El patio de su casa se convirtió en su tumba. La noche del 23 de junio, un grupo de investigadores ingresó a la vivienda de Florencio Cadima Ponce, el exmilitar de 78 años que estaba desaparecido desde mayo de 2020, ubicada en la urbanización Toborochi, al sur de la ciudad de Santa Cruz. Su propósito era encontrar al hombre perdido y, en esa tarea, descubrieron sus restos óseos enterrados, a unos dos metros de profundidad, en el patio de su domicilio, inmueble que es objeto de un pleito de herencia.

Según las indagaciones policiales, la propiedad del exmilitar estaba en litigio y él temía que lo desalojen. Por eso, llamó a su hija Irma C.O., que vivía en Cochabamba, para que lo acompañara y evitar ese extremo. Ella se trasladó a Santa Cruz con su esposo y sus dos hijos, pero su convivencia se convirtió en un “infierno”.

La herencia, el rencor y un plan atroz rodean el crimen. Su exesposa Irma O., su hija Irma C.O. y el esposo de ella Henry A.T. son los presuntos autores de la muerte, y fueron enviados preventivamente al penal de Palmasola por los delitos de asesinato y parricidio, respectivamente. También están implicados dos de sus nietos adolescentes, pero su posible participación aún está en investigación.

Los responsables quisieron “ocultar el crimen”. Florencio falleció por un golpe contundente en la cabeza, hace más de un año. Sus familiares lo cubrieron con una sábana blanca y lo enterraron con “vista al cielo” para evitar la prisión. Se presume que lo mataron para quedarse con el inmueble, según las indagaciones policiales. 

Una de las hijas de la víctima, que radica en Londres, preguntaba constantemente por su padre, pero su hermana (que ahora es procesada por parricidio) le decía que reportó la desaparición y que la Policía estaba haciendo su trabajo, y que solo les quedaba esperar. A otros les decían que el exmilitar viajó y que desconocían cuando retornaría.

Florencio y su esposa Irma O. tuvieron nueve hijos. Uno días antes del macabro hallazgo, su hija, que vive en el extranjero, se contactó por teléfono con la Policía para reportar la desaparición. También les hizo conocer que perdió comunicación con dos de sus hermanas, desde hace unos nueve meses, y pidió que realicen la búsqueda.

Esa alerta movilizó a los investigadores, quienes descubrieron que Florencio, poco antes de su desaparición, denunció a su hija Irma por maltrato.

EL CRIMEN Los implicados en el violento hecho se contradijeron en sus declaraciones. Primero, admitieron su participación en el crimen, pero les dijeron a los investigadores que el cuerpo de Florencio fue arrojado en el río Piraí.

Luego, Irma O., exesposa de la víctima, les dijo que los restos del exmilitar estaban en el mismo inmueble y los dirigió hasta el sitio donde enterraron el cadáver. Esa no fue la única contradicción; una versión apunta como autora material a la exesposa y la otra a la hija de la víctima.

La Policía, en su reporte inicial, dio a conocer que la expareja de Florencio fue la que planificó el crimen y que su hija lo mató, mientras su yerno es procesado por complicidad debido a que prefirió callar y ocultar la muerte.

Irma O., la madre de los hijos del exmilitar, se atribuyó el crimen durante la audiencia de medidas cautelares y pidió que sus familiares sean liberados. La mujer, de 80 años, dijo que su exesposo era abusivo con ella, su hija y sus nietos y que por eso lo mató. Señaló que, desde entonces, “duerme tranquila”.

Los exesposos estaban viviendo en la misma casa, pero en habitaciones separadas, cuando ocurrió el hecho. Se habían alejado hace unos 20 años y algunas veces convivían en la misma propiedad, pero no siempre era así.

La adulta mayor declaró ante la jueza que es “la única culpable”. Relató que golpeó a su exesposo, cuando él estaba de espaldas, con una barreta de fierro en la cabeza. “Es redondo y mide más de un metro, es más alto que mi bastón”.

