Secreto bancario
Transparencia. No está demás que otras autoridades nacionales, departamentales y municipales sigan el camino de Morales y García Linera, y soliciten a la UIF levantar el secreto bancario de sus cuentas.<BR>
03 de agosto de 2018 (19:51 h.)
406 mil bolivianos. Ese es el dinero que el presidente Evo Morales tiene en sus cuentas bancarias, mientras que el monto que posee el vicepresidente Álvaro García Linera alcanza a 27 mil.
Esos detalles serían aún desconocidos, si ambas autoridades no habrían decidido renunciar voluntariamente al secreto bancario de sus cuentas.
En ese marco, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) difundió en su página web http://www.uif.gob.bo/ el movimiento de dinero que hicieron los dos mandatarios desde 2006 a la fecha.
Según el portal oficial de la institución que indaga los movimientos financieros en el país, tanto el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia como el Vicepresidente, a partir del 30 de noviembre del 2009, renunciaron voluntariamente al secreto bancario sobre todas sus cuentas del sistema financiero, como muestra de transparencia y honestidad. Sin embargo, la difusión de sus estados financieros recién los difundieron ¿por qué?
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Teresa Morales, simplemente dijo “desconozco por qué no se había hecho en la UIF, yo recién he entrado y he encontrado dentro del tema de secreto bancario en el folder estas solicitudes y las estoy procesando”.
De todas maneras habrá que indagar qué es lo que sucedió en estos nueve años para que las autoridades que estuvieron al mando de la UIF no lo hicieran, pese al pedido expreso de los dos mandatarios del país.
Pese a esa demora, no está demás que otras autoridades nacionales, departamentales y municipales sigan el camino de Morales y García Linera, y soliciten a la UIF levantar el secreto bancario de sus cuentas.
Quien ya lo hizo, pero aún no tiene respuesta, es el alcalde de La Paz, Luis Revilla. El 18 de abril de este año, la autoridad paceña anunció que levantará el secreto bancario de todas sus cuentas para desmentir al concejal del Movimiento al Socialismo (MAS) Jorge Silva, quien declaró que la denuncia sobre supuestos depósitos irregulares alcanzan al líder de Sol.Bo.
Más allá de esos funcionarios públicos, los que también deberían seguir esos pasos son los políticos. Dicen que el que nada tiene, nada teme.
Muchos hablan de transparencia. Pero más que decir, lo mejor sería hacer.
Las leyes bolivianas garantizan el secreto bancario, pero permiten también retirarlo a petición voluntaria o para investigar presuntos delitos.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del artículo N° 333 señala que: “Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos que se presuma la comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley. Las instancias llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas operaciones financieras, sin que sea necesaria autorización judicial”.
Asimismo, el artículo 20 de la Ley N° 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, respecto a la Exención de Secreto Bancario para Investigación de Delitos de Corrupción, señala que: “… II. Los servidores públicos podrán renunciar de manera voluntaria al secreto bancario…”.
“La renuncia efectuada quedará sin efecto cuando el servidor público concluya sus funciones. Es de esta manera que a partir de la fecha todas las autoridades de los distintos órganos ejecutivos y autoridades de las autonomías indígenas originario campesinas del Estado Plurinacional de Bolivia (Presidente, Vicepresidente, ministros o ministras, gobernadores y alcaldes), podrán presentar ante la Unidad de Investigaciones Financieras su renuncia voluntaria al secreto bancario”, señala el portal de la UIF.
Esos detalles serían aún desconocidos, si ambas autoridades no habrían decidido renunciar voluntariamente al secreto bancario de sus cuentas.
En ese marco, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) difundió en su página web http://www.uif.gob.bo/ el movimiento de dinero que hicieron los dos mandatarios desde 2006 a la fecha.
Según el portal oficial de la institución que indaga los movimientos financieros en el país, tanto el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia como el Vicepresidente, a partir del 30 de noviembre del 2009, renunciaron voluntariamente al secreto bancario sobre todas sus cuentas del sistema financiero, como muestra de transparencia y honestidad. Sin embargo, la difusión de sus estados financieros recién los difundieron ¿por qué?
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Teresa Morales, simplemente dijo “desconozco por qué no se había hecho en la UIF, yo recién he entrado y he encontrado dentro del tema de secreto bancario en el folder estas solicitudes y las estoy procesando”.
De todas maneras habrá que indagar qué es lo que sucedió en estos nueve años para que las autoridades que estuvieron al mando de la UIF no lo hicieran, pese al pedido expreso de los dos mandatarios del país.
Pese a esa demora, no está demás que otras autoridades nacionales, departamentales y municipales sigan el camino de Morales y García Linera, y soliciten a la UIF levantar el secreto bancario de sus cuentas.
Quien ya lo hizo, pero aún no tiene respuesta, es el alcalde de La Paz, Luis Revilla. El 18 de abril de este año, la autoridad paceña anunció que levantará el secreto bancario de todas sus cuentas para desmentir al concejal del Movimiento al Socialismo (MAS) Jorge Silva, quien declaró que la denuncia sobre supuestos depósitos irregulares alcanzan al líder de Sol.Bo.
Más allá de esos funcionarios públicos, los que también deberían seguir esos pasos son los políticos. Dicen que el que nada tiene, nada teme.
Muchos hablan de transparencia. Pero más que decir, lo mejor sería hacer.
Las leyes bolivianas garantizan el secreto bancario, pero permiten también retirarlo a petición voluntaria o para investigar presuntos delitos.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del artículo N° 333 señala que: “Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, gozarán del derecho de confidencialidad, salvo en los procesos judiciales, en los casos que se presuma la comisión de delitos financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley. Las instancias llamadas por la ley a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas operaciones financieras, sin que sea necesaria autorización judicial”.
Asimismo, el artículo 20 de la Ley N° 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, respecto a la Exención de Secreto Bancario para Investigación de Delitos de Corrupción, señala que: “… II. Los servidores públicos podrán renunciar de manera voluntaria al secreto bancario…”.
“La renuncia efectuada quedará sin efecto cuando el servidor público concluya sus funciones. Es de esta manera que a partir de la fecha todas las autoridades de los distintos órganos ejecutivos y autoridades de las autonomías indígenas originario campesinas del Estado Plurinacional de Bolivia (Presidente, Vicepresidente, ministros o ministras, gobernadores y alcaldes), podrán presentar ante la Unidad de Investigaciones Financieras su renuncia voluntaria al secreto bancario”, señala el portal de la UIF.