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DE LOS 18 ACUSADOS, SOLO TRES SE ENCUENTRAN TRAS LAS REJAS

4 años sin justicia: 15 momentos clave de la 'masacre' en Huayllani; de la tragedia al camino contra la impunidad

Familiares recogen los cuerpos de las víctimas mortales del IDIF, el 16 de noviembre de 2019. / DICO SOLÍS
Familiares recogen los cuerpos de las víctimas mortales del IDIF, el 16 de noviembre de 2019. / DICO SOLÍS
4 años sin justicia: 15 momentos clave de la 'masacre' en Huayllani; de la tragedia al camino contra la impunidad

En tres días se cumplen cuatro años de la “masacre” en Huayllani, Sacaba, donde 10 miembros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba fueron abatidos a tiros por las Fuerzas Armadas, según las investigaciones de la Fiscalía.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, comunicó que 18 personas han sido acusadas de genocidio y tentativa de genocidio en relación con las muertes ocurridas en Huayllani en 2019. Entre los acusados se encuentran la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, quienes están en situación de rebeldía, así como 13 militares y dos policías. Esta acusación formal fue dada a conocer hace tres semanas y, tan solo hace tres días, el Tribunal de Sentencia No. 1 de Sacaba declaró que no era competente para juzgar a la exmandataria a través del proceso ordinario, sugiriendo de manera implícita que sea llevada a un juicio de responsabilidades. Esta situación ha generado un gran descontento entre las víctimas, quienes denuncian que Áñez goza de una “manto de impunidad”.

De todos los acusados, solo tres se encuentran con detención preventiva en cárceles de La Paz, mientras que el resto, que se sometió al proceso, tiene detención domiciliaria, según información proporcionada por el abogado de las familias de las víctimas, Nelson Cox, quien era delegado Defensorial del Pueblo en Cochabamba cuando ocurrieron los hechos luctuosos.

1. El conflicto en Bolivia estalló entre los meses de octubre y noviembre de 2019, inmediatamente después de las elecciones presidenciales, debido a las denuncias de presunto fraude electoral. Después de casi 14 años en el poder, el presidente Evo Morales renunció el 10 de noviembre, tras 20 días de intensas protestas y manifestaciones en todo el país. Antes de su renuncia, ocurrió un motín policial y las Fuerzas Armadas sugirieron a Morales que dejara su cargo para permitir la pacificación del país. Estos eventos desencadenaron una serie de cambios políticos significativos en Bolivia. 

2. El 11 de noviembre, Jeanine Áñez conoció una carta del entonces comandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, en la que solicitaba la intervención de las Fuerzas Armadas debido a que la Policía se encontraba desbordada en La Paz y El Alto, donde también se estaban llevando a cabo protestas. La entonces senadora opositora, quien pasó de vicepresidenta a presidenta de ese organismo, convocó abiertamente a las Fuerzas Armadas a coordinar con la Policía. Además, se dio a conocer que las Fuerzas Armadas llevarían a cabo el Plan Sebastián Pagador para el “resguardo de los servicios públicos estatales”.

Cocaleros y uniformados en el puente Huayllani, el 15 de noviembre de 2019. / DICO SOLÍS
Cocaleros y uniformados en el puente Huayllani, el 15 de noviembre de 2019. / DICO SOLÍS

3. El 12 de noviembre, Evo Morales llegó a México en calidad de asilado, mientras que la senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia. Sin embargo, surgieron dudas sobre si se cumplió el quórum y hubo otras observaciones al respecto.

Áñez era vicepresidenta del Senado y fue necesaria la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, para que ella asumia la presidencia de esa cámara y luego se convierta en la sucesora de Evo Morales.

En ese mismo día, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico anunció movilizaciones, declarando la proclamación de Áñez como “inconstitucional” y exigiendo el retorno de Evo Morales. Morales regresó después de un año, cuando Luis Arce ganó las elecciones.

Por su parte, la Policía emitió el Plan de Operaciones 30/2019, llamado “Operaciones Conjuntas Policial-Militar para el restablecimiento del orden público”.

