Este domingo quedarán elegidos 56 altos magistrados de cuatro instituciones del poder judicial en la culminación de un polémico y difícil proceso electoral caracterizado por diversas restricciones a los propios candidatos que fueron prohibidos de hacer campaña proselitista. El éxito de la elección está garantizado debido a que no existe número mínimo de votos para que las 56 autoridades resulten electas y asuman los cargos.

Según el Gobierno es la única experiencia en el mundo de elección de autoridades del poder judicial mediante sufragio. Anteriores experiencias en países de Europa fueron anuladas hace años.

Este proceso se complejizó en extremo debido a una serie de restricciones que impuso el oficialismo en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, se prohibió todo contacto de candidatos con los medios de comunicación. Tras sucesivos reclamos de los medios y organizaciones de periodistas y trabajadores de la prensa, se flexibilizó la disposición a condición de que a los candidatos se les pregunte sólo sobre sus méritos y a todos (124) se los entreviste con las mismas preguntas y durante un tiempo idéntico.

El resultado final de esa restricción fue que la cobertura por los medios de comunicación fue mínima debido al elevado número de candidatos y la imposibilidad de generar debate. Los pocos espacios que se ofrecieron en televisión, radio y periódicos resultaron pesados y faltos de expectativa.

La ley también definió que el Tribunal Supremo Electoral sea el único responsable y autorizado a difundir los méritos de los candidatos, una campaña de 45 días, con un costo de casi 30 millones de bolivianos que resultó insuficiente, así como una cartilla de 52 páginas con la hoja de vida y fotografía de 125 candidatos (en el camino uno fue anulado por haber participado en gobiernos dictatoriales, por lo que quedaron en carrera 124, pero el anulado continúa con nombre y foto en la papeleta electoral).

Los propios candidatos y candidatas se quejaron, en las últimas horas por la escasa y defectuosa difusión que realizó el Tribunal Supremo Electoral, lo que fue una forma de justificar que muchos de ellos hubiesen decidido transgredir la ley y realizar campaña por diversos medios. Por ejemplo, algunos candidatos repartieron sus tarjetas personales con el número de su ubicación en la papeleta de sufragio escrito con bolígrafo.

También buena parte de los candidatos se inventaron una “dirección de correo electrónico” con el número repetido de su ubicación dentro de la papeleta o inventaron un número de celular con el 7 por delante y luego el número de su ubicación en la papeleta, repetido varias veces.

Otro recurso fue elaborar calendarios de bolsillo, todos empiezan en septiembre del 2011, recuerdan que hay elección el domingo 16 de octubre y repiten el número del candidato en la papeleta.

El papel del Tribunal Supremo Electoral contribuyó a deslucir el proceso. Más de 20 denuncias de transgresión a la ley por los candidatos y candidatas, totalmente probadas, fueron desechadas bajo el argumento de que pudo ser propaganda realizada por alguien que quería hacer daño al candidato.

El Tribunal tampoco se pronunció de manera oficial sobre la campaña que realizaron dos partidos de oposición: el centrista Unidad Nacional de Samuel Doria Medina y el Movimiento sin Miedo de Juan del Granado, ambos por el voto nulo. Las autoridades electorales respondieron que ese asunto pasaba a conocimiento de la Fiscalía debido a que esa es la instancia que se ocupa de procesar delitos y no el Tribunal Electoral. Pero las veces que se le preguntó al presidente del Tribunal si eso significaba que el Tribunal consideraba delitos esas campañas, el señor Ovando evitó responder.

Cuando el Gobierno inició su campaña a favor del voto válido en los comicios judiciales, el Tribunal Electoral cesó incluso de sugerir que la campaña por el no o por el nulo eran delitos. Ovando incluso participó con el presidente Evo Morales en actos públicos de promoción del voto válido.

Además se conoció fotografías del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando en campaña por el MAS, para las elecciones del año 2009. Ovando respondió que no tiene militancia política y que no se referirá al tema.

En las últimas semanas el Tribunal Electoral flexibilizó las restricciones a los candidatos al autorizarles participar de “presentaciones” en las distintas ciudades y también para entrevistas en medios de comunicación.

Un cambio radical en la justicia

El Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Campesinos, Roberto Coraite, expresó confianza en que la elección de autoridades judiciales conduzca a un cambio radical en la administración de justicia en el país.

“De acuerdo a la nueva Constitución se deben realizar estas elecciones para que podamos cambiar definitivamente esta justicia mercantilista y que se ha caracterizado por perjudicar a los más pobres”, explicó.

Dijo que ahora los jueces deben tener presente que responden al voto del pueblo y no a favores políticos o de personas.

“La justicia, hasta ahora, siempre se ha inclinado del lado de quienes tienen dinero. Esos queremos cambiar, que en adelante haya justicia para todos, sin importar el dinero. También se incorpora la justicia originaria campesina que es gratuita totalmente y más ágil”.

