Celia A. murió hace casi cuatro años y su última petición para su esposo y sus hijos fue que sigan buscando a su hija menor. Con 14 años, Mayra Andrea Ch.A. fue alejada de su hogar, en La Paz, y trasladada a Argentina, donde dio a luz y era obligada a trabajar en un taller de costura clandestino. Siete años después, luego de atentar contra su vida, fue ingresada a un hospital y, de esa manera, huyó de su captor y pidió ayuda. Orlando C.P., de doble nacionalidad (argentina y boliviana), fue detenido hace un mes por la Policía Federal sindicado de violación y trata de personas.

Celia, quien padecía diabetes, presión alta y cáncer, perdió las ganas de vivir por la angustia de no encontrar a su hija que desapareció el 18 de junio de 2015 cuando retornaba de su unidad educativa en la zona Periférica de la ciudad de La Paz. La buscó hasta su último día de vida, pese a que algunas personas le insinuaban que ya no iba a encontrarla.

Su desaparición fue un misterio hasta noviembre de este 2022. La familia de Mayra, que ahora tiene 22, recibió una llamada que les devolvió la fe y esperanza. Una persona que se identificó como vecino les hizo conocer que la joven estaba hospitalizada en Argentina. La noticia les causó sorpresa, pero temían que se trate de una broma de mal gusto. La Policía de Bolivia confirmó la información a través del contacto con sus pares en Argentina.

Mayra escuchó a su padre y a sus hermanos después de siete años. Por medio de una llamada, les expresó su cariño y su voluntad de volver a Bolivia. Lo primero que hará es llevarle flores a su madre. Su captor le quitó la oportunidad hasta de despedirse de su progenitora, quien sufrió desde su desaparición.

El calvario comenzó en junio de 2015. Orlando C.P., el hombre que la alejó de sus seres queridos no era un desconocido. Se trata de la expareja, hoy de 29 años, de una de las hermanas de Mayra Andrea. Se presume que la enamoró, agredió sexualmente y embarazó, y luego la convenció de viajar juntos a Buenos Aires. Probablemente, la adolescente no vio otra salida y aceptó la propuesta. Cruzó la frontera escondida en la cajuela de una camioneta y estuvo viviendo en la localidad de Villa Madero, partido de La Matanza.

La familia de Mayra reportó su desaparición ante la División de Trata y Tráfico de Personas, quienes la buscaron, pero sin éxito. En 2016, la víctima dio a luz a un niño.

Según la Policía, la víctima era encerrada por Orlando C.P., quien la explotaba sexual y laboralmente en un taller textil clandestino. No le permitía comunicarse con sus familiares. Mayra ya no podía seguir viviendo en cautiverio y, hace un mes, ingirió una cantidad importante de medicamentos que le causaron intoxicación. A su captor no le quedó más opción que llevarla al Hospital Santojanni.

La joven reveló la pesadilla que vivió desde 2015. El Juzgado Federal No. 9 tomó conocimiento del caso y dio dos instrucciones. Un equipo de psicólogos llegó al hospital para trabajar en la contención de la víctima, mientras un grupo de efectivos se dirigió al domicilio de Orlando C.P. y logró detenerlo en la localidad bonaerense de Villa Madero. El niño, de siete años, se encontraba en el inmueble. Su tío paterno asumió la custodia provisoria. 

Las autoridades realizan los trámites para que la joven madre vuelva a su hogar. El derecho a la repatriación o retorno voluntario son formas de rescate de víctimas. También tramitan el traslado del captor para que responda por los delitos de violación y trata y tráfico de personas.

SOFÍA, OTRA VÍCTIMA QUE FUE ALEJADA DE SU HOGAR El 12 de septiembre de este año, Sofía (nombre cambiado) cargó a su bebé, de 11 meses, y salió de su hogar ubicado en la zona Franz Tamayo de La Paz, pero no llegó a su destino. Su familia angustiada reportó las desapariciones. 

El 30 de septiembre, la víctima, de 17 años, logró llamar a escondidas a su hermana. Le comunicó que su expareja la tenía retenida, pero no pudo darle más detalles porque fue sorprendida por el autor, quien colgó el teléfono.

La Policía hace casi dos semanas dio con su paradero. Sofía y su bebé estaban en Brasil. Wilfredo Q.C., de más de 30 años, la sacó del país con fines de explotación laboral. Según las investigaciones, el autor consiguió con engaños que la adolescente viaje con él. Sin embargo, la encerró y agredió sexualmente.

“Wilfredo Q. tiene antecedentes por violación, del año 2015. La víctima tiene una bebé de 11 meses que nació producto de la agresión física del mismo hombre”, señaló el jefe nacional de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Miguel Palma. 

Después de tres meses, Sofía y su bebé fueron rescatadas, mientras Wilfredo enfrenta otro proceso por violación, explotación laboral, agresiones físicas y psicológicas y trata y tráfico de personas. 

SUBEN LOS CASOS DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS De enero a septiembre, la Fiscalía Especializada recibió 1.496 denuncias por trata y tráfico de personas y delitos conexos en el marco de la Ley 263 en toda Bolivia. En 2021, se atendieron 1.174, es decir, 322 causas menos. Según el detalle, en nueve meses, atendieron 401 casos por trata de personas y 45 por tráfico de personas.

Para la Defensoría del Pueblo, este delito se ha incrementado en un 8.1% entre 2021 y 2022. Las cifras muestran que en 2021 recibieron 37 denuncias, pero ya, al 22 de septiembre de 2022, se han presentado 40. La Paz y Cochabamba son los departamentos con más demandas.

Esta tendencia también se mantiene en los datos de la Policía Boliviana Nacional que, de acuerdo con su base de información, en 2015 hubo 370 casos y en 2021 alcanzó a 420, lo que muestra un incremento de 13.5% de casos. Los datos policiales muestran que un 63% de las víctimas son mujeres y un 28.3% son hombres. Con relación a la edad, un 46% tiene entre 11 y 20 años y el 38.8% son adolescentes.

La institución defensorial observó que la cantidad de casos que concluye con una sentencia condenatoria es baja con relación al número de denuncias. En 2021, se dictaron 12 sentencias por delitos relacionados a la trata de personas y delitos conexos. Consideran importante que el Estado refuerce las acciones de persecución penal mediante el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Policía, Ministerio Público y del Órgano Judicial.

CASTIGO En Bolivia, la trata de personas se sanciona con privación de libertad de 10 a 15 años, “a quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

La sanción es de 15 a 20 años cuando la víctima es niño, niña o adolescente, persona con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica, embarazada, o el autor sea parte de una organización criminal o se produzca una lesión gravísima o se ponga en peligro la vida, la integridad o la seguridad.