4. El 13 de noviembre, se llevó a cabo la toma de posesión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el Alto Mando Militar y los ministros de Defensa y Gobierno. Sergio Carlos O.C. asumió el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Pablo Arturo G.C., fue nombrado jefe del Estado Mayor General de las FFAA; Iván Patricio I.R. se desempeñó como comandante general del Ejército de Bolivia; Ciro Orlando A.G. fue designado como comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana; Moisés Orlando M.H. fue designado como comandante general de la Armada Boliviana. Además, Luis Fernando López Julio y Arturo Carlos Murillo Prijic fueron nombrados ministros de Defensa y de Gobierno, respectivamente.

Por otro lado, el 14 de noviembre, Rodolfo Antonio M.T. fue posesionado como comandante general de la Policía Boliviana. Todos ellos son parte del proceso relacionado con las muertes ocurridas durante este conflicto.

5. El mismo 14 de noviembre, Jeanine Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078 supuestamente para contrarrestar la situación que se vivía en Bolivia en ese momento. Este decreto establecía la realización de operaciones conjuntas entre la Policía y las Fuerzas Armadas, con la particularidad de que el personal de las FFAA quedaba exento de responsabilidad penal en el ejercicio de sus funciones y en las operaciones que se llevaran a cabo. 

Por otra parte, el 15 de noviembre, Sergio Carlos O.C. posesionó a Aldo B.M. como inspector general de las FFAA.

6. Los miembros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba tenían la intención de marchar hacia la plaza 14 de Septiembre en la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, un contingente policial y militar detuvo su avance en el puente de Huayllani, en el kilómetro 10.5 de la avenida Villazón. El movimiento argumentaba que querían que se respetara su derecho al voto y a vestir la pollera, además de rechazar la quema de la wiphala.

7. Los uniformados se organizaron en cuatro líneas durante el conflicto. Las dos primeras líneas estaban compuestas por grupos policiales antidisturbios, mientras que las otras dos líneas estaban conformadas por militares de unidades del Ejército y la Fuerza Aérea Boliviana.

Los efectivos policiales estaban bajo el mando del entonces comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Jaime Edwin Z.T. Estos grupos contaban con equipos antidisturbios y agentes químicos para el control de las manifestaciones.

Según la acusación formal de la Fiscalía, los militares en la primera línea estaban armados con fusiles de guerra tipo FAL, SIG y munición calibre 7.62 milímetros (mm), considerados letales. El segundo grupo de militares llevaban armas Galil calibre 5.56x45 mm y estaban bajo el mando de Boris Cristhian P.P. y Franz L.V.G.

También se encontraba una línea de refuerzo a carga de Danny Osvaldo C.R., acompañado de cuatro instructores, todos con fusiles Galil 5.56x45 mm. Durante las intervenciones, también se conformó un grupo de “satinadores” por parte de efectivos militares del Ejército, aunque por motivos externos, no llegaron al lugar de los hechos.

Por otra parte, la Fuerza Aérea fue reforzada por una unidad militar especial llamada Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita-Grupo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y Antiterroristas, bajo el mando de Israel R.V. Estos grupos estaban desplegados con vehículos blindados y armamento tipo Galil, calibre 5.56x45 mm. Además, se registró el sobrevuelo de helicópteros y aviones de guerra de la Fuerza Aérea y el Ejército en la zona. También había dos vehículos neptunos de la Policía y un blindado militar. 

Personal de salud atiende a una de las víctimas de Huayllani, el 15 de noviembre de 2019. / NOÉ PORTUGAL
Personal de salud atiende a una de las víctimas de Huayllani, el 15 de noviembre de 2019. / NOÉ PORTUGAL

8. De acuerdo con el cuaderno de investigaciones, el 15 de noviembre, Jaime Edwin Z.T., excomandante de la Policía de Cochabamba, distrajo a los marchistas prometiéndoles que podrían pasar si se deshacían de sus banderas y accederían a ser requisados. Mientras esto ocurría, por la tarde, se cree que el jefe policial ordenó a su personal el uso de agentes químicos (gases lacrimógenos) con el fin de generar una “cortina de humo” para permitir el avance de las fuerzas militares y el uso de armamento letal en contra de las personas que estaban movilizadas.

En relación a esto, el entonces comandante de la Policía Boliviana, Rodolfo Antonio M.T., declaró ante la Fiscalía el 11 de enero de 2021 que Jaime Edwin Z.T. le llamó alrededor de las 17: 30 del 15 de noviembre para informarle que había dispuesto el avance de efectivos a Huayllani y que había utilizado agentes químicos para evitar agresiones hacia los policías. Sin embargo, el excomandante considera que el jefe departamental debía haberle informado antes de movilizar al personal policial y que el uso de gases lacrimógenos no era apropiado dada la cantidad de personas presentes, incluyendo mujeres y niños. Él sostiene que se debía priorizar el diálogo en lugar de recurrir a esa medida.

