Previamente a perder la vida de forma macabra y de que se produjera el feminicidio, el 17.95% de las mujeres bolivianas sentó denuncia en más de una ocasión por violencia. Así, el 82.05% de las víctimas no acudió a una instancia policial, al Ministerio Público o una Organización No Gubernamental (ONG).

Esto se desprende del monitoreo minucioso denominado “Estudio sobre las características de los casos de feminicidio y la respuesta del sistema de Justicia en las nueve ciudades capitales y El Alto”, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas de Bolivia (UNFPA), junto con la Comunidad de Derechos Humanos, el Comité de Género del Órgano Judicial, la Alianza Libres sin Violencia y la Fundación Suecia. El informe, que se concentra en 173 expedientes abiertos de 2018 a agosto de 2020 y fue presentado el jueves, destapa las falencias del sistema judicial del país y concluye que la mujer ha sido blanco de violencia sistemática por parte del agresor, que en el 28.40% de los casos han sido los propios cónyuges.

“Se puede evidenciar el predominio de feminicidios íntimos que se cometen en el contexto de relaciones afectivas o familiares, por lo que la pregunta en este caso debería ser por qué las mujeres víctimas de violencia doméstica no denuncian estos hechos ante las instancias correspondientes. Es evidente que el feminicidio es la última fase del ciclo de violencia doméstica y queda claro también que antes de perpetrarse el mismo, la mujer estuvo sometida a una violencia sistemática por parte del agresor. Entonces se puede concluir (…) que en más de la mitad de los casos identificados sí existía violencia sistemática contra las víctimas de feminicidio y esta no fue denunciada”, relaciona el trabajo.

El caso de Wilma Flores, asesinada en abril a manos del padre de sus hijos, en las afueras de un supermercado en Santa Cruz, es un ejemplo de esto. La aiquileña, que resultó degollada y apuñalada con un cuchillo imponente en plena luz del día, acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) semanas antes de que se perpetrara su muerte. Sin embargo, el agresor fue liberado, lo que permitió que finalmente pudiera llevar a cabo su cometido trágico. “Este hecho pudo ser evitado, ya que ella hizo varias denuncias contra el autor, que es su expareja”, comentaba el hermano de la víctima, a través de una misiva. 

El estudio entiende que el grueso de las víctimas no recurrió a la Justicia porque no tuvo acceso a ella y porque, muy probablemente, estas mujeres han perdido la confianza en el funcionamiento de las entidades estatales encargadas de velar por su integridad física. La burocracia, la revictimización a la que son sometidas y la carencia en las medidas de protección también se presentan como posibles argumentos.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advierte que el sistema judicial presenta una fuerte tendencia hacia los hechos de corrupción. Dice que “es uno de los peores de Latinoamérica” y que la Fiscalía no ha conseguido, hasta ahora, que los procesos lleguen hasta la sentencia. Cruz señala que, generalmente, los acusados son arrestados o detenidos preventivamente.  

Instalar un Tribunal de Ética dependiente del Ministerio de Justicia, mismo que se ha previsto anteriormente, pero que no funciona, es necesario para la Defensora. Esto, frente a la situación de que “abogados, exfiscales, exjueces y gente con influencia en el sistema de Justicia actúen en redes”.

CELOS, LA EXCUSA

Cuando se trata de feminicidios íntimos, es decir, aquellos que suceden en el entorno más directo, los justificativos que más suelen citar los imputados por este delito son los “celos”. Lorena Cox, máster en Psicóloga Forense, Medicina Legal y Ciencias Policiales, recuerda al respecto que después de que se produce el crimen, estos hombres intentan esgrimir que actuaron, por ejemplo, porque otro sujeto “las estaba mirando y con certeza las víctimas dieron lugar a ello”. Describe la celotipia (celos irracionales) como elemento presente.

En este sentido, el 45.45% de los feminicidas que han confesado su culpabilidad refiere que el móvil principal fueron los celos. En segundo lugar aparece la excusa de la ruptura sentimental (15.4%), en tercero la infidelidad (10.91%) y finalmente los problemas financieros en casa (10.91%).

848 MUERTES

De 2013 a la fecha, en Bolivia han sido víctimas de feminicidio 848 mujeres. El estudio de la UNFPA recoge los datos del Ministerio Público de 2013 a 2020 y menciona que en ese lapso se han producido 787 muertes tipificadas por este delito, “sin contar las tentativas ni la complicidad”. A esta cifra hay que sumarle los 61 feminicidios dados hasta el 5 de julio de 2021, con lo cual se alcanzan 848. Sobre esto último, La Paz acumula el mayor número, con 20 asesinatos de mujeres en lo que va del año en curso, mientras que Cochabamba contabiliza 10, y Santa Cruz otros 10. En el mismo período de tiempo, es decir, de enero de 2020 al 6 de julio de 2020, se suscitaron 62.

VÍCTIMAS ADULTAS

El informe de la UNFPA establece que en el 53.19% de los feminicidios, las mujeres ultimadas tenían entre 29 y 59 años, mientras que en el 35.91% de los casos los asesinatos fueron perpetrados en mujeres jóvenes de entre 18 y 28 años. El 5.77% refleja que las víctimas han sido adolescentes y el 5.13% corresponde a adultas mayores.

En cuanto a la edad de los agresores, este dato también es coincidente con el de las víctimas. El 58.93% de los feminicidas tiene entre 29 y 59 años, mientras que el 33.43% exhibe edades entre 18 y 28 años. Los adultos mayores imputados por este delito se enmarcan dentro del 4.86%. Son minoría, lo que no significa que no tomen espacio en las noticias. En agosto de 2019, un hombre de 83 años mató a su esposa, de 76, en La Paz. La golpeó brutalmente. La mujer agonizó durante unos días y falleció, producto de un derrame cerebral. 

“DESPROTECCIÓN”

El estudio de UNFPA revela que “las víctimas indirectas no son protegidas por el sistema penal, como así lo expresa el 71.24% de los casos en los que no se dispuso ninguna medida de protección a su favor”.

Tampoco los hijos, es decir, los familiares directos de las víctimas, gozan de medidas de protección. El 75.31% de los 173 casos analizados no cuenta con las medidas que deberían ser otorgadas. La ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia contempla que los hijos e hijas de las víctimas deben acceder a este beneficio. En los delitos de feminicidio, los menores deben quedar a cargo provisionalmente de los abuelos o parientes cercanos a la madre y también la familia debe ser protegida por el Estado.