Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 19 de octubre de 2019
  • Actualizado 14:13

Romero: un Gobierno "arrodillado" al FMI causó un choque entre militares y policías en 2003

Romero: un Gobierno "arrodillado" al FMI causó un choque entre militares y policías en 2003

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el lunes que un Gobierno "arrodillado" al Fondo Monetario Internacional (FMI), en referencia a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, decidió el "impuestazo" de 2003 y causó el enfrentamiento entre militares y policías con el saldo de víctimas fatales.
"Esa fecha es una página de las más negras de la historia de Bolivia, porque el régimen neoliberal de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, perdió el rumbo de la historia y del Estado", dijo a los periodistas.
Romero indicó que en febrero de 2003 el Estado estaba en crisis por un impuesto a los salarios que castigaba a los bolivianos por instrucciones del FMI.
"Sánchez de Lozada y Mesa, subordinados y arrodillados ante los organismos multilaterales provocó la reacción de los sectores sociales y una protesta de la Policía", señaló.
En referencia al exministro Carlos Sánchez Berzaín, acotó que "un ministro sanguinario sin ningún criterio mandó a las FFAA intervenir al entonces Grupo Especial de Seguridad (GES) y ahí se originó enfrentamiento entre militares y policías con muertos y heridos.
Consideró que ese hecho le pasó una alta factura a ese régimen neoliberal porque en octubre de ese año no pudo contener el descontento y movilización social que definió su propia caída.
A juicio de Romero es bueno repasar la historia porque el pueblo que no mira su pasado no puede proyectar exitosamente su futuro.
Señaló que afortunadamente ya no son organismos multilaterales los que definen los impuestos o ministros que priorizan el uso de la fuerza para resolver los conflictos en función de los intereses extranjeros.
Agregó que lo ocurrido es una parte "inconclusa" de la historia, porque Sánchez de Lozada, quien huyó a Estados Unidos, aún no retorna al país para responder por sus actos.
"Es una tarea pendiente que no depende de las autoridades bolivianas, sino de quienes fueron aliados, quienes prestaban servicios en función de los intereses del imperio del norte que han recibido protección para impedir su extradición que corresponde por graves delitos de genocidio el más alto a nivel internacional", mencionó.