Sobre el uso de armamento letal, el general Alfredo C.M., excomandante del Comando Estratégico Operacional Central (CEO) de Cochabamba, dijo en su declaración informativa del 24 de noviembre de 2020 que no autorizó el uso de armamento letal. Durante el hecho, Jaime Edwin Z. mencionó: “todos han escuchado las balas, estaban silbando”.

Algunos miembros de las Fuerzas Armadas admitieron haber estado equipados con armamento letal, pero ninguno afirmó haber hecho uso de él y provocado muertes.

9. Diez personas perdieron la vida debido a impactos de proyectiles de arma de fuego. Se encontraron esquirlas compatibles con el proyectil 5.56x45, correspondiente al fusil Galil utilizado por el personal militar.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Omar Calle Siles (de 26 años), César Sipe Mérida (18), Armando Caraballo Escobar (25), Emilio Colque León (21), Marcos Vargas Martínez (31), Roberto Sejas Escobar (28), Juan López Apaza (34), Lucas Sánchez Valencia (43), Plácido Rojas Delgadillo (18) y Julio Pinto Mamani (51). En consecuencia, al menos 13 menores de edad quedaron huérfanos de padre.

10. Los muertos y los heridos fueron llevados al Hospital México de Sacaba. El personal de salud no era suficiente para enfrentar esta situación, ya que la cantidad de personas afectadas era muy alta. 

Muchos de los heridos se encontraban en el patio y los pasillos del hospital, esperando su turno de atención médica. Al promediar las 18:00, se confirmó la muerte de cinco hombres y la cifra de víctimas mortales estaba aumentando.

Los cuerpos de las víctimas estaban en el suelo, cubiertos con frazadas, y cuando fueron identificados, se les colocó un papel encima con sus nombres y las organizaciones a las que pertenecían. 

La situación era desoladora. Después de realizar las gestiones necesarias, los cuerpos pudieron ser trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para realizar las autopsias correspondientes. Además, los heridos más graves fueron llevados al Hospital Viedma y a otros servicios médicos. Se reportaron 37 personas heridas por proyectiles de arma de fuego y otras 17 con lesiones debido al uso excesivo de la fuerza.

Orificio de un proyectil en un poste cerca al retén de Huayllani. / DICO SOLÍS
Orificio de un proyectil en un poste cerca al retén de Huayllani. / DICO SOLÍS

11. Al día siguiente, el 16 de noviembre, las víctimas mortales fueron veladas en el puente Huayllani antes de ser llevadas al Trópico para su entierro. La gente acudió al lugar con flores y velas como muestra de respeto y solidaridad. Durante el velatorio, también exhibieron cartuchos de gas y casquillos, como una forma de protesta para denunciar la violencia.

12. El 16 de noviembre, Arturo Murillo, quien en ese momento era ministro de Gobierno, afirmó que los disparos que resultaron en muertes en Sacaba provinieron de la misma marcha. 

Según su teoría, los disparos fueron efectuados por los propios manifestantes para culparlos, e incluso afirmó que ya tenían preparados los ataúdes. En aquella ocasión, mencionó que tenía videos, pero no los podía mostrar porque eran “impactantes”.

Sin embargo, el dictamen pericial de la División de Química Forense elaborado el 6 de diciembre de 2019 establece que las muestras obtenidas de los hisopos de las palmas de las manos de los fallecidos no revelaron residuos de arma de fuego. Por otro lado, el informe pericial criminalístico-balístico forense del 20 de noviembre de 2019 señala que las piezas encontradas en las autopsias de los cuerpos de Omar Calle correspondían a munición 5.56x45 utilizada por militares, mientras que las piezas encontradas en el cuerpo de Marcos Vargas correspondían a piezas metálicas provenientes de dos proyectiles. 

Estos resultados parecen contradecir la teoría presentada inicialmente por Arturo Murillo. 

13. El dictamen pericial en planimetría, geoposicionamiento, fotografía forense y balística forense del 17 de junio de 2021 señala que los disparos provinieron de sectores donde estaban presentes funcionarios policiales y militares, cerca del puente Huayllani en dirección a los manifestantes. Además, según testigos, hay personas que aseguran haber visto a militares disparando. También se menciona que varios manifestantes resultaron heridos mientras auxiliaban a sus compañeros.