“No se cayó porque quedó medio borracho. Se sujetaba de la puerta del baño, mientras estaba acercándome para rematarlo, pero mi hija me atajó. Ella me dijo mami modérese, qué le pasa, pero él seguía vivo (…). Mi hija me dijo que vaya a ver a los chicos, pero no quise y me senté y pensé que Florencio podía denunciar ante la Policía y si hacía eso iba a decirles que él era violento y que pegaba a mis nietos, a mi hija y a mí”, contó la mujer.

Luego, señaló que tomó un arma blanca, se acercó al cuerpo y acabó con la vida del padre de sus hijos. Añadió que ordenó a sus nietos cavar una fosa para enterrar el cuerpo de Florencio, mientras su hija lloraba en su habitación. “Lo envolvimos en una sábana blanca con vista al cielo y lo enterramos. Después, limpiamos toda la casa, especialmente su cuarto”.

La mujer aseguró ser la autora material del crimen. “Yo lo asesiné, sola. Nada que ver mi familia, ósea todo tiene que recaer sobre mí. Dejen a mi familia, he sido yo”. 

Su hija Irma C. apoyó la versión de su madre y mencionó cual fue su participación. Ella aseguró que la barreta y el machete colectado por los investigadores no fue el que su progenitora usó para cometer el delito. Acotó que ella desapareció esas evidencias, al igual que las prendas de vestir que la incriminaba. “Lo metí a una bolsa y lo quemé porque me daba pena que mi madre que ya es viejita se vaya a Palmasola (…). Qué íbamos a hacer, yo cavé el pozo, mientras mi madre me pasaba agüita. Todo para que ella no se vaya presa, estoy consciente de que hice eso y le pido perdón a mi padre”. 

En cambio, la versión de Henry A., yerno de la víctima, es distinta, según un video difundido por Bolivisión. Él refirió que se encontraba en la ciudad de La Paz cuando su suegro perdió la vida. “Retorné al cabo de un mes y me percaté que él (mi suegro) no estaba”. 

El hombre declaró que su suegra y su esposa discutían por la herencia de la casa. Sobre el día del crimen, Henry dijo que su pareja le comentó que Florencio llegó a su vivienda en estado de ebriedad y que la agredió física y verbalmente. 

“Mi esposa ingresa a la ducha, agarra un fierro y lo golpea en la cabeza. Siguieron peleando hasta llegar al cuarto de mi suegro. Mi esposa se subió encima de mi suegro y con un machete lo degolló. Ella mandó a mis hijos y a mi nieto a la cancha, donde esperaron a que ella los llame, mientras se ocupó de enterrar a su padre”, manifestó. 

El procesado señaló que no reportó a la Policía porque se trataba de su pareja y argumentó que “no era el único que tuvo conocimiento”, sino también su suegra, quien ahora dice ser la única responsable del asesinato.

MÁS EXCAVACIONES El 30 de junio, la Fiscalía y la Policía, con personal especializado, realizaron más excavaciones en la casa de Florencio Cadima ante la sospecha de que sus hijas, de las que se desconocía su paradero, “hayan corrido la misma suerte”. Sin embargo, las autoridades dieron a conocer que la búsqueda terminó y que no hallaron más restos óseos humanos en la propiedad.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Edson Claure, dio a conocer que una de las hijas del fallecido se encontraría en un psiquiátrico ubicado a 90 kilómetros, en la carretera a Camiri. Acotó que un médico de ese centro se comunicó con los investigadores y les informó que la persona que están buscando se encuentra internada desde hace un año.

También señaló que la otra hija se contactó y prometió hacerse presente. Sin embargo, el caso continúa en investigación para esclarecer los hechos.

LOS PARRICIDOS MÁS SONADOS La hija de Florencio es la primera procesada por parricidio, este año. No se conoció otro caso similar en esta gestión.

