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  • Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
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Puente y justicia colapsados

Puente y justicia colapsados
Ya han transcurrido casi cuatro años desde el colapso del puente de la avenida 6 de Agosto e Independencia y hasta la fecha nadie repone la infraestructura ni devuelve el dinero que invirtió el municipio de Cochabamba, pese a que hay un dictamen de la Contraloría.
La noche del 22 de octubre de 2015, la plataforma de este puente se hundió, en el momento en que un ómnibus atravesaba por el lugar, lo que dio lugar a críticas a las autoridades municipales, especialmente a Edwin Castellanos, quien fungía como alcalde en esa gestión.
El dictamen de la Contraloría General del Estado, emitido el 22 de junio de 2019, determina que la empresa Álvarez y el supervisor Nelson Vega tienen indicios de responsabilidad civil en el caso del puente que colapsó y tendrían que pagar los más de 11 millones de bolivianos que costó la obra.
El dictamen de la Contraloría establece que el alcalde suplente temporal, Iván Tellería, debe recuperar este dinero para el municipio, en 10 días hábiles a partir de la notificación o, en su caso, iniciar una acción coactiva fiscal y, si es necesario, rematar los bienes de la empresa y del supervisor.
En su defensa, la empresa Álvarez señaló que el dictamen de la Contraloría solo establece indicios de responsabilidad, por lo que presentaron una impugnación.
Es comprensible que al tratarse de un tema bastante complejo el proceso haya demorado, pero es hora de que los responsables den una solución al puente colapsado, porque sigue provocando perjuicio al municipio, especialmente a la zona sur, donde esta infraestructura tenía la finalidad de resolver el congestionamiento vehicular diario.
Lamentablemente, el proceso avanza a paso de tortuga y, aparentemente, con la impugnación y otras chicanerías que se puedan interponer en el proceso, llegar a un dictamen final demorará algunos meses más. Mientras tanto, el caos vehicular seguirá en esa zona.
El procedimiento para resolver este tipo de hechos debería ser más rápido, porque se trata de un bien que afecta a mucha gente y que no se resuelve en cuatro años por las chicanerías que se presentan.
Lo mismo sucede con el Hospital del Niño, cuya infraestructura es deficiente y no podría soportar el peso para el que fue diseñado, por lo tanto, no se puede usar.
En este caso, el proceso ha determinado presuntos responsables, pero no hay una instancia que les obligue a resarcir los daños ocasionados al municipio. Y, lo más delicado, es que este hospital que debería estar funcionando para la atención de cientos de niños pacientes, sirve solo como depósito o basurero.
Algo similar ocurre con el mercado campesino Coraca, infraestructura que se quedó en obra gruesa, pero por fallos estructurales no se puede utilizar,, porque el segundo piso no podría soportar el peso de las comerciantes y los clientes.
Estos tres ejemplos muestran que los procesos para sancionar a los responsables de hacer mal un trabajo para la ciudad no funcionan con la celeridad que deberían, e incluso se podría sospechar de que hay encubrimiento a determinadas personas, porque tienen influencia o debido a que tienen información confidencial que puede afectar a autoridades actuales.
Solo se debe recordar que la justicia no debe tomar en cuenta el poder o la influencia que tienen las personas y procesar sin distinción, porque todos somos iguales ante la ley.