La meta es la cobertura total hasta el 2025
En el mes de octubre del 2006, el Gobierno presentó su Programa “Electricidad “para vivir con dignidad” donde se establece dotar de energía eléctrica a toda la población, el año 2025.
En una segunda etapa lograr una cobertura rural del 70 por ciento hasta el año 2015, electrificando 220.000 hogares.
En una tercera etapa, alcanzar una cobertura del 87 por ciento en el área rural hasta el año 2020, y finalmente en una cuarta etapa universalizar el servicio eléctrico con una cobertura del 100 por ciento hasta el año 2025.
Para viabilizar el programa se identificó como tarea a ejecutar, el establecimiento de un marco normativo mediante una Ley de Acceso Universal al Servicio Público de Electricidad.
Esa propuesta plantea establecer el rol del Estado, que se desarrollará a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, conjuntamente las prefecturas, municipios y el sector privado.
Crear el Fondo Común (FOCO) para el acceso Universal al Servicio Público de Electricidad con recursos públicos, y establecer un sistema de cofinanciamiento del Gobierno nacional con las gobernaciones, los municipios y el sector privado.
Además, ampliar la participación de empresas públicas, cooperativas y Sociedades Anónimas Mixtas, en la obtención de concesiones, licencias y licencias provisionales para ejercer las actividades de la industria eléctrica.
En la ejecución del Programa se anticipa enfrentar como principales obstáculos, la baja capacidad de pago de los beneficiarios, insuficiente coordinación con las prefecturas, municipios y las distribuidoras y falta de coordinación con otras instituciones encaminadas al desarrollo integral de las comunidades rurales.
La ejecución de la primera etapa del programa prevé una inversión de 190 millones de dólares para dotar de electricidad a 210.000 hogares en el área rural. Es decir, una inversión del orden de 900 dólares por hogar.
La ejecución del programa requerirá de inversiones estimadas en 189 millones de dólares para la primera etapa, de 220 millones de dólares para la segunda etapa, de 327 millones de dólares para la tercera etapa y de 357 millones de dólares para la etapa final. (FUENTE: Tendencias y Desafíos para el Desarrollo del Sector eléctrico boliviano, Enrique Gómez D’Ángelo, CEDLA)
Problemas del plan que se inició hace cuatro años
El conflicto potencial más crítico resultará de la contradicción entre aplicar mecanismos de mercado que promueven la participación del sector privado en todas las actividades del sector y la presión social por reducir las tarifas eléctricas y expandir la escala de actividades de ENDE a fin de que los grupos que apoyan al Gobierno tengan acceso a fuentes de trabajo, advierte Enrique Gómez D’Ángelo, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Si predominan las fuerzas de presión social, crecerá un sector público ineficiente, de altos costos, que requerirá cada vez más de subsidios del Estado para ejecutar inversiones y operar las empresas estatales, señala.
Esta tendencia se constituirá en una carga financiera pesada para el Gobierno central, puesto que sobre el Estado recaerá la responsabilidad de financiar nuevas inversiones en generación, transmisión, distribución y expansión de los sistemas eléctricos rurales.
Dado que este clientelismo político deviene en un sector público ineficiente, los costos de inversión y de operación de los sistemas eléctricos tenderán a crecer, exacerbando la necesidad de subsidiar el sector para mantener deprimidas las tarifas eléctricas que debe costear el consumidor final, agrega.
El Viceministerio y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), trabajan en el desarrollo de proyectos para áreas rurales aisladas, con energías renovables, pequeñas centrales hidroeléctricas, centros foto voltaicos y otras opciones, dijo el viceministro Roberto Peredo.
Recordó que lo más fácil es utilizar el diésel y existe un decreto que autoriza la entrega de diésel a las cooperativas y empresas distribuidoras del área rural que están lejos del sistema interconectado nacional, a precios subvencionados.
