La Fiscalía solicitó a la Justicia este miércoles reiterar la orden de detención contra Dalia López, la empresaria que supuestamente encargó los pasaportes falsos con los que ingresaron en Paraguay el exastro brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano, que por ese motivo cumplieron varios meses de prisión preventiva.

Se trata de la tercera solicitud al juzgado para que sea comunicada a la Policía Nacional, que sigue sin encontrar a la empresaria paraguaya, prófuga desde marzo de 2020 y sobre quien pesa también una orden de captura internacional.

López, que había contratado a Ronaldinho para que tomara parte en un acto benéfico en Paraguay, fue imputada en esas fechas por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

La Fiscalía señala a López como "presunta integrante de una organización criminal estructurada de modo tal a facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso" con el fin de "generar negocios jurídicos y/o beneficios patrimoniales"

La organización habría obtenido los pasaportes paraguayos originales que fueron adulterados bajo los nombres de Ronaldo de Assis y de su hermano Roberto de Assis.

Ambos ingresaron el 4 de marzo de 2020 con esos documentos en el aeropuerto internacional de Asunción, donde les esperaba López y fueron recibidos por decenas de aficionados y periodistas.

El exfutbolista tenía previsto prestar su imagen a un proyecto de asistencia médica gratuita a niños paraguayos organizado por una fundación de la empresaria.

Sin embargo ese día, tras pasar los controles aduaneros, fueron detenidos en el hotel de Asunción en el que se alojaban, comenzando un periplo de medio año privados de la libertad.

Los hermanos, que pasaron el último tramo de reclusión en un lujoso hotel de la capital, regresaron a Brasil el 25 de agosto tras el pago de 200.000 dólares en concepto de "reparación social" y dar por extinguidos sus procesos, según el dictamen del juez del caso.

El juez especificó que el monto fuera extraído de los 1.6 millones de dólares que los hermanos habían depositado en el estatal Banco de Fomento como fianza para acceder a la reclusión domiciliaria en ese hotel capitalino.

Las imputaciones de Ronaldinho y su hermano derivaron en procesamientos a una veintena de personas, entre ellas gestores y funcionarios de Migraciones y de la Dirección de Identificaciones de la Policía Nacional supuestamente vinculados a la manipulación de documentos.