14. El 23 de octubre de este año, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que el Ministerio Público concluyó la investigación en el “Caso Sacaba” y presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal contra 18 personas por el delito de genocidio relacionado con los hechos ocurridos el 15 de noviembre de 2019. 

Según el fiscal, se llevaron a cabo 180 entrevistas a efectivos militares, 110 entrevistas a funcionarios policiales y 120 entrevistas a civiles que participaron en la marcha. Además, se recopiló una importante cantidad de pruebas documentales, informes, oficios, planos de operaciones y diarios de campaña. Sin embargo, se menciona que algunos documentos, especialmente los de las instituciones militares, han desaparecido. 

La acusación ha sido presentada en contra de Jeanine Áñez Chávez; el exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio; el exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic; el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Sergio C.O.C.; el exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Pablo A.G.C.; el excomandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Ciro O.Á.G.; el excomandante General de la Armada Boliviana, Moisés O.M.H.; el excomandante General del Ejército de Bolivia, Iván P.I.R.; el exinspector de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Aldo B.M.; el excomandante del C.E.O. Central de Cochabamba, Alfredo C.M.; el excomandante de la Séptima División del Ejército, Fuad G.R.E.; el excomandante de la Segunda Brigada Aérea, Oscar A.C.H.; el excomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, Boris C.P.P.; el exsub Comandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, Franz L.V.G.; el excomandante del Regimiento de Fuerzas de Comandos Aéreo-Transportados 18 Victoria, Danny O.C.R.; el exjefe de Equipo del Grupo Contra Actos e Interferencia Ilícita, Israel R.V.; el excomandante General de la Policía Boliviana, Rodolfo A.M.T. y el excomandante Departamental de la Policía Boliviana, Jaime E.Z.T.

Para Nelson Cox, abogado de las víctimas de Huayllani, la acusación presentada por la Fiscalía no fue motivo de celebración, ya que considera que la Fiscalía ya tenía suficientes pruebas hasta principios de 2022. Alega que hubo demoras injustificadas en el proceso.

En cuanto a los acusados, menciona una “diferenciación” entre aquellos que dieron las órdenes y aquellos que las ejecutaron en Huayllani. Asegura que muchos de los procesados han tenido “privilegios” con arresto domiciliario nominal, ya que no habrían sido cumplidos adecuadamente.

Según el abogado, el ataque ya estaba planeado desde la noche del 13 de noviembre, aunque las instituciones policiales y militares nieguen esa situación. Cox menciona que las fuerzas militares y policiales, a pesar de tener diferencias históricas, han llegado a un pacto de silencio. “No hablan y toda la investigación se ha llevado a cabo con pruebas presentadas por la Fiscalía y los aportes de muchos compañeros, así como fotoperiodistas que han capturado imágenes contundentes”.

Arman mast'aku en memoria de los caídos de Huayllani, el 1 de noviembre de este 2023. / DICO SOLÍS
Arman mast'aku en memoria de los caídos de Huayllani, el 1 de noviembre de este 2023. / DICO SOLÍS

15. El 9 de noviembre de este año, se conoció la decisión del Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba. Declaró su incompetencia para juzgar a Jeanine Áñez e indicó que deberá ser llevada a juicio de responsabilidades, beneficio otorgado a exautoridades. Esa misma situación ocurrió en el “Caso Senkata”, donde también murieron 10 personas. 

Un juicio de responsabilidades implica que la Fiscalía lleve a cabo la investigación y el juzgamiento se realice ante el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización por dos tercios de la Asamblea.

Nelson Cox, abogado de las víctimas, expresó su preocupación ante esta situación, ya que han luchado para que no se proceda por juicio de responsabilidades bajo la Ley 044, la cual considera una ley de impunidad.

Por otro lado, la Procuraduría General del Estado (PGE) anunció que utilizará todos los recursos legales a su disposición con el objetivo de revertir las recientes decisiones judiciales que favorecen a Jeanine Áñez en los casos de Senkata y Sacaba.

Las víctimas y sus representantes han expresado su descontento ante la decisión del Tribunal de Sacaba. En este momento, están analizando las medidas para tomar ante esta situación. Se mantienen firmes bajo la consigna “¡Ni olvido, ni perdón!”.