Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 09 de junio de 2023
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CRÍTICAS

Crímenes que pusieron en la mira a la Policía

En mayo de 2021, los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) decidieron no tratar el proyecto de ley que buscaba modificar la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía, aunque en aquella ocasión la propuesta surgió debido al amotinamiento en filas de la institución del orden -de 2019-.

Foto referencial de un policía del país/ CORTESÍA
Crímenes que pusieron en la mira a la Policía

La modificación de la ley 101 de Régimen disciplinario de la Policía Boliviana ingresa nuevamente en el debate público, tras conocerse el caso del capitán Javier Alberti, señalado por robo agravado y con un prontuario que cuenta con una decena y media de procesos que incluyen narcotráfico.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se debate sobre el tema.

En mayo de 2021, los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) decidieron no tratar el proyecto de ley que buscaba modificar la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía, aunque en aquella ocasión la propuesta surgió debido al amotinamiento en filas de la institución del orden -de 2019-.

“No existe absolutamente por el momento ninguna posibilidad de poder tratar un proyecto de ley que pueda estar direccionado a sancionar a los hermanos policías de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, dijo el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

En noviembre de 2022, el tema volvió a surgir ante los casos irregulares identificados dentro de la Policía.

El entonces comandante general Jhonny Aguilera informó que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ordenó la conformación de una comisión para adecuar, no solamente esa normativa, sino también, la posibilidad de sugerir al Órgano Legislativo la modificación desde el punto de vista normativo en el área penal. Aunque a la fecha no sirgió mayo información al respecto.

Esa fue una de las propuestas que Aguilera dio a conocer a la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, FFAA, de la Cámara de Diputados, donde fue interpelado sobre el caso de los autos robados en Chile y comercializados en Yapacaní, Santa Cruz.

“Tenemos que trabajar por tiempo y materia. Una ley tiene que ser reemplazada por otra ley, la Ley 101 se emitió hace 10 años y ha probado su ineficiencia, por eso encabezados por el Inspector General de la Policía estamos en una comisión conformada por gente que conoce el sistema disciplinario”, agregó el exjefe policial.

A continuación, se revisan algunos de los crímenes más polémicos que involucraron a uniformados en el país.

CRÍMENES

Si de crímenes de narcotráfico se trata, muchos exjefes policiales se vieron involucrados en los u;timos años.

El exjefe antidrogas de la policía René Sanabria fue detenido a principios de enero de 2021 en la ciudad de Santa Cruz, tras retornar desde Estados Unidos, donde cumplió una sentencia por el delito de narcotráfico.

Sanabria, de 63 años fue jefe de la policial Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) entre 2007 y 2008, durante el gobierno de Evo Morales, fue detenido en febrero de 2011 en Panamá, en un operativo de la DEA y luego extraditado a territorio norteamericano.

Maximiliano Dávila, también exjefe antidrogas, se encuentra bajo detención preventiva por sospechas de vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito.

Dávila es el más reciente detenido como resultado de la investigación de la agencia antidrogas de Estados Unidos a una red de narcotráfico. El año pasado se arrestó en Colombia a Omar Rojas, un exoficial de la policía boliviana, y en Perú a Jorge Roca Suárez, alias “Techo de Paja”, quien ya cumplió un pena de 27 años en una cárcel de Estados Unidos por el mismo delito.

Omar Rojas Echeverría, un exmayor de la policía boliviana considerado el “Pablo Escobar de Bolivia” por la cantidad de droga que traficó y sus vínculos con las altas esferas del poder del país andino, será extraditado a Estados Unidos tras ser detenido en Colombia en enero de este año en una operación coordinada por la DEA.

Rojas fue detenido en marzo de 2021 en Colombia, acusado de enviar al menos 100 toneladas de cocaína y armas a Estados Unidos.

En 2019, el excomandante nacional de la Policía, Óscar Nina, recibió una condena de siete años y seis meses de prisión por el Tribunal Quinto de Sentencia. Lo encontraron culpable por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La exautoridad policial y exgeneral fue condenado junto a su esposa, Nancy Morales de Nina (cinco años y tres meses) y su hija, Naima Lorena Nina (cinco años). También fueron hallados culpables el ex capitán Raúl Millán Salazar (cinco años y siete meses), su novia y su cuñada.

El excomandante de la FELCN en Santa Cruz, Gonzalo Medina, fue detenido en abril de 2019. Él, junto al que era el jefe de la División de Propiedades de esa unidad, Fernando Moreira, fueron incluidos en un reporte de inteligencia en el que se los ligaba con el narcotraficante Pedro Montenegro.

Los femenicidios de Betsabé Mara Alacia, Noelia Magali Villarroel, Martha Quispe Mamani y Lorena Paredes son algunos de los casos que pusieron en la mira a la Policía, en Cochabamba. Los efectivos acusados fueron dados de baja de la institución del verde olivo; tres tienen sentencia máxima por feminicidio, mientras otro recibió cinco años de presidio por estupro, pero aún enfrenta el proceso como sospechoso del crimen.

Las víctimas perdieron la vida a consecuencia de proyectil de arma de fuego en la cabeza o el pecho. 

El feminicidio de Betsabé conmocionó a todo el país. La joven, de 24 años, se encontró con el teniente Adán Boris Mina Alanes, su enamorado, el 11 de agosto de 2020, en Quillacollo.

El expolicía Wilmar Francisco Gervacio Orosco recibió la pena máxima en octubre de 2020 por el feminicidio de su pareja Noelia Magali Villarroel. La joven, de 20 años, fue encontrada con un disparo en el pecho en la casa del ahora sentenciado en la zona de Villa Pagador, el 27 de abril de 2019. 

Por el feminicidio de Martha Quispe Mamani, el policía Javier Vildal Valdez Mayta fue condenado a 30 años de cárcel en febrero de 2019. Lo declararon culpable de matar, con un tiro en la cabeza, a su pareja, una comerciante a la que golpeaba y le exigía que cubra económicamente “sus lujos”.