Siete años después de la promulgación de una normativa que ha puesto a Bolivia como referente en la región para frenar el acoso y la violencia política hacia las mujeres, aún el gran desafío está en su implementación para garantizar que todas ejerzan sus cargos sin ninguna clase de presión para desistir.


Si bien Bolivia está un paso adelante con el cumplimiento de la paridad que establecen las leyes en la política del país, que es un avance destacable, las mujeres, sobre todo en el área rural, no siempre pueden fiscalizar ni alzar su voz sin sentir miedo a las represalias.


"Las mujeres concejalas, mayormente concejalas que alcaldesas, soportan varias agresiones que se van callando, pero llega un momento en que ya es incontenible", explicó a Efe la directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Bernarda Sarué.


Esa entidad se encarga de defender los derechos a la participación política y asesora legalmente a las concejalas cuando quieren comenzar una denuncia formal, amparadas por la ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres promulgada en 2012 y que es pionera en la región.


El caso de la concejala Juana Quispe, cuyo cuerpo fue hallado en 2012 en un río de La Paz luego de una serie de presiones y amenazas políticas, fue el precedente para impulsar esta ley cuya vigencia no ha sido suficiente para acabar con este problema.


Muchas concejalas callan y se someten a los hostigamientos de sus propios colegas o personas de sus comunidades sin hacer pública su situación, pero otras denuncian esperando garantías, protección y justicia para ejercer su cargo libremente.


Según la asesora legal de la Acobol, Sandra Silva, muchas de las concejalas que llegan a denunciar su situación hasta esa entidad son amenazadas, agredidas físicamente o no les permiten trabajar sus tierras e incluso queman sus cultivos.


En otros casos no permiten que sus hijos o los esposos de esas autoridades sean parte de las actividades de la comunidad, simplemente no les avisan dónde sesionarán o no las dejan entrar con la finalidad de presionarlas para renunciar o para firmar algún documento con el que no están de acuerdo.


"El momento en que se desatan muchas de estas actitudes es cuando la concejala decide fiscalizar e investiga, muchas veces ahí comienza el acoso que algunas veces llega a la violencia", contó a Efe Silva.


Hasta mediados de mayo de este año la Acobol registró 28 denuncias de concejalas que no pueden ejercer plenamente su cargo.


El año pasado la Acobol registró 117 denuncias de acoso y violencia política, un aumento aproximado del 35 por ciento de los casos denunciados en 2017, que alcanzó a 64.


La "causa" más frecuente para este hostigamiento es conocida como como "gestión compartida", para que las concejalas titulares dejen sus cargos
a los suplentes, y frecuentemente la presión sucede a las titulares mujeres.


Sarué relató que otra forma de presión que ejercen contra las concejalas es la retención de sus salarios hasta por ocho meses para que renuncien o les dan "licencias indefinidas", una figura ilegal, para que el suplente pueda estar habilitado.


"Se dice que somos un país muy avanzado en normativa, es verdad, el tema es cuánto se aplica", señaló Sarué.


Según datos del Centro de Atención y Monitoreo de la Acobol, de 50 investigaciones abiertas en el ámbito penal en 2018 solo dos lograron obtener imputaciones formales y siete denuncias fueron rechazadas por el Ministerio Público por no tener pruebas suficientes.


Sin embargo, a través de amparos constitucionales lograron que muchas concejalas ejerzan sus cargos y que se frene el acoso, pero algunas autoridades se resisten a cumplir esa determinación.


Entre los casos emblemáticos de acoso político está el de la concejala de San Pedro de Curahuara en el altiplano paceño, Vicencia Apaza, que se compró una moto para llegar a tiempo a las sesiones, de las que no le avisan como represalia por fiscalizar al concejo.


El caso de la concejala Juana Quispe está estancado, pese a ser el que impulsó a crear esta ley, y a siete años de su muerte aún no hay avances para llegar a una sentencia, denunció Silva.


Tras ese panorama, queda empoderar a las mujeres políticas para que conozcan las leyes que las protegen, exigir su cumplimiento y el respeto por el ejercicio libre de sus derechos políticos, finalizó Sarué. EFE