Contrario al proceso de extradición de ciudadanos extranjeros a sus países de origen desde Bolivia, cuando se trata de un ciudadano boliviano en otras naciones que debe retornar a rendir cuentas con la justicia, la demora es evidente y con ella, el fomento a la retardación de justicia.

CASO PAMELA

Uno de los casos vigentes y más polémicos de los últimos meses es el caso del feminicidio de Pamela R., de 29 años, ocurrido en Potosí el 8 de marzo.

El principal acusado es su expareja Oswil J. F. M., de 49 años. El hombre fue detenido en Argentina el 14 de marzo y desde entonces permanece detenido en el vecino país, sin avances visibles para el proceso de extraditarlo y que retorne a Bolivia a rendir cuentas por la muerte de Pamela.

Familiares de la víctima reclaman que la extradición del hombre no se haya hecho efectiva tras más de un mes del crimen atroz.

Desde el colectivo Mujeres de Fuego, el 7 de abril hicieron público un documento que contiene declaraciones que pertenecerían a Oswil, en las cuales el acusado indica que teme que su vida corra peligro al retornar a Bolivia.

"Me gustaría quedarme un tiempo en Argentina por el motivo de que el hecho cometido en Bolivia es de extrema gravedad. Temo por mi vida y mi integridad física en Bolivia, ya que la familia de la víctima son personas de influencia. Por lo tanto pido que se lleve a cabo un juicio de extradición", se lee en el documento, que sería una entrevista que el hombre sostuvo con su defensa oficial en el país vecino.

Hace poco más de dos semanas, Fátima Terrazas de Mujeres de Fuego se trasladó hasta Potosí para presentar las declaraciones expuestas y solicitar celeridad para la extradición del acusado desde el país vecino, aunque en primera instancia no fue atendida en oficinas de la Fiscalía.

Ese día también exigieron informes oficiales desde la Fiscalía acerca de los avances en el proceso.

El 12 de abril, la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Claudia Barrionuevo, envió una carta a la hermana de la víctima indicando que esta entidad emitió el Exhorto de Solicitud Formal de Extradición a Argentina el 28 de marzo y al día siguiente la Embajada Boliviana recogió los documentos para presentarlos al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del vecino país.

La documentación fue remitida al Juzgado Federal y Correccional de San Martín N2 "para su consideración" y, hasta ese día, el trámite estaba en esa instancia, según la carta publicada por la activista María Galindo, después de que esta increpara a funcionarios de dicha instancia sobre la "inacción" ante el caso.

Pamela R. fue hallada sin vida y decapitada al interior de su domicilio. El pricipal sospechoso, Oswil J. F. M., con quien la víctima había terminado su relación hace dos meses atrás, fue señalado como el principal sospechosos del hecho y fugó del país. Ella dejó un hijo de tres años en la orfandad.

El 14 de marzo, la Fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, informó que el hombre fue aprehendido en la República de Argentina, mediante la solicitud de Notificación Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Desde entonces el hombre se encuentra en calidad de detenido en Argentina y una vez que se encuentre en territorio boliviano, en caso que sea expulsado, se procederá a emitir la imputación formal. Sin embargo, hasta la fecha el acusado no fue extraditado a Bolivia.

La madre del acusado fue imputada por complicidad y guarda detención preventiva.

OTROS CASOS EXPUESTOS 

El martes 19 de abril, María Galindo, activista y líder del colectivo Mujeres Creando, llegó hasta instalaciones del Consulado de Bolivia en Buenos Aires, Argentina, la mañana de este martes. Allí expuso al menos tres casos de retardación de Justicia relacionados con violencia e incluso asesinato.

Galindo causó gran expectativa en varios medios locales que aguardaron su arribo a dichas instalaciones. El objetivo era realizar reclamos por la falta de acceso a información y datos de dichas oficinas.

Uno de los casos expuestos por la activista está relacionado con un delito de violencia y asesinato de un menor de edad, respecto al cual la denunciante, una mujer de mediana edad, acompañó a Galindo hasta el consulado manifestando que su expareja mató a su hijo como forma de ejercer venganza contra ella.

El hecho habría ocurrido hace dos años y el hombre estaría libre en Argentina, con nueva pareja e incluso un negocio.

"He venido unas 10 veces acá y solo me dicen que tenga mucha paciencia, y que estas cosas tardan; me tienen dando vueltas y yo vivo en un hogar", manifestó la mujer, según el testimonio transmitido en Radio Fuego Argentina.

Posteriormente se habló de una causa de violación sucedida en Bolivia, tras lo cual el autor habría fugado al país vecino. La víctima y su familia no obtuvieron justicia. 

Previo a su retiro, Galindo solicitó a la funcionaria de atención en el Consulado un breve detalle sobre el precio de algunos trámites que se realizan en dicha institución, como el DNI (Documento Nacional de Identidad), 400 pesos; certificado de nacimiento, 650; y matrimonio, 6.500, entre otros.

"Esto es una mina de oro", señaló la activista, a su salida, no sin antes concretar citas para las mujeres que la acompañaron pidiendo atención a sus denuncias.