En abril de 2020, un joven, de 22 años, fue enviado preventivamente a prisión por matar a su padre en la zona San Pablo de El Alto (La Paz). Él dijo que su progenitor agredió a su madre amenazándola de muerte y que, por eso, sacó un cuchillo de la cocina y lo apuñaló por la espalda. 

En enero de este año, Jairo Delgado fue sentenciado por los delitos de feminicidio y parricidio en Tarija. El hombre, de 39 años, mató en 2014 a su hermana y a su padre, a quienes estranguló hasta quitarles la vida, por dinero.

Según los antecedentes, el padre vendió un inmueble y, poco después, su hijo lo convenció de ir a ver unas casas en Moto Méndez, pero lo estranguló. Luego, llamó a su hermana para pedirle que lo acompañe a Tolomosa y ahí la mató. 

Otro caso que conmocionó al país ocurrió en Cochabamba, en 2019. Álvaro Rubén Fernández atacó por la espalda a su papá y luego a su mamá, y finalmente a su hermana menor, pero esta última solo se desmayó. Para los tres usó la misma soga de colgar ropa. 

Álvaro admitió el crimen y fue sentenciado a 30 años de presidio. El hombre sorprendió a su padre por la espalda, lo hizo caer y lo estranguló con una soga. Llamó a su madre y cuando ella llegó al inmueble ubicado en el barrio Ferroviario se abalanzó y le quitó la vida con la misma cuerda. Finalmente, llamó a su hermana pidiéndole que vaya a su casa y cuando ella entró la atacó hasta dejarla inconsciente.

El autor dijo que tenía problemas con sus padres desde hace mucho tiempo porque su hermana menor, a la que intentó matar, había egresado antes de la carrera de Medicina y sentía que sus papás tenían preferencia por ella.

En julio de ese mismo año, la parricida Isabel Cardozo fue enviada a San Sebastián mujeres y el coautor, Alfonso Paz, a El Abra. Ambos fueron sentenciados a 30 años de prisión por el crimen de las “hermanas Caballero”, hecho que conmocionó a la sociedad cochabambina en julio de 2017.

Las hermanas Carmen Caballero Ovando (59) y Patricia Caballero Ovando (43) fueron apuñaladas más de 30 veces y degolladas en su domicilio, en inmediaciones de la plazuela Cobija. Isabel, la hija adoptiva de Carmen y Manuel C., fue acusada del doble crimen. Ella contrató al sicario Alfonso Paz para ejecutar el asesinato. 

En la audiencia, Isabel habló por primera vez desde que se inició el juicio. Rompió en llanto al contar cómo planearon la muerte de Carmen, su madre adoptiva, y su tía Patricia. Detalló como ella y el sicario asestaron las puñaladas e incluso especificó que las heridas que tenía ella las habría causado Alfonso quien en su estado frenético no calculaba dónde caían las puñaladas. 

El móvil habría sido económico. Ella y Alfonso pretendía quedarse con todos los bienes de la familia. 

En 2015, se registró otro brutal crimen en Sacaba, Cochabamba. Carlos Q. mató a su padre con 38 puñaladas en presencia de su sobrino, de seis años, por conflictos de herencia. Sus familiares dijeron que la víctima estaba ganando los bienes inmuebles en el proceso de divorcio.

El joven, que tenía en ese entonces 24 años, aprovechó que todos habían salido y sorprendió a su padre durmiendo. Le quitó la vida y le roció con el contenido de dos pequeñas botellas de alcohol y luego prendió fuego al cadáver. 

El parricidio es considerado un delito “gravísimo”. El artículo 253 (parricidio) del Código Penal dice: “El que matare a su padre o madre, o a su abuelo u otro ascendiente en línea recta, sabiendo quien es, será sancionado con la pena de presidio de 30 años, sin derecho a indulto”.

Pena 

El parricidio es sancionado con 30 años de presidio sin derecho a indulto, según el artículo 253 del Código Penal. Esa es la pena máxima en Bolivia.