio de Defensa, se dio a conocer que instruyeron una investigación rigurosa para esclarecer la muerte del conscripto Mauricio Apaza.

La institución, desde 2008, desarrolla el programa “Para Vivir Bien en los Cuarteles”, cuyo propósito es mejorar las condiciones de dignidad de los soldados y marineros que cumplen el servicio militar obligatorio.

Según ese programa, se promueve el “trato dispensado” para erradicar los abusos y maltratos físicos y psicológicos. Además, impulsa la implementación de sanidades operativas adecuadas con personal especializado.

También vela por la alimentación, la infraestructura cuartelaría y servicios básicos, la formación integral de los soldados, entre otras acciones.

Dos veces al año, cientos de jóvenes se alistan para ingresar a los cuarteles del país. Para algunos es la antesala de una carrera militar o policial. Nada justifica la vulneración de derechos humanos.

También exigió que se agilice la investigación en la justicia militar siendo la sanción máxima la degradación de la institución.

AL TRÍPODE Y OTROS CASTIGOS

“Ya ni sentía mi cabeza. Fue uno de los castigos más dolorosos a los que fui sometido”, contó un exconscripto de Cochabamba.

Explicó que este “castigo” consiste en tener los pies abiertos, la cadera elevada con las manos detrás y la cabeza apoyada en el piso áspero, en su caso, del patio de cemento del cuartel donde cumplió su servicio militar.

En unos minutos, sintió que el piso estaba a punto de perforarle el cuero cabelludo por el peso del cuerpo. Luego, ya ni sentía su cabeza y tras que le levantaran el “castigo” le dolió esa parte superior del cuerpo.

Son diversas las sanciones que se aplican en los cuarteles a nombre de actos de indisciplina e incumplimiento de sus ejercicios durante la instrucción física. Otro joven contó que lo pusieron “vista al sol” con su boina en el cuello, mientras sus compañeros realizaban una serie de ejercicios. Si dejaba caer el gorro iba a ser duramente castigado y tuvo que resistir por horas en esa posición.

Otro exconscripto relató que lo pusieron “vista al sol” sosteniendo una llanta durante toda una tarde.

En 2020, algunos soldados denunciaron que fueron víctimas de “bolseo” en San Borja (Beni). Les ponían bolsas plásticas en la cabeza para dificultarles la respiración, mientras los golpeaban.

La mayoría no denuncia porque la violencia es naturalizada en los cuarteles. Según el Sistema de Información al Pueblo, los derechos más vulnerados en los cuarteles son los relacionados a la dignidad, integridad personal, salud, garantía al debido proceso y acceso a la justicia.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Juan José Jáuregui, señaló que “los golpes (a los conscriptos) ameritan una dura sanción”. Reconoció que este tipo de “castigos”, pese a ser una vulneración de los derechos humanos, aún permanecen en diferentes unidades militares y policiales.

Esa Comisión también está fiscalizando los actos investigativos que prevén esclarecer la muerte de Mauricio Apaza.

El 14 de julio, la Cámara de Senadores solicitó al presidente Luis Arce que el Ministro de Defensa atienda sus requerimientos respecto a la muerte del conscripto Apaza en un plazo de 15 días. En el documento, firmado por los senadores Andrónico Rodríguez y María Nacif Barboza, se pide información sobre los resultados del examen médico que se le práctico a la víctima al momento de su reclutamiento.

Solicitan explique las razones y los fundamentos legales por los cuales el conscripto habiendo sido destinado a Puerto Evo fue trasladado al distrito Naval de Pando, informe sobre el estado de salud de Apaza y las sanciones o castigos a los que fue sometido con detalles del tipo de ejercicio, tiempos y si presentó malestares. También piden el procedimiento que se sigue en caso de deserción de los conscriptos de las unidades militares y las sanciones establecidas, el nombre del oficial que impuso la sanción y si iniciaron proceso interno, entre otros detalles, con documentación de respaldo, a fin de esclarecer la muerte del marinero.

En tanto, la familia del joven alteño clama justicia y cárcel para el responsable de la muerte de Apaza.