“Queremos democratizar la justicia, por eso queremos elegir a cada una de las autoridades para cumplir con Estado plurinacional y para que de aquí en adelante, la justicia sea transparente, ágil y eficaz en su aplicación”, agregó Coraite.

Las cárceles del país están repletas y la mayoría de la población de los reclusos, efectivamente, está compuesta de personas de bajos recursos.

Son varias las innovaciones para las elecciones de hoy

Se han introducido varias innovaciones en la elección de altos magistrados de cuatro instituciones del Poder Judicial. Una de ellas, tiene que ver con el rol de los tradicionalmente delegados internacionales conocidos como “observadores” o “veedores”. A partir de esta elección, su estatus es de “acompañadores”.

Según los observadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), los términos observador o veedor no corresponden debido a que los visitantes son miembros de organismos electorales en sus respectivos países o expertos en procesos electorales a nivel técnico, por lo que no pueden cumplir una función de fiscalizadores sino de colegas que acompañan a los del país protagonista en la experiencia electoral.

Innovación en el plano interno es la ausencia de delegados de mesa, papel que las leyes reconocen a los partidos políticos. En esta ocasión no hay delegados de partidos, por lo que toda la responsabilidad descansa en los cinco jurados electorales. La mayor novedad sin embargo es la prohibición a los candidatos para que realicen campaña proselitista, responsabilidad que descansa por entero en el Tribunal Supremo Electoral, el que no pudo cumplir con su propia programación de difusión. Por ejemplo, se había anunciado microprogramas de quince minutos por radio y televisión. Luego se anunció que esos 15 minutos se dividirían en microprogramas de cinco minutos, que tampoco llegaron a difundirse.

La promoción de los méritos de los candidatos resultó aburrida al extremo que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Barrientos, llegó a pedir a la población que no cambie el canal de televisión cuando éste empieza a difundir la nómina de candidatos y candidatas. Otro material elaborado por el Tribunal fue una publicación de 52 páginas con foto y currículo de candidatos y candidatas que también resultó denso.

Si bien está prohibido que los candidatos o particulares realicen campañas, el Tribunal Electoral mantendrá sus materiales de difusión de méritos de los candidatos el mismo día domingo, tanto a nivel de medios de comunicación como en los propios lugares de votación, de modo que el elector pueda consultar su preferencia hasta antes de ingresar al “llamado cuarto oscuro” para emitir el voto.

En esta elección se emitirán cinco votos, de a uno para el Tribunal Agroambiental, para el Tribunal Constitucional y para el Consejo de la Magistratura y dos para el Tribunal Supremo de Justicia: uno por un varón y uno por una mujer. Es el único caso en el que se intentará cumplir con la obligación legal de que haya paridad de género.

Hay retardación de justicia de hasta 25 años

La elección de autoridades judiciales de este domingo pretende terminar con un sistema de retardación en la aplicación de la justicia, que ha llegado a prolongar procesos hasta por 25 años, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce.

Dijo que es trascendente este acto electoral que fue colocado en la Constitución como una fórmula única en el mundo que permitirá la elección directa y democrática de las máximas autoridades de cuatro poderes del Estado.

“En base a esta elección vamos a construir una justicia independiente, transparente, humanizada, rápida y donde los intereses de la colectividad sean correctamente defendidos”, señaló.

Arce dijo que los males del actual sistema son la falta de independencia, al extremo de que desde los jueces hasta el último funcionario del Poder Judicial eran designados por afinidad político partidista, a lo que se añadía la corrupción y falta de transparencia de una administración condescendiente con quienes tienen dinero y rígida con los pobres.

Otra falencia que se desea dejar atrás es la retardación de justicia. “En Bolivia hay procesos que duran hasta 25 años y justicia que tarda no es justicia. Esos males de la justicia deben ser revertidos”, enfatizó.

También citó como ejemplo de la justicia que se desea dejar atrás, el hecho de que en los procesos en materia social, como por ejemplo cobro de beneficios sociales, se demora el trámite un promedio de siete años, cuando está en litigio un monto de mil dólares como promedio, lo que perjudica al trabajador. “Existen 25.000 causas postergadas. Son índices alarmantes”, dijo Arce.

Señaló que hay sectores políticos de oposición que aunque minoritarios, han pretendido convertir a esta elección en un acto político. “Lamentablemente hubieron acciones de sabotaje que esperemos no tengan asidero en la ciudadanía. Pero también ha habido falencias, el Órgano Electoral tenía la responsabilidad de llevar adelante un amplio proceso de difusión sobre los méritos de los candidatos para que la gente los conozca. Ha habido bastantes falencias pero esperemos que no se genere perjuicio en estas elecciones”, añadió.