Tras un nuevo caso de irregularidades de autoridades judiciales, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, anunció que la Asamblea Legislativa hará un control al Órgano Judicial y, de constatarse las anomalías, se activará la vía penal.
Borda hizo ese anuncio respecto al caso del vocal de justicia de Beni, Gerónimo Manu, cuyo sobrino usaba una vagoneta desaparecida de depósitos de Dircabi. Dicha entidad de control de bienes incautados denunció que la Fiscalía se parcializó a favor del juez.
Para el presidente de Diputados, "hay tráfico de influencias" y "la justicia definitivamente no aplica el principio constitucional que debería juzgarse absolutamente a todos sin ningún fuero y privilegio".
Borda lamentó que en los últimos meses algunas autoridades de la administración de justicia se hayan vinculado con actividades totalmente irregulares.
"Vamos a tener que hacer un control por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, de advertirse este tipo de incoherencias, instar procesos de carácter penal contra las autoridades", dijo.
De acuerdo con la Constitución, la Asamblea tiene la atribución de controlar y fiscalizar a los otros órganos del Estado.    
En los últimos meses, se denunció irregularidades incluso de magistrados. Por ejemplo, el tribuno Carlos Egüez fue acusado de presionar a un juez para emitir un fallo; el magistrado Gonzalo Hurtado está investigado por el caso Pedro Montenegro; y recientemente el consejero de la Magistratura, Omar Michel, fu vinculados con presión  a una juez y cuoteo de designaciones.
Borda pidió al Ministerio Público que actúe bajo el principio de objetividad y que abra los procesos respectivos.