El destino del exalcalde de El Alto Edgar Patana cambió de un día para otro. De encontrarse recluido en el penal de San Pedro de La Paz, por casi cuatro años, el pasado sábado fue trasladado a la cárcel del altiplánico pueblo de Patacamaya.

De manera acertada, la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario dispuso que la exautoridad edil sea trasladada de recinto carcelario, puesto que no solo está vinculado al caso de posible extorsión del que es acusado el diputado opositor Amilcar Barral, sino que tiene denuncias por presunta comercialización de celdas y una serie de abusos cometidos contra los privados de libertad en San Pedro.

Con el cambio de penal, la investigación de los dos casos anteriormente citados no debe concluir. Más al contrario, se debe llegar al fondo del asunto y conocer exactamente la participación de Patana, quien, según denuncias de varios reclusos de la cárcel paceña, era uno de los hombres más poderosos al ser delegado de los reos en el sector denominado La Posta.

En ese sentido, la Justicia no solo debe seguir indagando al diputado Barral, quien actualmente tiene arresto domiciliario y está imposibilitado de asistir a sus sesiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino también investigar los vínculos que este tenía con la exautoridad paceña y por qué esta le denunció.

Suponemos que Patana volverá a ser convocado para que amplíe sus declaraciones y explique las razones por las que Barral supuestamente pidió el pago de 8.000 bolivianos, dinero que fue entregado a su asistente.

Al mismo tiempo, Régimen Penitenciario deberá investigar las denuncias que hicieron los reos contra la exautoridad edil y otros delegados del penal.

Lo sucedido en San Pedro la pasada semana debe dar pie a asumir acciones claras y concretas al interior de la cárcel paceña. Ello significa, también cambiar de reclusorio a los otros posibles cómplices de Patana.

El cambio de penal del exalcalde es una señal positiva que Régimen ha dado, pero creemos que no es suficiente.

En ese marco, las investigaciones también deberán extenderse a policías que trabajan en San Pedro. Suponemos que ellos tienen mucho que aportar en el esclarecimiento de ambas denuncias.

Los uniformados no pueden estar al margen. Es más, presumimos que si las autoridades judiciales ponen empeño en la investigación, lo más probable es que den con otros casos en los que Patana u otros reclusos puedan estar involucrados.

No se trata de cualquier caso, sino uno en particular en el que están vinculados un asambleísta nacional y un exalcalde. Ambas personas fueron elegidas por el pueblo, que le dieron su confianza a través del voto, a uno en los comicios nacionales y a otro en las elecciones municipales.

La población tiene todo el derecho de exigir cuentas y conocer si ambas personalidades son responsables o no de los delitos que ahora se los acusa.

Las denuncias de corrupción, extorsión, entre otros delitos, se han vuelto comunes, pero lamentablemente tardan mucho tiempo en ser esclarecidas.

La Justicia debe prestar atención a este y a otros casos para que los responsables sean sancionados con todo el rigor de la ley o se los libere de toda culpa, sí así lo ameritan.